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No puede ser, y resulta incomprensible, que un país que alcanza las tasas de paro que tiene España, con el número de hogares donde ya no entra ningún ingreso, con personas que llevan un año, dos, incluso más tiempo sin poder trabajar, con la mitad de los jóvenes sin posibilidad de encontrar empleo, que no se adopten las medidas extraordinarias, muy extraordinarias.

Desde el punto de vista de los más elementales valores humanos, ya no digamos cristianos, España vive en un estado de emergencia que además se ha cronificado porque dura demasiado tiempo. Ante él no se puede razonar, porque resulta injusto, que un hipotético futuro crecimiento ya resolverá la cuestión. Sobre todo no se puede razonar en estos términos porque los mismos que lo aducen como argumento son incapaces de fijar un horizonte mínimamente creíble y soportable para que se produzca tal hecho. Las previsiones indican que en 2013 y 2014 el paro continuará siendo elevado y es muy posible que se mantenga en cotas insostenibles aunque se repliegue un poco durante muchos años. Todo este proceso está llevando al sufrimiento y la marginación, está originando la ruptura de muchas vidas, y esto ni una sociedad ni el Gobierno pueden contemplarlo desde la indiferencia.

Es por ello que reclamamos un gran plan que aporte recursos extraordinarios, producto de la reducción de partidas que no tengan una significación directa con el gasto social. Un plan que coordine objetivos que permitan a cada comunidad autónoma, a cada ayuntamiento y al conjunto de las organizaciones no gubernamentales, desarrollar los proyectos para los que se encuentran más preparados, buscando al mismo tiempo, y esta es la razón de la planificación, la sinergia de las actuaciones de los distintos sujetos. Un plan basado en los principios de subsidiariedad y de solidaridad, y construido a partir de ellos bajo la premisa de la máxima eficacia. Es decir, que cada euro que se aplique se traslade, en la mayor medida posible, a los receptores en lugar de perderse, en gran parte, por el camino de los intermediarios, de los costes de gestión, que son abrumadores en el caso del Estado, muy altos para las autonomías y extraordinariamente razonables para las asociaciones que luchan y combaten la pobreza. Los planteamientos de tres de estas organizaciones, Cáritas, la fundación Arrels, que combate la pobreza que habita en la calle, y el Banc dels Aliments de Catalunya, son ejemplares y marcan una línea a seguir.

En sentido contrario, quiero subrayar, una vez más, que el negar la tarjeta sanitaria a los inmigrantes es una brutalidad, ningún cristiano debería colaborar en una acción de este tipo porque es sencillamente antievangélica. Solamente basta con recordar la Parábola del Buen Samaritano o la de la pobre mujer que arroja unas monedas de plomo al templo, es decir que da de aquello que no necesita y no de lo que le sobra, para entender cual es la esencia del mensaje cristiano. Razonar en otros términos es apartarse de lo que dijo Jesucristo y proclama su Iglesia. Una cosa es la necesidad de regular la inmigración para que cada Estado absorba aquella que pueda, y otra que los que ya están aquí dentro y que, alegremente, tanto los gobiernos del Partido Popular como, sobre todo, los del Partido Socialista aceptaron que vinieran sin grandes problemas ni restricciones no tengan ahora un trato humano. Pero, además, al negarles la sanidad nos podemos hacer daño a nosotros mismos. Primero, porque se pueden generar focos de enfermedades contagiosas, hoy reducidas a la mínima expresión, como es el caso de la tuberculosis. Después, porque se va a producir una sobrecarga en las urgencias que la sufriremos todos. La idea de Ana Mato de que esto se resuelva a través de las organizaciones no gubernamentales carece de sentido, porque éstas no disponen de los medios necesarios y porque entonces se ha de generar un nuevo flujo de gasto, con lo cual lo que se puede ganar por una parte se va a perder por otra.

Un gobierno serio, y el de Mariano Rajoy pretende serlo, no puede disparar a todo lo que se mueve, ha de aplicar la racionalidad. Y en el caso de los inmigrantes, además de la humanidad, hay que hacer un buen análisis de costes y beneficios, directos e indirectos, a corto y a medio plazo, porque esto señalaría claramente que lo que se quiere hacer es un mal negocio. El que Madrid aplique ya la exclusión sanitaria es una pésima noticia. Sorprende que la comunidad autónoma que en los estudios oficiales sobre valoraciones y servicios por parte de los ciudadanos ocupa el peor lugar, y esto antes de la crisis, se apresure ahora a restringir todavía más lo que a escala española resultan ser unas malas prestaciones. Tanta prisa por excluir derechos a las personas, en razón de que no son ciudadanos españoles, y tanta prisa para instalar una meca del blanqueo de dinero y de prostitución como es el proyecto Eurovegas, dice muy poco a favor de los criterios de bien común que guían a los que gobiernan esta comunidad.

Pero es que, también, medidas aparentemente apartadas del tema central de la pobreza pueden tener efectos devastadores en una situación tan débil como la actual. Es el caso de la pretendida liberalización de los horarios que pretende el Gobierno de Rajoy. Va a significar el cierre de muchos pequeños comercios, de familias que mantienen unos precarios ingresos con pequeñas tiendas, pero que son incapaces de competir en horario con las grandes superficies. Muchas de estas familias, con locales absolutamente devaluados, van a quedarse sin ningún ingreso, y un pequeño colchón que todavía existía en nuestra sociedad puede desaparecer y con él se generarán más casos de marginación y de pobreza rápida, de gente que pasará de ser de la pequeña clase media a ser pobre. No existe hoy, ni por parte del Gobierno ni por la de la oposición, la sensibilidad suficiente para constatar la magnitud del drama que vive la sociedad española. Es necesario que los ciudadanos seamos capaces de reaccionar para llevarles esta preocupación a su agenda política, porque de no hacerlo así también nosotros seremos cómplices de tanta injusticia y, como está escrito, nos será demandado: ¿Qué hiciste tú cuando me viste pobre, con hambre y sin casa? ¿Qué hemos nosotros para todos aquéllos que viven es estas condiciones?

Josep Miró i Ardèvol, presidente de E-Cristians y miembro del Consejo Pontificio para los Laicos