La nueva normativa en materia pesquera que debate la Unión Europea impone que los peces que, por su tamaño, no se pueden comercializar, tienen que ser llevados a puerto. Antes, se devolvían al mar. Ante este cambio, se había propuesto que ese pescado se diera a obras de caridad para ayudar en la manutención de personas sin recursos. Sin embargo, el Parlamento Europeo no lo ha creído conveniente. Se destinará a la industria de fabricación de alimentos animales y parte de los beneficios obtenidos servirán para financiar campañas para evitar la contaminación de las aguas. Hasta aquí muy ecológico pero muy poco social.