Engaño fiscal (y social)

Hace unos días intervine en una tertulia en la que, tras exponer mis opiniones sobre el actual sistema tributario y su necesaria reforma, me tildaron respetuosa y educadamente de  utópico. Y es verdad; tal vez pretenda lo imposible. No sé; pero no cesaré en mi intento de aspirar a lo justo, sencillo y transparente.

Mi tesis no es otra que vivimos en un permanente engaño. De lo que se trata es que paguemos impuestos sin saber cuánto. Saberlo es ya para nota porque obligaría a nuestra clase política a justificar la necesidad de las políticas de gasto, su prioridad, su eficacia, su eficiencia, y el coste que por contribuyente y nivel de renta representa sostener el Estado paternalista en el que vivimos. La fiscalidad no es solo un problema de progresividad, sino de cómo esta se distribuye entre los diferentes niveles de renta, esto es, si el esfuerzo fiscal que hacemos por contribuyente y nivel de renta es verdaderamente progresivo además, permítanme añadir, de razonable, proporcionado y sostenible. Pero desconocemos este dato; tal vez no interese conocerlo. Pero lo cierto es que la presión fiscal se mantiene año tras año a pesar de que las clases medidas se han empobrecido, las desigualdades de renta se han incrementado y el número de personas en riesgo de exclusión social es mayor. Lo cierto es que en un mundo globalizado y con un alto nivel tecnológico, las grandes empresas buscan refugios fiscales que les permitan aligerar su carga fiscal mientras que el factor trabajo es víctima de sus raíces sin opción real alguna de aspirar a tales refugios. Lo  cierto es que el factor trabajo en España es de los más gravados en la OCDE, esto es, de los más penalizados. Lo cierto es que no somos conscientes de lo que pagamos porque el “sistema” se encarga de que los impuestos que soportamos no se visualicen con facilidad. Lo cierto es que nos quejamos de lo que consciente y directamente pagamos, el IBI, la plusvalía municipal, las tasas, etc., pero no de aquello que no somos tan conscientes como el IVA que soportamos al consumir o de los impuestos invisibles que se esconden detrás del precio del carburante, del tabaco o del alcohol. Somos, y lo reitero, unos inconscientes fiscales por imperativo legal. Nos hemos incluso convencido de que nuestros derechos son gratuitos. Nos hemos también convencido de que el Estado ha de solucionar absolutamente todo, porque todo es responsabilidad del Estado. Estamos incluso convencidos de que tenemos un sistema tributario progresivo sin tener en cuenta que, si consideramos la Seguridad Social como un impuesto, este dista mucho de ser progresivo. Lo cierto es que ya hace muchos años que los presupuestos públicos no abandonan la senda del déficit y que el endeudamiento de España está en límites poco racionales. Lo cierto, incluso, es que lo más probable es que no cumplamos nuestros propios compromisos de estabilidad presupuestaria. Y sí, es cierto, no hay pedagogía fiscal ni cultura tributaria, pero cambiar el sistema tributario por otro más justo y transparente es utópico por impopular. Bajar los impuestos y compensar su reducción con precios en función del nivel de renta por utilizar la sanidad, la educación, el transporte u otros servicios públicos es impopular porque el ciudadano lo rechazaría. Es posible; pero si le explicamos con transparencia y sencillez lo que a cada uno nos cuesta de verdad ese Estado paternalista creo, de verdad, que nuestra percepción de gratuidad desaparecería en la misma proporción que aumentaría nuestra perplejidad e indignación. Creo, de verdad, que si explicamos que es mejor cofinanciar determinados servicios públicos, muchos lo considerarían más justo y racional; creo que si explicamos que muchos servicios públicos no son en realidad deficitarios sino que la verdad es que se están ya cofinanciando, nos sorprenderíamos; esto es lo que ocurre, por ejemplo, con el transporte público, cuyo coste se financia con impuestos y a través de precios por su utilización (tarifas). Pero es verdad, tal vez somos más felices viviendo consciente y legalmente engañados bajo el mantra de que “lo paguen los ricos”.

Total, somos víctimas de nuestros propios errores y de nuestras propias mentiras. Por eso es tan necesario renovar nuestro compromiso social con un Estado del Bienestar rectamente entendido; con un modelo de Estado que reduzca las desigualdades y promueva la creación sostenible de riqueza; con un Estado que anteponga la persona al propio Estado porque es la persona la que, en libertad, ha de poder desarrollar todo su potencial. Desde esta perspectiva, es el Estado quien ha promover las políticas que sean necesarias para que, en un marco de igualdad de oportunidades, cada uno decida por sí mismo, sin olvidar, claro está, las prioridades sociales irrenunciables como la educación y la sanidad. En definitiva, un Estado justo, que no es lo mismo que un Estado mínimo ni que un Estado paternalista; Estado en el que el compromiso social del ciudadano es cumplir la parte que le corresponde de su contrato social tácito con el propio Estado o, mejor, con la sociedad; un contrato que no es a precario. Es un contrato con derechos y obligaciones en el que los impuestos son una parte del mismo, pero no la única. Por eso es importante que los impuestos se perciban como justos y necesarios y que se priorice renovar ese contrato social que se traduzca en políticas económicas y sociales en las que se asiente la renovación del proyecto social de Estado. Pero si ustedes quieren, continuemos viviendo engañados.

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