El sistema de pensiones. El gran reto

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El debate sobre el sistema de pensiones ha vuelto a surgir con fuerza en las últimas semanas. En esta ocasión no ha sido un partido político quien lo ha elevado a sede parlamentaria, sino que miles de jubilados han salido a la calle para mostrar su rechazo al sistema de pensiones. En concreto, por la revalorización del 0,25% que se aplicará anualmente en los próximos años, y que con toda seguridad significará una rebaja del poder adquisitivo de los jubilados, ya que la inflación crecerá a un mayor ritmo.

Desafortunadamente este no es ni será un problema ocasional, sino que es de esperar que las críticas al sistema de pensiones aumenten con el tiempo. El motivo de esta cronificación del problema es sencillo de entender: el sistema contributivo español no es sostenible.

Breve historia

Pero antes de pasar a analizar el problema en detalle quisiera hacer algunos apuntes históricos que pienso que son relevantes para entender el actual sistema de la seguridad social y pensiones.

El primer instrumento de seguro social de vejez obligatorio en España fue en 1921, El Retiro Obrero Obligatorio (ROO). Este iba dirigido a las personas con salarios más bajos y ya establecía la necesidad de una contribución anual. La edad de jubilación se situaba en los 65 años. Ahora bien, el origen propiamente de la seguridad social lo encontramos en 1966 cuando se aprueba “La Ley General de la Seguridad Social”, estableciéndose ya como un sistema unitario e integrado de protección social. Con los Pactos de la Moncloa de 1978 establece una mayor participación institucional de los agentes sociales y un nuevo sistema de gestión con la reestructuración de nuevos organismos, como el Instituto Nacional de la Seguridad Social o el Instituto Nacional de Salud. Finalmente, la última gran reforma fue en 1995, con el conocido Pacto de Toledo, donde se estableció la hoja de ruta para asegurar la estabilidad financiera y prestaciones futuras de la seguridad social.

Algunos hechos interesantes que se pueden inferir es que la edad de jubilación prácticamente no se ha movido desde el año 1921, en cambio la esperanza de vida ha aumentado en prácticamente 40 años durante este mismo periodo. Igualmente, ya en el año 1995, con el Pacto de Toledo se ponía de manifiesto la preocupación por la sostenibilidad de la Seguridad Social, haciendo que algunas partidas pasaran a ser financiadas por el presupuesto estatal, por ejemplo, la parte del coste de la sanidad pública que aún se financiaba de forma contributiva.

Ahora bien, ¿qué acciones se han realizado desde la última reforma de 1995? Prácticamente ninguna. En 2013 se introdujo el conocido factor de sostenibilidad, que en la práctica no cambia nada del funcionamiento del sistema, sino que lo que hace es reducir el valor por el que se actualizan las pensiones y retrasa progresivamente la edad de jubilación hasta a los 67 años. Paralelamente se están vaciando todos aquellos gastos que la seguridad social tiene que hacer frente y que tienen una naturaleza contributiva menos clara. Las últimas partidas a debate para pasar a ser financiadas por los impuestos generales son los permisos de paternidad y maternidad. Además, el gobierno ya empieza a allanar el terreno para que las pensiones de viudedad y orfandad pasen también a ser financiadas por los impuestos. Paralelamente, en el año 2017 la Seguridad Social ha tenido un déficit de 18.000 millones de euros, es decir, que los contribuyentes han quedado lejos de cubrir todos los gastos de la Seguridad Social.

Por tanto, a día de hoy no se ha producido ninguna reforma sustancial del sistema de pensiones, únicamente modificaciones quirúrgicas que retrasan el problema o lo mueven en otra dirección, la de los presupuestos generales del estado. Por ejemplo, más gastos financiados por impuestos significa que si éstos no aumentan, el déficit del Estado será mayor y este hecho puede llevar a un aumento de la deuda que ya se encuentra en torno al 100% a pesar de la mejora de la economía española.

Pero ¿por qué es necesaria una reforma en profundidad?

Por un lado, porque hoy aunque A cada uno de los contribuyentes se le retiene un mayor porcentaje de su sueldo comparado con las últimas décadas, y la Seguridad Social debe afrontar menos tipologías de gastos, el sistema presenta un déficit importante que las previsiones muestran que se agravará. Las principales razones de este déficit son principalmente que hoy hay un poco más de dos contribuyentes por cada pensionista, cifra extraordinariamente baja y el lento incremento de la productividad que provoca que los salarios sean más bajos y por lo tanto el importe retenido sea inferior. Este hecho a su vez se ha de relacionar con el paralelo aumento de la pensión media. Simplificando, pero no traicionando: se jubilan personas con muchos años de cotización y salarios medios más elevados que las nuevas generaciones de cotizantes, que presentan contratos precarios.

Pero, seguramente lo más grave es que ya hace algunas décadas que la situación en que nos encontramos hoy ya estaba prevista. Buena muestra son el Pacto de Toledo y el Informe de Estrategia de España en Relación con el futuro del sistema de pensiones publicado por el Ministerio de Trabajo en 2005, donde a pesar del contexto económico favorable del momento, ya se preveía que en 2015 el sistema de la Seguridad Social entraría en déficit. La crisis lo único que ha hecho es acelerar lo que ya se sabía que pasaría.

Es comprensible que muchos pensionistas estén indignados con la pensión que cobran, especialmente aquellos que perciben la mínima, situada alrededor de los 600 € mensuales, unos 3 millones de personas. El problema es que un mayor gasto en pensiones hoy, si no se aumentan los impuestos y la estructura de los gastos actuales del Estado se mantiene, significará endeudarse más y cuando el Banco Central Europeo suba los tipos de interés repercutirá en un encarecimiento del endeudamiento. Por lo tanto, lo más probable es que quienes tengan que afrontar el problema de la deuda de hoy no sean las generaciones que ahora se están jubilando, sino que sean aquellos que hoy inician su camino como contribuyentes. Por lo tanto, la falta de una reforma profunda puede llevar a un desequilibrio que puede generar tensiones entre intereses generacionales diferentes.

Relacionado con este último apunte, durante los años de crisis los pensionistas han sido prácticamente el único grupo social que han mantenido su poder adquisitivo, en cambio los jóvenes han sido uno de los sectores más castigados.

En definitiva, es necesario actuar con celeridad y responsabilidad por parte del gobierno y la oposición con el fin de trabajar conjuntamente en la elaboración de una reforma profunda y sobre todo con una perspectiva a largo plazo.

Posibles medidas

El FMI, en un informe donde alertaba de la situación de las pensiones en España, exponía que la inmigración era la solución. Ciertamente puede ser a corto plazo ya que se inyecta directamente q la sociedad personas en edad de trabajar y por tanto potenciales contribuyentes. Ahora bien, esta medida sólo puede ser temporal ya que si no se ve compensada por otras políticas, puede terminar agravando la situación. El motivo es que ya sean inmigrantes o autóctonos, todo el mundo tiene el derecho a la pensión, por lo tanto, si el desajuste contribuyente / pensionista no se compensa, el problema no se resolverá con más inmigración.

Los dos elementos que tienen una mayor implicación para la sostenibilidad del sistema a largo plazo son la productividad y la natalidad. Una subida del primero significa que la gente contribuirá más al sistema, ya que tendrá unos mayores salarios. Para el caso español, este hecho posiblemente pasa por una mayor inversión en sectores con un mayor valor añadido, como son la investigación o las nuevas tecnologías. Para ello es esencial una inversión más efectiva en educación y formación enfocada a proveer al mercado de trabajo los perfiles relativamente más escasos, como son los relacionados con el tratamiento de datos, ingenieros o informáticos. Igualmente es necesario que se produzca un reajuste en las rentas de trabajo respecto a las del capital, ya que en términos relativos las primeras han disminuido de forma relevante y no se han recuperado después de la crisis económica.

En cuanto a la natalidad, especialmente en un país como España donde el triángulo de la población está prácticamente invertido, es esencial pasar de 1,3 de hijos por mujer en edad fértil a un valor cercano a la tasa de reemplazo que se sitúa en los 2,1 hijos por mujer. Esta evolución es necesaria para que el número de contribuyentes aumente y compense el incremento del número de pensionistas por un lado y por el otro, el aumento del número de años que se percibe la pensión de media. España es el segundo país del mundo que está envejeciendo más rápidamente, sólo por detrás de Corea del Sur. Por lo tanto, es muy complicado sostener un sistema de pensiones únicamente contributivo cuando hay solo dos contribuyentes por cada pensionista. Es necesario pues una política de incentivos a la natalidad más decidida por parte del gobierno, siguiendo los pasos de la mayoría de países europeos. Pero hay que ser consciente de que las tendencias demográficas no se cambian de un día para otro.

Finalmente, habría que replantearse si el sistema contributivo puro que tenemos hoy es la única opción posible teniendo en cuenta la estructura demográfica española. Observando las tendencias mundiales, seguramente debería tender a un sistema mixto donde se potencie también los planes de pensión privados o públicos. Dos terceras partes de los países de la OCDE presentan un sistema de pensiones con estas características. Por ejemplo, el sistema sueco, en el que una parte de la pensión surge de la contribución del trabajador y el resto de las cuentas individuales de capitalización que ha ido produciendo el trabajador a lo largo de su vida, ya sean gestionados públicamente o privadamente.

Ahora bien, cualquier reforma del sistema de pensiones no resolverá por sí solo el problema y seguramente generará una frontal oposición de parte de la sociedad. Un aumento de la productividad y de la natalidad son necesarios igualmente para que el día de mañana, cuando se realice la reforma inevitable del sistema de pensiones, sea lo más llevadero posible para la sociedad. Resumen, sin duda la sostenibilidad de las pensiones es uno de los retos más importantes que ya está afrontando la sociedad española. Este sólo se podrá superar de forma satisfactoria si tanto la sociedad civil como los partidos políticos como las instituciones actúan a la una, de forma responsable, valiente e inteligente. Si el debate se continúa limitando en base a las siguientes elecciones, muy difícilmente España podrá sobreponerse al problema.

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