El pasado 7 de marzo los Mossos d’Esquadra cerraron los macropostíbulos Riviera y Saratoga de Castelldefels en función de un mandamiento judicial del juzgado de Gavà número 33. La juez que instruye el caso, Elisabet Castelló, ordenó el ingreso en prisión de uno de los propietarios del club Saratoga, el segundo que va a la cárcel desde que se inició la instrucción, según informa La Vanguardia este viernes, 13 de marzo.

El propietario del macroclub está acusado de favorecimiento de la prostitución, delitos contra el derecho de los trabajadores, contrabando y cohecho. De la imputación de cohecho se desprende que tiene que aparecer una relación con algún miembro de la administración como podrían ser policías, aunque no se descarta alguien de rango político al establecerse la relación de cohecho con “funcionarios públicos”.

Según reproduce la cabecera catalana, el Código Penal se refiere de la siguiente manera del que comete cohecho: “La autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, solicitare o recibiese, por sí o por persona interpuesta, dádiva o presente o aceptare promesa para realizar en el ejercicio de su cargo una acción u omisión”.

Un episodio que levanta suspicacias y que hizo que la juez Castelló decidiera que fueran los Mossos d’Esquadra los que llevaran el peso de la investigación fue el sucedido durante el verano de 2007, según información de La Vanguardia. El rotativo informa que ese verano la Guardia Civil puso en marcha una operación policial después de que los responsables del Saratoga denunciaran qu un inspector jefe de la Policía Nacional les extorsionaba. Después de concretarse una cita –bajo vigilancia camuflada de la Guardia Civil- para que se hiciera entrega, según la Fiscalía, de 3.000 euros por parte del local de alterne, el inspector huyó con el dinero y tras una persecución se le detuvo por la Guardia Civil sin hallar rastro de los 3.000 euros ni en el coche ni en trayecto de la persecución.