El vacío legal en torno a la prostitución en España se ha convertido en un sinsentido que adquiere dimensiones más que preocupantes cada día que pasa. Así, mientras los ayuntamientos afectados por los macroprostíbulos y el comercio del sexo en las carreteras luchan por solucionar los problemas que genera esta lacra social, el Gobierno central, sea cual sea su color político, no se atreve a prohibirla.

Un ejemplo de los municipios que padecen las consecuencias derivadas de la práctica de la prostitución lo tenemos en Cataluña, una comunidad donde, debido entre otras cuestiones a su proximidad a Francia, abundan los grandes burdeles y el comercio sexual a pie de carretera en las comarcas limítrofes con el país vecino.

De hecho, no son pocos los franceses que se dejan caer por tierras catalanas en busca de sexo de pago ya que Francia camina hacia una abolición de la prostitución que penalizaría al cliente, según una resolución adoptada por la Asamblea Nacional francesa el pasado 6 de diciembre que pretende prohibir por ley la práctica de la prostitución.

Los efectos en los municipios

Así, diversas localidades se han visto afectadas en los últimos tiempos por problemas relacionados con la prostitución. Un primer ejemplo lo tenemos en Mataró, donde el consistorio tuvo que recapacitar sobre su decisión de abrir dos grandes locales de prostitución y, en diciembre de 2010, retiró las licencias para abrir dos macroprostíbulos.

La decisión se tomó tras las presuntas irregularidades denunciadas por CiU en la expedición de las licencias al empresario Josep Maria Colomer, que ya había iniciado las obras de construcción. También influyeron las movilizaciones iniciadas por las asociaciones de vecinos, que protestaban ante lo que se les venía encima. Y diferentes campañas, entre ellas la llevada a cabo por la asociación E-cristians.

También se vio afectado el Ayuntamiento de Cabrera de Mar, donde el alcalde, Carles Rocabert, de ERC, en septiembre de 2011, fue llevado a juicio por cerrar un prostíbulo. La juez de Mataró le impuso una fianza de seis millones de euros por presunta prevaricación, seis años después del cierre del Club Calipso, un megaburdel situado en la Nacional II. Cabe recordar que tres responsables del Club Calypso fueron acusados en 2005 de lucrarse con la prostitución de mujeres en condiciones laborales que rozaban la esclavitud.

Y en febrero de 2010, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cataluña dio la razón a los promotores de un macroburdel en La Jonquera, cuyo administrador iba a ser imputado por por tráfico de mujeres. Esta decisión se tomaba después de que un juez impidiera la instalación del burdel a petición de Jordi Cabezas (CiU), alcalde del Ayuntamiento de la localidad pirenaica.

De esta manera, se daba luz verde a un nuevo macroprostíbulo en La Jonquera, uno más de los numerosos burdeles que se reparten por la zona, cerca de la frontera con Francia.

Hay que recordar también que el 7 de marzo de 2009 los Mossos d’Esquadra (policía catalana) cerraron dos históricos macroprostíbulos en Castelldefels, con policías bajo sospecha, en función de un mandamiento judicial del juzgado de Gavà número 33. Se trataba de los burdeles Riviera y Saratoga.

La juez que instruía el caso, Elisabet Castelló, ordenó el ingreso en prisión de uno de los propietarios del club Saratoga, el segundo que había ido a la cárcel desde que se inició la instrucción.

Barcelona, un caso aparte

En este contexto, los problemas que el ejercicio de la prostitución han causado en la capital catalana, Barcelona, merecen mención aparte. Este miércoles, 21 de marzo, a propuesta del Partido Popular en el Ayuntamiento de la Ciudad Condal, la comisión de Presidencia aprobaba con los votos del PP y CiU (en el Gobierno municipal) prohibir la prostitución en la calle y endurecer las sanciones a los solicitantes de sexo callejero.

Hasta la fecha, ni la ordenanza de civismo, ni el plan contra la prostitución callejera, ni la presión policial han conseguido erradicar la prostitución de las calles de Barcelona.

Al aprobar la modificación de esa ordenanza de civismo, PP y CiU confían en poder reconducir la situación, sobre todo por el efecto disuasorio que puedan tener las sanciones a las prostitutas y, en grado mayor, a los clientes del sexo de pago.

Si hasta ahora, ordenanza en mano, el importe de las sanciones era el mismo para las prostitutas que para los demandantes, es decir 750 euros; a partir de que se apruebe la propuesta del PP cuando finalice el trámite, o sea en mayo o junio, las sanciones, aunque aún no están del todo decididas, serían de hasta 750 euros para las trabajadoras del sexo y de entre 750 y 1.500 para los clientes.

Sin embargo, PSC, ICV y Unitat per Barcelona consideran que el Ayuntamiento no puede pretender prohibir la prostitución a través de la ordenanza de civismo, cuando el Código Penal no lo hace. Y ahí radica precisamente el principal problema, que a nivel estatal no existe una legislación que prohíba el comercio del sexo.

¿Y qué hacen los gobiernos de turno?

Así, con la situación actual, que genera una gran indefensión por parte de los ayuntamientos ante el fenómeno de la prostitución, cabe preguntarse por qué el Gobierno español, mande quien mande, no se atreve poner veto a los proxenetas y a la prostitución.

Cabe recordar que el anterior Ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero nunca se atrevió a afrontar el tema, y ni siquiera cumplió su Plan Integral de Lucha contra la Trata de Seres Humanos con fines de Explotación Sexual, que en enero de 2009 se redactó a propuesta de la ex ministra de Igualdad, Bibiana Aído.

Ese plan incluía “las múltiples formas de tráfico con fines de explotación sexual (prostitución, turismo sexual, compra de novias por correspondencia y matrimonios serviles). Además se constataba en el texto que la trata constituye un delito que integra “un conjunto de diversas modalidades delictivas conexas”.

En cuanto al actual Gobierno, ¿se atreverá a prohibir la prostitución Mariano Rajoy? De momento, el Ejecutivo del Partido Popular guarda silencio y mira hacia otro lado.

Pero, ¿cuál es la razón oculta para no actuar contra una de las peore4s lacras sociales que hay en España? ¿Es que acaso pudiera haber implicaciones entre miembros de los partidos políticos y las tramas de la prostitución?

No hay que olvidar que estamos hablando del negocio más lucrativo del mundo, incluso más que el tráfico de armas, y el que, además, presenta una mejor relación coste -entendiendo como coste las penas potenciales- y beneficio. Si traficas con drogas o armas, esa relación es más peligrosa, ya que puede acarrear unos cuantos años de cárcel, pero con la prostitución la cosa se limita a un par de años y los beneficios son inmensos.

Dos medidas

Así las cosas, ante el fenómeno de la prostitución cabe plantearse medidas de dos tipos. La primera y más completa, la abolición, penalizando al cliente, siguiendo la estela del modelo sueco. De hecho, Suecia ha conseguido reducir la práctica de la prostitución de forma muy significativa.

Una segunda opción es la de legislar y aplicar con todo rigor la ‘tercería locativa’, es decir que toda actividad directa o indirecta vinculada a la prostitución sea considerada delito penal, como por ejemplo en el caso de los anuncios de prostitución.