El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, denunciaba el pasado 7 de marzo en el Congreso de los Diputados la “presión” social y la “violencia de género estructural” que se ejerce sobre muchas mujeres embarazadas para que aborten, entre otros argumentos que justifican la reforma de la actual Ley de plazos del Aborto.

Tras las reacciones de los defensores del aborto a las palabras de Gallardón, el ministro ha insistido este martes, 27 de marzo, en sus planteamientos sobre el aborto al afirmar que la libertad para ser madre en España no está garantizada. Y lo ha hecho en respuesta en el Pleno del Senado al socialista Roberto Lertxundi, que le ha inquirido sobre sus anteriores palabras.

"Mientras exista en España la más mínima posibilidad de que una mujer no pueda, en plenitud, ejercer su derecho a la maternidad, de este grupo parlamentario (PP) y de este Gobierno tendrá siempre la solidaridad y no la actitud de silencio cómplice culpable que practica el Partido Socialista", ha asegurado el ministro de Justicia.

"La libertad de la maternidad es la que hace a las mujeres auténticamente mujeres [...] Hablo de una libertad que consiste en que cuando una mujer se enfrenta al gravísimo conflicto de decidir si interrumpe o no su embarazo, tenga una respuesta por parte de los poderes públicos que llegue mucho más lejos de decirle: 'está despenalizado, me olvido de tu problema'", ha sentenciado.

Ante la firme posición de Ruiz Gallardón, las clínicas abortistas ven peligrar una parte muy importante del negocio que tienen montado en torno a estas prácticas.

Para defender sus intereses, representantes de estas clínicas, con el presidente de la Asociación de Clínicas Autorizadas para la Interrupción del embarazo (ACAI), Santiabo Barambio, a la cabeza, argumentan que el aborto es un derecho y qué mejor plataforma para difundir sus reivindicaciones que el diario El País, que se ha erigido en su portavoz a través de una información publicada este lunes.

“Gallardón ha invertido los términos”

Con el título: ‘Lo personal pesa más que lo social para abortar’, El País da voz a Barambio y a otras cuatro responsables de clínicas abortistas: Olga Sancho (Dator), Yolanda Trejo (Tutor Médica), Victoria Virtudes (El Bosque) y Empar Pineda (Isadora).

También dice la suya, entre otros, la socióloga Soledad Murillo, “madre de las leyes de Violencia e Igualdad cuando era secretaria general de Igualdad y experta de Naciones Unidas”, como la identifica el diario en su información.

El País resalta en ese artículo que “los expertos ponen en duda que exista una ‘violencia estructural’ contra la mujer que empuje a interrumpir embarazos” y califican de “milonga”, “coartada” y “enmascaramiento” la postura del ministro de Justicia.

“El aborto es una opción. La maternidad también. Y ambos son derechos que se ejercen desde la libertad. Mujer y madre han dejado de ser sinónimos forzosos, recuerdan” esos expertos, según informa El País.

Para Soledad Murillo, “Gallardón ha invertido los términos. Convierte maternidad y aborto en un dilema con un elemento añadido: llama violencia de género a lo que no lo es, y trata a las mujeres como si fueran menores de edad sin capacidad de decisión”.

“La violencia de género, según está definida por la ONU desde 1995, es la que ejercen los hombres contra las mujeres por el hecho de serlo. Puede ser física o psíquica. En cambio, la violencia estructural es la de las estructuras políticas, económicas, culturales o religiosas que impiden ejercer los derechos humanos de las mujeres”, añade Murillo, quien asegura que “en España no se conculcan los derechos de maternidad”.

Las clínicas, a lo suyo

“El que la mujer pueda elegir si es o no madre es la libertad”, puntualiza Santiago Barambio en representación de la ACAI, que agrupa a 33 clínicas donde se realizan abortos.

El País añade, de cosecha propia, que se trata de “una libertad que la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, de 2010, ha potenciado al convertir el aborto en un derecho en las primeras 14 semanas —ya no hay que alegar motivos—. En caso de malformación o riesgo para la salud de la embarazada, se puede abortar hasta las 22”.

Junto a Barambio, Olga Sancho, de la clínica Dator, explica que “las mujeres abortan porque se encuentran ante un embarazo no planificado que interrumpe su proyecto vital”.

“Existen mil factores: falta de estabilidad o consolidación de la pareja, de madurez, de medios para establecerse como familia, de decisión para ser madre”, enumera Sancho.

“Salvo casos de malformación, se encuentran con un embarazo que ni desean ni han buscado”, agrega Yolanda Trejo, responsable del trabajo social en la clínica barcelonesa Tutor Médica.

“Las razones son múltiples. Los motivos de una mujer no tienen por qué valer para otra”, dice Trejo, que añade elementos como la edad, la falta de estabilidad en el empleo, el futuro no resuelto, o la existencia de otros hijos.

“Puede que ahora, con la crisis, pesen algo más los motivos económicos, pero no tengo forma de saberlo. No se pregunta”, puntualiza Trejo, ya que desde la ley de 2010 no se preguntan las razones por las que se decide abortar.

En la información se detalla que la proporción de mujeres que interrumpen voluntariamente su embarazo y están en desempleo ha subido —15% en 2007, 22% en 2010—, pero también se ha incrementado el paro femenino en ese lapso. “En cualquier caso, la causa económica no es la principal”, asegura Sancho.

Victoria Virtudes, de la madrileña clínica El Bosque, está de acuerdo: “Hay mujeres que, contra viento y marea, deciden seguir adelante con su embarazo”. Aunque aún no hay datos oficiales cerrados de 2011, en varios centros están convencidos de que el año pasado, en plena tormenta económica, se realizaron menos abortos que en 2010 —113.031—.

Sin embargo, Empar Pineda, de la clínica Isadora (Madrid), considera determinante para abortar “la situación socioeconómica de la mujer y de su pareja”. Calcula que tres de cada cuatro interrupciones en su centro se deben a este motivo, “en alza por la crisis”. El segundo en importancia es “el embarazo no programado, que pone en solfa el proyecto de vida”, y el tercero —menos del 10% de los casos— son fallos en el método anticonceptivo.

Por otra parte, Margarita Delgado, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), hace referencia al papel relevante de la edad “en un cúmulo de circunstancias que operan de forma distinta”. Los años tenían más peso en las más jóvenes —“no quieren que el embarazo interrumpa su trayectoria vital”— y las más mayores —“ya tienen hijos o sienten que tienen demasiados años para ser madres”—.

También comenta que le preocupa “la carencia tremenda”, detectada en sus estudios, de “formación e información sexual”. “Eso sí que es violencia estructural: la falta de políticas de salud sexual y reproductiva desde la escuela, tal como preveía la Ley de Salud Sexual y Reproductiva”, replica Murillo.

El País concluye su información recordando que “el debate, que no ha hecho más que empezar, se centra solo en si el aborto deja de nuevo de ser un derecho para convertirse en una posibilidad que se concede a la mujer en ciertos supuestos”.

La ley de plazos, “un grave daño”

En recuadro aparte, El País trae a colación que “el aborto divide a la profesión médica” y, entre otras cosas, señala que “otros creen que el aborto no es un derecho y consideran que España debería volver a una ley de supuestos, como la que existía hasta julio de 2010, pero mucho más estricta”.

Justamente eso es lo que opina el Colegio de Médicos de Madrid, con 35.000 colegiados, que en abril de 2011 aprobó un “controvertido informe” elaborado por su Comisión de Ética y Deontología, dice el diario.

La cuestión es que el Colegio de Médicos de Madrid considera en su informe que la ley de plazos ha causado “un grave daño” (véase aquí el resumen). En el texto se asegura que hay que proteger la vida, y que ésta comienza con la fecundación; por lo tanto, no se puede adoptar “una posición neutral de la Comisión ante la actual ley de aborto, la cual se rechaza enérgicamente”, dicen los médicos madrileños.

“No puede hablarse de un derecho al aborto, ello supondría el reconocimiento del derecho a eliminar a un ser humano distinto de la madre y titular del derecho a la vida humana”, denuncia el informe, que también subraya “la dimensión de drama para la mujer que representa el aborto”.

Para los médicos madrileños, la norma aprobada por el Gobierno de Zapatero tiene “un alto contenido ideológico”. Piden que se regule la objeción de conciencia, y que se contemple el derecho de un hospital completo —recuérdese que solo el 3% de estas intervenciones se hace en la pública—, un servicio ginecológico entero y de los médicos de atención primaria a objetar.

Para el colegio madrileño, informar —que es el papel del médico de primaria— es tomar parte activa, algo que para la Organización Médica Colegial (que reúne a todos los colegios de España) es un deber del médico.

¿Por qué 14 semanas?

Un ejemplo de la arbitrariedad que supone la actual ley de plazos tiene que ver con la cuestión del por qué se fija precisamente en 14 semanas. En ese sentido, hay que precisar que el desarrollo desde el inicio del embrión hasta que muere la persona es un continuo. No hay saltos.

Sí se puede hablar de ciertos cambios que existen: por ejemplo, a la décima semana ya se presentan características visuales humanas, el embrión pasa a ser feto y se distingue que lo que hay es un ser humano en pequeño. A la semana 12 se produce la diferenciación sexual. Aunque no es hasta más adelante que se puede detectar con la ecografía, científicamente es un hecho. Alrededor del sexto mes el feto pasa a ser un inmaduro, es decir que tiene capacidad con asistencia médica para sobrevivir a la madre. Después viene el nacimiento, y así podrían seguir estableciéndose secuencias de diferenciación hasta el fin de sus días.

La pregunta es, ¿qué semana se escoge y por qué? Si la lógica fuera que el niño depende de la madre podría haber libre decisión hasta el sexto mes. Si resulta que el parámetro es el cambio de embrión a feto tendría que ser en la semana 10. Pero, ¿por qué no hasta el nacimiento e incluso después?

Lo único cierto es que basarse en una ley de plazos es absolutamente arbitrario porque hay una continuidad desde el momento de la concepción que no acaba hasta la muerte de ese ser humano.