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Elecciones andaluzas. Cuatro décadas de PSOE

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Para bien y para mal la fuerza política que ha hecho a Andalucía es el PSOE. Durante cerca de 40 años ha venido gobernando sin interrupciones, ganando prácticamente todas las elecciones, con la excepción del 2012 cuando el PP consiguió la victoria, pero la mayoría absoluta de la alianza de socialistas e Izquierda Unida logró el gobierno. La victoria socialista se consigue sobre todo en el poblado mundo rural andaluz, y no en las grandes ciudades, y se atribuye al hecho de lo mucho que ha mejorado aquella región con la democracia. Esta posible respuesta debe situarse en el contexto de dos realidades tan concretas que pueden medirse. Una es el enorme flujo de dinero que ha llegado a Andalucía, que ha vivido un verdadero Plan Marshall. Las aportaciones de los fondos europeos entre 1986 y 2013 fueron de 42.600 millones de euros, y para el periodo 2014-2020 serán 9.357.000 adicionales. Nadie en España ha percibido tanto dinero de Europa. Todo ello además salseado con los recursos del Fondo de Suficiencia español que tiene como fin estimular la convergencia de renta entre comunidades.

A pesar de ello, segunda realidad, todas estas ayudas no se han reflejado en el crecimiento económico, porque no han servido para que Andalucía abandonara su posición de farolillo rojo español en prácticamente todos los indicadores económicos y sociales, con contadas excepciones. Constatémoslo:

Su PIB por persona sigue estando muy por debajo del español, concretamente el 68%, a la vez que la magnitud y cronicidad del paro andaluz se mantiene como un clásico. Pero siendo categóricas estas cuestiones, existen otros muchos datos que muestran la magnitud del problema.

La medida de la competitividadfactor decisivo, señala su penúltimo lugar. El Índice de Desarrollo Humano, muestra que Andalucía ocupa el lugar 16 entre 17 comunidades, siendo la última Extremadura. Algo parecido sucede con la renta familiar disponible, al formar parte del grupo de cola, con Extremadura, Ceuta y Melilla, Castilla-La Mancha, y el peculiar caso de Baleares.

Si observamos la desigualdad, que se presupone es el caballo de batalla del socialismo, el resultado es desalentador. La forma más habitual de medirla con el Índice de Gini, que establece una escala del 0 (máxima igualdad) al 100 (máxima desigualdad) determina el penúltimo lugar para Andalucía (38,9).  Pero si esta observación se aplica antes de los efectos redistributivos de las transferencias e impuestos; es decir, el índice según la renta de mercado, Andalucía detenta la mayor desigualdad de España y se sitúa en 61 sobre 100. Podemos observar así un hecho que sigue igual después de casi cuarenta años de gobierno socialista: la acusada desigualdad estructural que hace muy dependiente a la población de las ayudas, especialmente el PER en sus distintas versiones y evoluciones, y el empleo público.

El estudio de la Fundación Foessa 2016, Expulsión social y recuperación económica, aporta datos coincidentes. Andalucía ocupa el lugar 14 entre todas las comunidades autónomas en renta disponible por adulto equivalente en euros, si bien ha mejorado desde el 2009. No sucede lo mismo con la medida de la desigualdad, donde ocupa la última posición, y sigue la tendencia opuesta. En otros términos. La moderada mejora de la renta se traduce en un crecimiento de la inequidad.

En pobreza relativa, que mide la población con unos ingresos por debajo del 60% de la mediana, la región andaluza, también ocupa el último lugar si se utiliza como medida la magnitud de la renta española. Si en lugar de ello se emplea la cifra de ingresos que corresponde a Andalucía, y se compara el porcentaje de los afectados con el de las restantes comunidades, entonces su posición mejora sustancialmente, y esto nos dice, que la desigualdad tan acusada no se traduce en elevados niveles de pobreza en el contexto de referencia andaluz, y quizá ahí, y en las transferencias públicas que están implícitas en esta situación, se encuentre parte de la clave del éxito del PSOE. Pero claro, si la solución fundamental consiste en dar pescado, en lugar de proporcionar muchas cañas para pescar, la posición rezagada de una región con el potencial y las ayudas de Andalucía, nunca encontrará solución.

El resumen sobre la situación social podría ser así de escueto: de una serie de nueve indicadores que en aquel estudio citado miden la situación del empleo, la desigualdad, y la pobreza, es la comunidad autónoma con peores datos en seis de ellos, y en otros dos ocupa el lugar 14 sobre 17.

Y en el trasfondo de todo ello la enseñanza. Si atendemos a los resultados PISA 2015 en lectura ocupa la penúltima posición, al igual que en matemáticas, mientras que en ciencias es simplemente la última. Ponderando los tres resultados, Andalucía es la autonomía con peores registros educativos, aunque no es ni de lejos la que menos recursos invierte por alumno. La administración andaluza sufre de un problema de ineficiencia.

No se trata de una cuestión de culpas ni de lamentaciones, sino de responsabilidades y claridad en el diagnóstico. Y en este sentido el BOLETÍN ECONÓMICO 3/2017 del Banco de España sobre la convergencia regional en España, ofrece uno que es muy para el caso andaluz: “el proceso de convergencia (regional)experimentado en la economía española ha seguido fundamentalmente un patrón de acumulación de capital físico, en el que han desempeñado un papel escaso otras variables como la eficiencia del proceso productivo. Asimismo, la evolución de las variables del mercado de trabajo ha contribuido a aumentar las diferencias entre regiones. Finalmente, los resultados apuntan a posibles barreras económicas o institucionales que impiden la convergencia en PTF (productividad total de los factores)”.

Andalucía no realizará todo su potencial y abandonará el farolillo de cola, hasta que deje de estar sujeta a un sistema basado en decisiones públicas de naturaleza clientelar y poco racionales, y hasta que el gobierno de España, sea cual sea su color político, no deje de colaborar en este error, y adopte una política regional realmente eficiente.

Artículo publicado en La Vanguardia

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