El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) parece decidido a proponer al Gobierno que reforme el actual sistema de financiación de la Iglesia católica, basado en el apartado de Asignación Tributaria dentro del Impuesto sobre la Renta (IRPF), donde cada ciudadano puede marcar la casilla de “sostenimiento de la Iglesia católica” y destinar, voluntariamente, un 0,52 por ciento de lo que paga a Hacienda. Según ha dicho esta semana el secretario de Libertades Públicas del PSOE, Álvaro Cuesta, la idea es recurrir a un sistema similar al alemán, modelo que el dirigente socialista define como “impuesto religioso voluntario y adicional” donde el Estado haría de mero recaudador. ¿Es que en España los ciudadanos están obligados a financiar a la Iglesia católica? ¿Para qué está entonces la crucecita? Pero además, sorprende que la fuerza política que sostiene al actual ejecutivo hable del modelo alemán cuando, en ese país, el sistema de impuestos establece que cada ciudadano con capacidad fiscal, por el hecho de estar bautizado, está obligado a destinar a su Iglesia (católica o protestante en este caso) un 9 por ciento de lo que paga a Hacienda como cantidad adicional (un 8 en el caso de los estados de Baviera y Baden-Wutenberg). La administración sólo retiene entre un 2 y un 4,5 por ciento de comisión según el land. ¿De verdad permitirá José Luis Rodríguez Zapatero que la Iglesia católica española se financie al estilo alemán?

Por otro lado, el sistema de financiación de las Iglesias en Alemania establece una condición para que sus creyentes queden liberados del pago: renunciar a su fe mediante una declaración de apostasía. Ello quiere decir que pagan a su Iglesia casi todos los contribuyentes católicos y protestantes con base imponible por encima del mínimo establecido. Por ejemplo, en 2003, la Iglesia católica de Alemania ingresó, por la vía del Impuesto sobre la Renta, casi 4.500 millones de euros, mientras que la evangélica obtuvo 4.000 millones. Estos datos, dentro del marco fiscal, explican que la Iglesia germana sea la que tiene una mayor capacidad de gestión económica en el mundo.

En España, la administración garantiza a la Iglesia católica completar su financiación cuando sea necesario, de acuerdo con el Concordato entre el Estado y la Santa Sede y siguiendo la letra de la Constitución, que se refiere explícitamente a la necesidad de una colaboración en Estado y la Iglesia católica. Según los datos del ejercicio de 2002, la Iglesia católica recibió 138 millones del Estado, de los que 90 procedían de la Asignación Tributaria que los ciudadanos destinan voluntariamente a la institución religiosa. Por tanto, el Estado puso los 48 millones que faltaban. Este procedimiento concreto existe desde hace 4 años gracias a un pacto a tres bandas entre la administración, la propia Iglesia católica y un grupo coordinador de ONGs destinatarias de la otra casilla de la Asignación Tributaria, la de “otros fines de interés social”, con la novedad de que ahora ya se pueden poner las dos cruces. El acuerdo fijó un mínimo que, si no se alcanzaba, lo completaba el Estado, pero también estableció un máximo.

La alternativa, incrementar el porcentaje actual

Seguramente la Iglesia católica no propondría nunca el modelo alemán para que se aplique en España, pero sí que estaría de acuerdo con un incremento del porcentaje de aportación voluntaria, fijado actualmente en el 0,52 por ciento del IRPF. En cualquier caso, no parece probable que el Gobierno fije el 8 por ciento para todos los bautizados con la única excepción de la declaración de apostasía.

La cuestión de la financiación de la Iglesia católica está presente, por otro lado, en un informe que acaba de elaborar la dirección del PSOE para la próxima reunión de su Comisión Federal. El documento, que hace balance de los 6 primeros meses de Gobierno socialista, destaca que ha habido “avances espectaculares” en la consecución de “una España integrada en Europa, comprometida con la paz, unida y a la vez plural, laica, tolerante...”. Una vez más, la fuerza política que gobierna insiste en calificar a la sociedad española de “laica” en vez de hablar de pluralidad religiosa y cultural. Álvaro Cuesta, secretario de Política Municipal y Libertades Públicas del partido, aseguró este jueves que la ejecutiva está estudiando fijar un “estatuto de laicidad” para enmarcar todas sus políticas.

Otro dato interesante del informe que ha preparado el PSOE tiene que ver con las últimas decisiones gubernamentales que afectan a la familia. Concretamente sitúa entre los mayores éxitos de Zapatero “la agilización de la ley del divorcio y el reconocimiento del derecho al matrimonio para los homosexuales”.