El proyecto que se está llevando a cabo en la localidad catalana de Mataró y que prevé la construcción de dos macroburdeles sigue levantando polvareda. Las asociaciones de vecinos ya están comenzando a movilizarse en torno a este hecho que degradará indefectiblemente la zona en la que se localizarán los prostíbulos. Además, este episodio deja mal parado un decreto de la época del gobierno de CiU que regulaba este tipo de locales y que pecó de ingenuidad.

El Decreto 217/2002 que regula “los locales de pública concurrencia donde se ejerce la prostitución” aborda las condiciones sanitarias a las que se deben atener estos centros. Se trata de un documento aprobado por la Conselleria d’Interior en la época en que lo administraba el convergente Xavier Pomés bajo la presidencia de Jordi Pujol.

Los casos de los macroprostíbulos Saratoga y Riviera demostraron el filo en el que los propietarios conseguían que su actividad fuera legal. Ambos locales se definían como lugares donde las mujeres podían alquilar habitaciones para acudir con sus clientes. Lo cierto es que la operación de la Guardia Civil desveló que existía una red de extorsión y trata de mujeres. Además, las mujeres cobraban por servicio realizado, tenían horarios regulados y había una empresa detrás de esta actividad ilícita.