La teoría política nos ha venido diciendo que el fundamento de la democracia es la existencia de una amplia clase media, un concepto de una notable indefinición teórica, pero de una clara visualización en la práctica. Tan importante es que se aduce que uno de los obstáculos para que se desarrolle la democracia en un país es la ausencia de este gran grupo social. Pues bien, nuestros gobernantes parecen o bien no creer en esta teoría o bien importarles bastante poco la estabilidad y el futuro de la democracia.

¿Por qué decimos esto? Porque los esfuerzos para superar la crisis se están repartiendo cada vez peor. Por una parte, es evidente que quienes quedan más mal parados son los desempleados, pero nos olvidamos que en este conjunto hay un gran contingente de pequeños empresarios y trabajadores autónomos que se han visto pasar, de ocupar una situación razonablemente confortable en la sociedad a fuerza de trabajo, a quedar a las puertas de la pobreza o ya situarse plenamente en ella. Esto es un golpe demoledor a la clase media. Ç

Pero no solo es éste. Las medidas que se han adoptado y se vienen adoptando tienden a castigar sobre todo a las personas que hacen declaración de renta y que responden de acuerdo con la verdad, es decir se ajustan a pagar lo que realmente su riqueza les exige. Pero, como el sistema es profundamente injusto, los mayores perceptores de ingresos se salvan de esta exigencia y pagan mucho menos de lo que les corresponde. En este segundo capítulo, la clase media también está soportando el peso de la crisis con los incrementos del IRPF, que ya son sustanciales y que en algunos casos concretos, como el de Cataluña, se vive en el absurdo de tener un tipo máximo igual al de Suecia. Si se comparan las contrapartidas que reciben un sueco y un catalán veremos que el calificativo de escandaloso no es injusto.

Pero, todavía queda un tercer capítulo en el proceso de destrucción de la clase media, que es este sistema que se está extendiendo de hacer pagar a la gente de acuerdo con su renta. Primero se les sube la presión fiscal y, después, no contentos con ello, lo que se hace es que determinadas tasas se modulan en función de los ingresos. Si esto se extiende habrá un doble sistema impositivo, el que funciona como tal y el que lo hace al amparo del sistema de tasas. Una vez más, aunque no es el único, el caso de Cataluña es espectacular, con las matrículas universitarias. Se trata de que los estudiantes paguen más. En el caso concreto de la Generalitat, ésta se acoge al nivel máximo que permite la ley de aumento de este tipo de tasas. Pero, además, lo ha fragmentado en cuatro grupos. La razón, en un primer nivel de lectura, parece justificada: que pague más tasa quien más ingresa. Pero, como el sistema fiscal español es progresivo, y muy progresivo además, entonces esta justicia queda puesta en cuestión.

La raíz de todos estos problemas se deriva de dos puntos: uno, que quienes tienen que pagar, defraudan, ilegalmente. Y, dos, que como hemos dicho antes, la fiscalidad española permite, utilicemos la expresión sin pudor, que los muy ricos se salven. El resultado es una sociedad cada vez más polarizada. Y los responsables de todo esto son, en primer término, el Gobierno del PP, que no tiene en la cartera ninguna reforma fiscal, pero también otros gobiernos autonómicos. En el caso de Cataluña con Convergència i Unió, que, a base de situar una hipotética solución de todo en un indefinido horizonte del pacto fiscal, mientras tanto se dedica a apretar más las clavijas sin ningún tipo de piedad. Todo esto no es justo, no es razonable, políticamente es muy peligroso y económicamente es contrario a facilitar la salida de la crisis.

Necesitamos un nuevo sistema fiscal que recoja mejor los ingresos reales de las personas y que las haga pagar de acuerdo con ellos, que haga más difícil el fraude, que facilite el ahorro dirigido a la inversión productiva, que estimule la emprendeduría. Todo eso se puede hacer con una buena ley fiscal pero, de las muchas que hay en cartera, ésta es una de las que se han olvidado. Se han olvidado todos, el Partido Socialista incluido. La pregunta que deberíamos hacernos es por qué.