El fiasco de la Ley de Dependencia socialista: agujero de 700 millones en la Seguridad Social

“No se puede pretender que la Seguridad Social sea una especie de monedero que lo paga todo, que incluso en momentos de bonanza económica…

“No se puede pretender que la Seguridad Social sea una especie de monedero que lo paga todo, que incluso en momentos de bonanza económica las cotizaciones sociales se hagan cargo de prestaciones y pensiones que deberían ser sufragadas con las aportaciones de los Presupuestos Generales del Estado. […] Convendría que cuando los legisladores alegremente adoptan decisiones para incrementar determinadas prestaciones, también dejaran meridianamente claro quién las financia y con cargo a qué partidas se financian”.

Son palabras del nuevo secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, tras descubrir que la atención a la dependencia le ha causado “un roto de enormes proporciones” a la Seguridad Social, un agujero de 700 millones de euros. Se trata del pago de cotizaciones a los familiares que cuidan de los pacientes en casa, de los que se ha hecho cargo y que tendrían que haberse contemplado en el presupuesto de la Ley de Dependencia.

En definitiva, esos 700 millones son el coste de los recursos destinados a financiar las cotizaciones sociales de los llamados “cuidadores no profesionales” de las personas dependientes que necesitan este tipo de prestación.

Un fiasco sin plazas ni dinero

De hecho, la Ley que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero puso en marcha para atender a los dependientes, y que vendió ‘a bombo y platillo’ como uno de sus estandartes de protección social, cuando nació ni había plazas, ni había dinero, ni sabían cuántos eran los dependientes.

Se trataba pues de un fracaso anunciado, ya que, por ejemplo, en marzo de 2008 el propio Defensor del Pueblo advertía de que “muchos dependientes no reciben los derechos que emergen de la ley”, tras las quejas recibidas de que no se cumplían los plazos ni las prestaciones y servicios que contempla la Ley de Dependencia.

Ahora, con el cambio de Gobierno, van saliendo a la luz día tras día las ‘chapuzas’ que la gestión del Ejecutivo de Zapatero tenía que practicar para vender como buenos proyectos como el de la Ley de Dependencia.

Así, Tomás Burgos está comprobando en su propia casa lo que significa la instauración de un derecho social por parte del anterior Gobierno sin saber ni quién se hará cargo de él ni cómo se sostiene.

En este caso ha afectado al universo formado, fundamentalmente, por mujeres, como son las abuelas, las madres y las hijas de quienes necesitan ayuda de terceros para hacer su vida normal.

Estos cuidadores de la dependencia doméstica son 176.000 personas en toda España y, por ello, desde 2007, la norma les reconoce el derecho a cotizar a la Seguridad Social con el objetivo de que, en su caso, puedan tener derecho a las pensiones contributivas. De hecho, su aportación es de 748 euros mensuales.

El sistema de protección es el que ha corrido con este gasto y ésta es la razón de la queja de Tomás Burgos ante la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados. Indirectamente, el responsable de la Seguridad Social reclama a Hacienda que los impuestos paguen las cotizaciones de estas personas, puesto que la dependencia es una prestación asistencial y universal.

Es decir que, llegado el caso, todos los ciudadanos tienen derecho a tenerla, cuando menos en un nivel básico, que depende del Gobierno central y de las comunidades autónomas.

Una prestación asistencial

Dicho de otra manera, la Seguridad Social está pagando una parte del entramado de la dependencia, que no debería financiarse con cotizaciones sociales. Consideran que es Hacienda quien debe facilitar los fondos a Sanidad para que este ministerio le pague los 700 millones de euros a la Seguridad Social.

Por esta razón, Tomás Burgos advierte de que la Seguridad Social puede ponerse en peligro si sigue haciéndose cargo de todo tipo de protección, tanto para los que contribuyen al sistema, como los que no.

En cualquier caso Hacienda, lo que en técnica presupuestaria se denomina el Estado, va a hacer aportaciones a la Seguridad Social. En concreto, 1.407 millones de euros para la dependencia. El año pasado, la aportación fue de 1.482 millones de euros.

Es un recorte en el gasto producido por la exigencia de conseguir el objetivo de reducción del déficit global de todas las Administraciones desde el 8,5% al 5,3% del Producto Interior Bruto (PIB).

Por otro lado, Hacienda ha transferido a la Seguridad Social en el primer trimestre del año 2.888 millones de euros. Básicamente, para pagar las pensiones no contributivas y lo que técnicamente se conoce como ‘complementos a mínimos’. Es decir, las ayudas que reciben las pensiones que ni siquiera llegan a los niveles de las rentas más bajas del sistema. Y que, como la dependencia, también es una prestación asistencial y no contributiva.

Hazte socio

También te puede gustar

Deja un comentario

Su dirección de correo electrónico no se va a publicar. campos obligatorios *

Puedes utilizar estas etiquetas HTML y atributos: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>