La nueva publicación de documentos de la Santa Sede y de documentos privados del Santo Padre no son una discutible –y objetivamente difamatoria-iniciativa periodística, sino que asume claramente las características de un acto criminal.

El Santo Padre, así como varios de sus colaboradores y de los remitentes de los mensajes a él dirigidos, han visto violados sus derechos personales de reserva y de libertad en la correspondencia.

La Santa Sede seguirá profundizando sobre las diversas implicancias de estos actos de violación de la privacidad y de la dignidad del Santo Padre -como persona y como autoridad de la iglesia y del estado de la Ciudad del Vaticano-, y dará los pasos oportunos con el fin de que los autores del robo, de la recepción y de la divulgación de notas secretas, respondan por sus actos ante la justicia. Si es necesario, se pedirá para tales fines la colaboración internacional.