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El Partido Socialista, y también Izquierda Unida y su pariente catalán Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), han avivado la polémica sobre la exención del IBI por parte de la Iglesia. Lo han hecho precisamente en el periodo en el que se debe marcar la cruz en la casilla de la declaración de la renta para la asignación, y es difícil no pensar mal, es decir bien, considerando que se trata sólo de un azar y no de una intención deliberada de dificultar la recaudación, dificultar que los ciudadanos libremente consignen su aportación voluntaria a la Iglesia y a sus obras, por otra parte una decisión que cada año muestra más adeptos.

Pero, esta acción ha tenido un efecto boomerang y ha tenido la virtud de poner a cada uno en su sitio. Constatemos. En primer lugar, ha servido para poner en evidencia que la Iglesia no recibe ningún ‘privilegio’ fiscal como se aducía inicialmente, sino que comparte su situación con las otras confesiones religiosas reconocidas, las ONG, los sindicatos y los partidos políticos. Por lo tanto, es lógico, como personas razonables han aducido, que si se quiere revisar esta cuestión se ha de revisar para todos y no sólo para un caso concreto, que ahí sí existiría una discriminación pero claramente negativa.

La segunda cuestión que ha puesto de relieve es que la Iglesia paga en muchos casos el IBI por aquellos locales que no tienen una dedicación religiosa, solidaria o educativa sino de carácter comercial. También ha servido para destacar, y esto no es ninguna novedad, que la organización administrativa de la Iglesia por lo que se refiere a sus bienes es deficiente. En contra de la imagen que se presenta, absolutamente falsa, la Iglesia no sólo es realmente pobre sino que la ocupación de sus sacerdotes en materia de gestión económica es en muchos casos muy pequeña, incluso demasiado pequeña. La Iglesia, eso sí, tiene grandes catedrales y un gran patrimonio arquitectónico, pero es como el propietario forestal de grandes extensiones de bosque mediterráneo: su beneficio es cero y su coste y riesgo elevado.

La polémica ha permitido poner en evidencia que hay parroquias que pagan el IBI, cuando claramente éstas no deberían hacerlo, y no parece que esto sea un tema que esté en discusión ya que los centros de culto no lo deben pagar. Sucede en el caso de la diócesis de Sant Feliu, de reciente creación, como producto de la decisión de la que fue la gran diócesis de Barcelona. Los sacerdotes, que no son buenos conocedores de los aspectos fiscales en muchas ocasiones, simplemente han pagado el impuesto porque les ha sido girado, en este caso por la propia Diputación de Barcelona que alega, y seguramente tiene una parte de razón, no toda, que no tiene por qué conocer la actividad a la que se dedica el sujeto fiscal en cuestión. Digamos que es una excusa formalmente aceptable, pero en este caso parece muy insuficiente porque está perfectamente determinado que el receptor del impuesto es una parroquia. Pero, en cualquier caso, el hecho es que esta circunstancia ha permitido ver que por error, también hay que decirlo, hay más centros eclesiásticos que pagan cuando no debían hacerlo.

Pero, hay todavía temas más interesantes. Los partidos políticos se han precipitado al afirmar los responsables de la polémica que ellos sí pagan el IBI a pesar de estar exentos. La cuestión es que por desgracia nadie se cree lo que dicen los partidos políticos y es razonable que así sea, no por una presunción sino por la fuerza de los hechos:

Iniciativa per Catalunya, un partido tremendamente beligerante en ésta y en todas las cuestiones que sirven para atacar a la Iglesia, resulta, como ahora se ha puesto en evidencia, que ha pedido la exención fiscal del IBI para su nueva sede central. Es decir que, mientras clamaba a los cuatro vientos que la Iglesia debía pagar y afirmaba que ellos sí lo hacían, habían pedido ser exentos. Se necesita realmente tener mala fe, pero además una punta de ingenuidad, para pensar que se puede hablar de esta manera y no ser agarrados por allí donde más duele. Una vez más, Iniciativa per Catalunya se ha retratado. Pero es que si se repasan provincia por provincia las propiedades de los partidos políticos se constatará que la gran mayoría de ellos poseen locales que no pagan IBI.

La última consideración hace referencia a los sindicatos. Obsérvese el riguroso silencio que mantienen en este tema. La razón es obvia, con la que está cayendo sólo les faltaría que se hiciera caso a los amigos del PSOE e Izquierda Unida y que todos tuvieran que pagar IBI. Sería un desastre para sus finanzas. La moraleja es clara: es posible que la Iglesia, en determinados aspectos muy concretos, deba hacer una tarea de búsqueda y pagar por algunos locales, pero también lo es que mucho antes que ella todas las restantes organizaciones deben ser honestas y deben acreditar que realmente pagan quienes han dicho que lo hacen, es decir Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya y el PSOE.

Josep Miró i Ardèvol, presidente de E-Cristians y miembro del Consejo Pontificio para los Laicos