Lo denuncia ahora el Defensor del Pueblo, pero es la crónica de un fracaso anunciado: para la Ley de Dependencia, ni había plazas, ni había dinero, ni sabían cuantos eran los dependientes. Lo dijimos en mayo del 2007 y se ha ido constatando a lo largo de estos meses.

Tras inaugurar unas jornadas sobre dependencia organizadas por el Grupo Júbilo Comunicación, Enrique Mújica manifestó que ha recibido en la institución que preside quejas de “muchas” personas en situación de dependencia que no perciben las prestaciones y servicios que contempla la Ley aprobada por el Gobierno en la pasada legislatura.

“Hay muchos dependientes que no están conformes con el desarrollo de la Ley de Dependencia porque no están recibiendo los derechos que de ella emergen”, dijo el Defensor del Pueblo.

“Desfase en la aplicación de la Ley

Múgica advirtió de que existe un “desfase” en la aplicación de la Ley, porque las administraciones no están otorgando las prestaciones y servicios en los plazos que ésta marca. Por ello, aseguró que hará “todos los esfuerzos” para conseguir la “pronta” aplicación de la norma en “toda su integridad”.

También avisó a todas las comunidades autónomas que vigilará que desarrollen la Ley bajo el principio de igualdad. Para Múgica, “un ciudadano discapacitado tiene los mismos derechos a los servicios y prestaciones que recoge la Ley independientemente de si vive en Andalucía, en Cataluña, en el País Vasco, en Castilla- La Mancha o en Extremadura”.

Sin embargo, cabe preguntarse cómo podrá el Defensor del Pueblo hacer efectivo el cumplimiento por parte del Gobierno de una de sus leyes ‘estrella’ si éste apenas dedica recursos suficientes para cubrir los objetivos de la Ley, no tiene en cuenta los costes reales de las prestaciones, y ni siquiera atendió en 2007 a la gran mayoría de los llamados dependientes de ‘grado III’.

9 de cada 10, sin ayudas

El pasado mes de noviembre, sin ir más lejos, informábamos de que nueve de cada diez grandes dependientes no había recibido las ayudas del 2007. Incluso el propio presidente Zapatero tuvo que reconocer el día 7 de ese mismo mes la lentitud con que se estaba aplicando la Ley.

Cabe recordar que todos los grandes dependientes tenían derecho a percibir la ayuda durante 2007 y que los cálculos del Gobierno apuntaban a un número cercano a los 200.000 grandes dependientes.

Pero, tal como informaba el diario El País en esos días, los dependientes de ‘grado III’ con un plan individual de atención en marcha eran solo 22.853.  

Además, un informe del BBVA cifraba ese colectivo en más de 830.000 grandes dependientes, con lo que el número de personas con ese tipo de dependencia sin ayudas en 2007 se multiplica por cuatro.

Al mismo tiempo, los recursos que el Gobierno ha destinado para cubrir los objetivos de la Ley de Dependencia son a todas luces insuficientes, partiendo de la base de que la gran mayoría de dependientes serán atendidos en residencias.

Mientras que el Ejecutivo de Zapatero calculaba en la Memoria de la Ley unos costos de 2.876.805.414 euros, el estudio de la Fundación BBVA Longevidad y Dependencia en España disparaba esa cifra hasta los 10.785.582.250 euros.

En cualquier caso, el presupuesto que destinó el Gobierno para la financiación de las ayudas fue tan sólo de 850 millones de euros.

Por otra parte, a primeros de diciembre, el sindicato CCOO también denunció que las ayudas a dependientes llegaban tarde y mal, que la calidad de los establecimientos dejaba mucho que desear y que había déficit presupuestario, de residencias y de atención domiciliaria.

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