El pasado 18 de abril la ministra de Sanidad, Ana Mato, anunció a las Comunidades Autónomas su propuesta de copago farmacéutico en función de la renta, por la que los pensionistas pasarán a pagar el 10% de los fármacos, los trabajadores activos pagarán el 50%, en lugar del 40% actual, y más de medio millón de inmigrantes perderán la cobertura sanitaria.

Estas medidas forman parte del tijeretazo sanitario y educativo que el Gobierno de Mariano Rajoy ha puesto en marcha asegurando que, aunque no estaba en sus planes, son ajustes necesarios dada la gravedad de la crisis y permitirán ahorrar 7.000 y 3.000 millones de euros respectivamente.

Sin embargo, de la misma manera que ahora se argumenta que estos recortes permitirán al Estado ingresar 10.000 millones más, cabría preguntarse dónde están los resultados de los dos años de profundos recortes que los españoles han tenido que soportar hasta ahora.

El ‘medicamentazo’ ya está aquí.

En cualquier caso, según establece el Real Decreto publicado este martes, 24 de abril, en el BOE, el ‘medicamentazo’ ya está aquí, con lo que el pago de los fármacos por los pensionistas se aplicará antes del 30 de junio, y los inmigrantes que estén en España de manera irregular dejarán de recibir asistencia sanitaria el 1 de septiembre, salvo en los casos de urgencias y partos.

Además, los usuarios del Sistema Nacional de Salud deberán pagar parte de las prótesis, los productos dietéticos y el transporte sanitario no urgente para prestaciones ambulatorias.

El importe de financiación de esas prestaciones (prótesis, productos dietéticos y transporte sanitario no urgente) deberá fijarse en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de este decreto -el 24 de octubre-, por parte del Sistema Nacional de Salud. Se trata de prestaciones "cuya provisión se realiza mediante dispensación ambulatoria", según el BOE.

En lo que respecta al pago del 10% de los fármacos por parte de los pensionistas y el incremento del 40 al 50 o 60% para los activos, deberá comenzar a aplicarse de forma efectiva por parte de las comunidades autónomas también antes del 30 de junio de 2012, según establece el Real Decreto.

Además, el Ministerio de Sanidad excluirá de la Seguridad Social los fármacos que estén indicados "en tratamiento de síntomas menores" y los que compartan principio activo con otro fármaco que se venda sin receta.

Los pensionistas pagarán el 10% de las medicinas que consuman con un máximo de 8 euros mensuales para las rentas por debajo de 18.000 euros al año, y de 18 euros para las que superen esa cantidad  y no alcancen los 100.000 euros, mientras que los jubilados que ingresen más de 100.000 euros pagarán el 60% con un límite de 60 euros.

Las medicinas serán gratuitas para aquellos que cobren las pensiones más bajas, las no contributivas, además de para los parados sin prestación. También están excluidos del pago de los medicamentos los afectados por síndrome tóxico, los discapacitados, los preceptores de rentas de integración social y los tratamientos derivados de accidente de trabajo y enfermedad provisional.

¿Para qué han servido dos años de recortes?

Aunque todo el mundo entiende que la gravedad de la crisis y las presiones de los mercados y de Bruselas están poniendo contra las cuerdas al Ejecutivo de Rajoy, lo que no es tan comprensible es que nadie explique al detalle para qué han servido los dos años de recortes ininterrumpidos que los españoles han tenido que soportar. Veamos un resumen de esos recortes.

12 de mayo de 2010. Rebaja del 5% del sueldo de los funcionarios. Por esas fechas, el ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se vio obligado a dar un giro a sus aireadas políticas sociales y aplicar una rebaja salarial a los funcionarios de forma unilateral del 5%. De esta manera, Zapatero esperaba ahorrar 3.000 millones de euros.

También aplicó otras medidas como la supresión del cheque bebé de 2.500 euros a las parejas por tener un hijo o el retraso en la concesión de ayudas a la dependencia.

23 de julio de 2010. Cancelación de 10.000 millones en obra pública. El ex ministro de Fomento, José Blanco, también tuvo que aplicar la tijera y anunció la suspensión o retraso en infraestructuras por valor de 9.626 millones.

30 de septiembre de 2010. Subida del IRPF y 11,5% menos de gasto público. Al elaborar los presupuestos del Estado de 2011, considerados entonces los más duros de la democracia, la ex vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, hizo una previsión de reducción de gasto del 11% y del 30% en el capítulo de inversión.

Al final el presupuesto no cumplió el objetivo previsto de cerrar 2011 con un déficit del 6%, ya que acabó siendo del 8,5%, como ha corroborado Bruselas.

28 de enero de 2011. Se eleva la edad de jubilación de 65 a 67 años. En enero del año pasado, el Gobierno socialista llegó a un pacto con los sindicatos UGT y CC.OO. para retrasar la edad de jubilación.

También se acordó con los agentes sociales el pacto sobre pensiones, el último gran acuerdo de la era Zapatero con los agentes sociales y que ya les pareció bien a los sindicatos, que lo exhibieron como fruto de la huelga general celebrada unos meses antes, en septiembre.

30 de diciembre de 2011. Subida del IRPF, del IBI y congelación del sueldo de los funcionarios. Con Mariano Rajoy ya en la Moncloa, se produjo una nueva subida de IRPF y el impuesto de la renta progresiva subió de 0,75 a 7 puntos porcentuales independientemente del nivel de ingresos.

También aumentó el impuesto de bienes inmuebles (IBI) y congeló el sueldo de los funcionarios.

10 de febrero de 2012. Reforma laboral que abarata el despido. La reforma laboral que aprobó el Consejo de Ministros en febrero, aunque no es propiamente un recorte, sí que implica un ajuste muy importante en las indemnizaciones por despido.

30 de marzo de 2012. Tijeretazo de 27.300 millones en las cuentas. Justo después de la huelga general que los sindicatos presentaron a Rajoy, el Gobierno aprobó sus primeros presupuestos, que prevén un recorte de 27.300 millones de euros. Se trata de una subida de 11.500 millones más que la prevista inicialmente cuando se prorrogaron los presupuestos.

Los recortes más importantes se los llevaron, por ejemplo, la dotación al servicio público de empleo estatal, que quedó en 13.288 millones, un 15,6%. Defensa pasó de 1.005 millones en 2011 a 654 en 2012. Y en el resto de las inversiones el recorte implicó una caída del 13,9%.

También se aprobó una amnistía fiscal con la intención de hacer aflorar 25.000 millones de dinero negro, por la que el Gobierno pretende recaudar 2.500 millones.

La rúbrica a todos estos recortes se acaba de producir con el tijeretazo de 10.000 millones a Sanidad y Educación.

En cualquier caso, ante todos estos recortes y la recaudación correspondiente, algo no encaja, y las preguntas clave son: ¿dónde están los resultados de todos estos recortes?, ¿qué efectos han tenido? y ¿por qué continúa creciendo tanto el gasto del Estado?