A finales del mes de marzo del año pasado, el Defensor del Pueblo dejaba constancia del fracaso de la Ley de Dependencia: “hay muchos dependientes que no están conformes con el desarrollo de la ley porque no están recibiendo los derechos que de ella emergen”, afirmaba.

Un buen ejemplo del mal funcionamiento de lo que fue en su día el anuncio de una de las leyes sociales ‘estrella’ de Zapatero lo tenemos en Cataluña: Más de una de cada tres personas dependientes reconocidas por la ley está a la espera de un servicio o una prestación.

Así, de los 115.114 dependientes que tienen reconocida la ayuda en el programa individual de atención (PIA) en territorio catalán, todavía están en lista de espera 42.011 personas.

Es la crónica de un fracaso anunciado que se ha ido constatando a lo largo de los meses. De hecho, en mayo de 2007 ya advertíamos de que, para la Ley de Dependencia, ni había plazas, ni había dinero, ni el Gobierno sabía cuantos eran los dependientes.

Posteriormente, en noviembre de ese mismo año, informábamos de que, en España nueve de cada diez grandes dependientes aún no habían recibido las ayudas del 2007. El propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, admitió entonces la lentitud con que se estaba aplicando la ley.

‘En lista de espera’

Y así ha seguido hasta ahora. A pesar de que se han producido algunos avances en materia de protección a los dependientes, lo cierto es que hay demasiada gente ‘en lista de espera’ para recibir las ayudas.

En el caso de Cataluña, esa lista equivale a un 40% del total de dependientes ya valorados. Según datos de finales de junio, se ha acelerado el ritmo de valoraciones y de elaboración de programas individuales de atención a las personas con dependencia, pero 42.011 de ellas todavía esperan.

Hace un año, el departamento de Acción Social y Ciudadanía de la Generalitat explicaba que había 62.474 personas con derecho a beneficiarse de la ley y las que la recibían eran 31.161 (49,88%). En el pasado mes de febrero, ya eran 88.400 las personas que tenían reconocido el derecho, pero las que recibían ayuda no llegaban a 40.000 (45,24%).

Así, el paraguas de la ley da cobertura a un buen número de personas con dependencia, aunque las que siguen esperando las ayudas no han bajado en ese tiempo de las 30.000 personas.

Jordi Tudela, director del Prodep, el programa que se encarga de desarrollar la normativa, atribuye la lista de espera a “déficits que se arrastran desde los inicios del despliegue de la ley”, así como al hecho de que en cada expediente intervengan tres administraciones, la estatal, la catalana y la local.

También confirma Tudela que la previsión inicial de beneficiarios se quedó muy corta y que el Gobierno español se ha desentendido hasta el punto de que por cada euro que aporta el ministerio de Sanidad y Políticas Sociales, el departamento de Acción Social aporta tres.

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