El Gobierno de José María Aznar hizo en el año 2000 una buena ley en el sentido de que otorgaba a los extranjeros que estuvieran inscritos en el padrón municipal el derecho a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles. Esto permitía a las personas inmigradas ilegalmente acceder a las prestaciones de la sanidad pública española. Nos parece que era y es una medida humana y desde el punto de vista cristiano una exigencia. No se pueden confundir los derechos de ciudadanía que regula el Estado, con aquello que es inherente a la condición del ser humano, con independencia de cuál sea su naturaleza jurídico-administrativa y es evidente que la salud es una de estas componentes que van ligadas a la condición de ser persona y que deben ser necesariamente atendidas.

El inmigrante ilegal también es el prójimo, sin matices, sin notas a pie de página, y como tal ha de ser tratado en los términos que manda Jesucristo, en los términos que define la Parábola del Buen Samaritano. La ministra Ana Mato, al anunciar las modificaciones, si las lleva a término en la forma en que inicialmente se ha pronunciado, no estará actuando de acuerdo con el criterio de humanidad y mucho menos todavía de acuerdo con la actitud de un buen samaritano.

No se puede eliminar la asistencia sanitaria a los inmigrantes ilegales. Otra cosa es el turismo sanitario que se practica desde Europa, pero mezclar ambas cuestiones es un desatino. Una cosa es el abuso y la otra la necesaria solidaridad. En tiempos de crisis, la situación del inmigrante ilegal sin trabajo es todavía más dura, es una persona que vive aquí, que está con nosotros, mientras no seamos capaces de retornarlo a su país de origen. Y, en el mientras tanto, que puede durar años, que puede ser para siempre, ¿qué vamos a hacer, lo vamos a condenar, como antes se hacía con los leprosos, a vivir aparte en condiciones absolutamente alejadas de toda compasión humana? La ministra tuvo el detalle de decir que “los niños no quedarán desamparados”, es decir, no sufrirán el embate de esta modificación legal que ahora el PP, rectificándose a sí mismo, quiere introducir en nombre de la economía. Faltaría más, pero no se trata sólo de los niños, sino de los adultos, de sus padres. En el momento que se admite que los niños no caerán en el desamparo, se está diciendo que los adultos sí quedarán en esta situación.

Todo esto es inadmisible. En nombre de hacer cuadrar los presupuestos no se puede ir destrozando la conciencia humana. Ana Mato, el Gobierno en definitiva y por consiguiente el propio Rajoy, deben rectificar, y los cristianos no pueden aceptar callados, silenciosamente disciplinados, algo que es tan contrario a la fe de Jesucristo.

Que nadie se confunda, ser cristiano es seguir a Jesucristo, ser católico es seguirlo desde la tradición y el Magisterio de la Iglesia y esta tradición y este magisterio no se agota en uno o dos puntos, sino que incorpora muchas más cuestiones, todas ellas relacionadas con el sufrimiento y las necesidades del ser humano. Y una de ellas, a la que los evangelios prestan una atención preferente, es la de los desamparados, los pobres, allí reflejados sobre todo en éstos, las viudas y los huérfanos, y que hoy en día también expresan la condición del inmigrante ilegal. Quien lea el Evangelio que lo lea bien y que actúe en consecuencia o que en todo caso asuma cuál va ser al final el resultado de sus actos.