Adivinen quién hace estas afirmaciones:

- "Las mujeres españolas quieren tener más hijos, pero les resulta imposible porque la estructura empresarial lo penaliza".

- "El año 2025 tendremos una tasa de personas mayores del 20%. ¿Cómo cultivamos esto?"

- "Las mujeres jóvenes constatan un tratamiento diferencial. Muchas veces, cuando acuden a entrevistas de trabajo, les preguntan si tienen planes de tener hijos. La Ley de Igualdad lo impide."

No habla un conservador, un líder pro-familia ni un veterano militante de asociaciones pro-vida que acogen a embarazadas con problemas. Habla (en esta entrevista) la muy progresista socióloga Soledad Murillo, que fue secretaria General de Políticas de Igualdad del gobierno Zapatero.

Pero claro, eso lo decía en 2010. Ahora Soledad Murillo critica al ministro Gallardón porque habla de "violencia estructural" contra las embarazadas. "En España no se conculcan los derechos de maternidad", declara a El País la socióloga ahora. "Trata a las mujeres como si fueran menores de edad sin capacidad de decisión”.

Sin embargo, poco a poco irán surgiendo los datos que una socióloga como ella debería repasar. El Medical Science Monitor, en una época próspera como 2004 en EEUU, mostraba que un 64% de las mujeres que abortaban fueron presionadas o coaccionadas para hacerlo. (Estudio de David Reardon, director del Elliot Institute). También mostró que un 67% abortaba sin recibir ninguna asesoría previa.

En España, es interesante la Memoria 2006 de la Fundación pro-aborto "Salud y Familia", que financiaba los abortos en Cataluña con dinero de la Generalitat. En esta Memoria (véase en PDF aquí  ) se recoge que el 30% de las que abortaron sintieron malestar psíquico o físico después del aborto y que el 22% abortó "sintiéndose confusa". Una decisión confusa no es una decisión madura ni libre.

La gravedad de la situación española quedó de manifiesto en el caso de la camarera del restaurante Taco-Taco de Gerona, coaccionada por su jefe para que abortase, y que, al negarse a ello, fue despedida. La policía catalana se negó a investigar el caso, aunque éste llegó a los tribunales por la vía del derecho laboral.

Es feminismo del malo el de la socióloga socialista al negar la realidad: la sociedad española (no sólo las empresas) penaliza la maternidad y, al contrario, presiona a favor del aborto. Que reconozcan la realidad es el primer paso para ayudar a las mujeres.