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Ya es una evidencia que en 2011 el sistema público de pensiones cerró con un ligero déficit de 531.000 millones, lo que equivale al 0’05% del PIB. Es una cifra muy pequeña, pero lo grave es que ya se ha producido y que este año la cosa irá peor. En este caso, el déficit se produce evidentemente como efecto del paro y tenderá a crecer por una razón bien conocida: en la medida que las personas sin trabajo pierdan su prestación, el Estado dejará de aportar la corresponde cuota a la Seguridad Social. En otras palabras, en estos momentos el sistema público de pensiones no registra un déficit aún mayor por las transferencias, vía aportación al paro, que el Estado realiza.

Una de las características de la sociedad de la desvinculación en la que vivimos es la fragilidad de la memoria, y, para ser más exactos, cualquier trivialidad entendida como aquella actitud que hace depender todo lo que sucede al Estado, a la burocracia; también los recuerdos de los hechos precedentes que pudieran guiarnos. Aquella actitud de generaciones anteriores que se esmeraban en preservar precisamente esta memoria como una fuente valiosa de información, que se traducía en prácticas virtuosas, ha desaparecido. Digo esto porque el déficit de la Seguridad Social ya estaba anunciado desde antes de la crisis, lo único que sucede es que, por una parte, la inmigración masiva lo enmascaró y, por otra parte, éste se ha anticipado. Recordemos que diversos estudios, tanto del ámbito español como de la Unión Europea, señalaban que a partir del 2021 se podía producir un déficit en la Seguridad Social, y sobre todo este déficit empezaba a ser importante a finales de la próxima década. Naturalmente, este resultado no nacía de un paro tan brutal como el que ahora tenemos, porque eran estudios realizados en tiempos de vino y rosas, sino de una causa más profunda, el envejecimiento de la población española y la insuficiente aportación de personas en edad de trabajar. Ahora tenemos el grave riesgo de empalmar dos problemas sin solución de continuidad: el actual déficit generado por el paro y el futuro, a partir de la década que viene, consecuencia de insuficientes recursos humanos en edad de trabajar y del hecho de que la generación del ‘baby-boom’, en su práctica totalidad, esté en edad de jubilación.

Se puede pensar que la falta de nacimientos, teniendo un paro tan elevado, es conveniente. Es un error grave, porque podemos conseguir reducir con dificultades y a largo plazo el número de personas sin trabajo, pero difícilmente recuperaremos la población perdida por razones de baja natalidad. No habrá vuelta atrás. Pensar que esto se resolverá a través de la inmigración es encender una vela al diablo. Primero, porque es una afirmación incierta, la inmigración vendrá en la medida que este país tenga capacidad de atracción, y no parece que sea el caso, al menos en el horizonte. Si todo el mundo está de acuerdo en afirmar que las nuevas generaciones van a vivir peor que las precedentes, no parece que éste sea el modelo capaz de atraer a más personas. Por otra parte, la incorporación de inmigrantes, normalmente, en nuestro caso, que no presenta unas especiales exigencias en cuanto a su calificación, determina una merma del valor del capital humano y la dificultad para que España alcance buenos niveles de productividad. Esto es lo que sucedió en el pasado más inmediato.

La natalidad por si misma es una fuerza dinamizadora de la economía. Hay numerosas razones que lo avalan. A pesar de esto y a diferencia de otros países de Europa, como Francia, Alemania o los países nórdicos, España nunca ha tenido políticas pro familia, por lo tanto favorables a la descendencia, dignas de tal nombre. El déficit ha sido brutal.

Ahora, en plena crisis, parece que no sería el momento de replantearlo. Pero, precisamente por estar donde estamos, si no queremos un futuro peor por las razones aducidas, si no queremos que el sistema público de pensiones se deteriore progresivamente hasta no llegar a cumplir la función para la cual está pensado, es necesario replantearse esta tarea. Una tarea que necesita más dinero, ciertamente, pero que también necesita políticas mucho más favorables que no siempre comportan un aumento del gasto público. La conciliación, por ejemplo, es una de ellas y, relacionada con ésta, una racionalización global de los horarios, una política cultural que dé a la maternidad el valor único y extraordinario que posee y así podríamos continuar con un largo etcétera. En cualquier caso, si a corto plazo necesitamos un crecimiento económico ligado a la ocupación, a largo plazo y, por lo tanto, desde ahora, este país necesita muchos más niños.

Josep Miró i Ardèvol, presidente de E-Cristians y miembro del Consejo Pontificio para los Laicos