El auto de prisión del ex consejero andaluz de Empleo, Antonio Fernández, supone una acusación contra la Administración socialista y apunta un horizonte muy complicado para una comunidad con el partido gobernante investigado y bajo sospecha. La juez Alaya habla de un uso “descuidado y abusivo de los fondos públicos” que permitió enriquecerse “a unos” y que “empobreció” las arcas públicas. Es imposible que Griñán estuviera al margen de ese fraude y de la corrupción institucionalizada que supone. Pero tal como van las investigaciones más pronto que tarde, habrá de rendir cuentas.