La sentencia de un juzgado de Palma realizada por el juez Francisco Pérez es una prueba evidente de la sinrazón que nos gobierna, en este caso fruto de una ley brutal como es la del aborto, y es también una interpretación judicial que considera la vida como un daño que debe ser castigado.

Algunos medios de comunicación que tienen una visión tenebrosa han saldado esta sentencia como un hecho original y hasta ahora único. Ciertamente lo es. Hasta ahora los delitos eran aquellos que infringían algún tipo de daño e incluso la muerte al ser humano. Para el juez Francisco Pérez, el daño consiste en un error que permite la vida. Ciertamente la ley –por eso la criticamos- permite este tipo de interpretación, pero el juez debe tener capacidad para calibrar lo que está dictaminando y sus consecuencias, porque la ley tiene efectos y es bueno que así sea, y malo si aquellos son negativos.

La pregunta fundamental es ¿cuál es el daño que genera la vida de una criatura, es decir el caso del niño que quería nacer? Para el juez es muy grave, porque el castigo que impone por la vía civil, la única posible, es de 420.000 euros, y esto es mucho dinero. Por una parte indemniza a la madre con 150.000 euros, porque ésta alega que el nacimiento de su hijo le alterará para siempre su vida. Ciertamente, un hijo siempre te altera la vida; pero, ¿la justicia ha de considerar esto como un castigo que debe ser indemnizado?, ¿son sólo el deseo y la subjetividad de la mujer los que pueden presidir la calificación de un delito?, ¿el deseo y el subjetivismo radical de un ser humano, hombre o mujer, al amparo de un determinado marco legal favorable, pueden establecer lo que es delito? Por esta lógica, una madre puede pensar: “como yo no deseo el niño, si por un error éste viene al mundo, yo soy una desgraciada”. Además, la sentencia, y esto ha sido más comentado, obliga al médico responsable a mantener al niño hasta los 25 años, a base de 978 euros al mes, ni más ni menos.

En toda esta sentencia hay alguien, precisamente el sujeto de la misma, que no cuenta absolutamente para nada, es un ente marginal. El juez Francisco Pérez ha dictaminado que el niño que quería nacer carece de todo derecho. La sentencia, que esperamos que sea pronto revocada por una instancia superior, castiga de una forma terrible al más inocente de todos. Castiga al niño porque toda su vida quedará marcada por dos hechos que será imposible esconderle: uno, que su vida era tan indeseada que su presencia provocó tan graves daños psíquicos a su madre que le dieron 150.000 euros para compensarla. ¿Cómo queda afectada una relación materno-filial de este tipo?, ¿cómo va a crecer este muchacho bajo esta pesada losa, a la que se le añadirá otra igualmente insufrible? Dos, su existencia es tan indeseada, resulta tan aciaga, que un desconocido debe cargar con su manutención, no sus padres, sino un desconocido. Una sociedad montada sobre estos presupuestos no tiene salida, es un puro desastre.