Según señala Joel Kotkin en la revista Forbes, durante décadas, los países más ricos de los países del norte, sobre todo Alemania, han compensado las muy bajas tasas de fecundidad y la disminución de la demanda interna con la llegada de inmigrantes y la creación de economías de orientación exportadora altamente productivas.

Por el contrario, el llamado Club Med (Grecia, Italia, Portugal y España), no han desarrollado unas fuertes economías que compensen su desvanecimiento demográfico, pues la economía de dichos países se ha basado en el último decenio en la conocida ‘dieta mediterránea’, cuyos ingredientes principales eran el ‘boom’ urbanístico, el turismo y el consumo interno, y que creaba excelentes platos minimalistas, de apariencia altamente sugestiva y precio desorbitado, pero vacíos de contenido culinario y con fecha de caducidad impresa: 2008.

Retraso de la edad de Jubilación: La OCDE recomendó “retrasar la edad de jubilación más allá de los 67 años e incentivar las pensiones privadas, incluso con carácter obligatorio, porque prevé que en el futuro se reducirán los beneficios de los sistemas públicos”, en un estudio dedicado a analizar las reformas que se han llevado a cabo en los últimos años.

Según negocios.com, los Técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda (Gestha) proponen que el retraso de la edad de jubilación más allá de los 65 años sea voluntario, así como la creación de un sistema mixto de financiación que se nutra por una parte de cotizaciones sociales y de impuestos, pues para Gestha contratar un plan privado de pensiones como complemento a la pensión pública “no es la medida más eficaz para solucionar el bajo poder adquisitivo de las pensiones en España, máxime si se tiene en cuenta que las pensiones de España son un 54,3% inferiores a las de la UE”, por lo que la Seguridad Social dejará que esta iniciativa duerma en el olvido.

Economía sumergida: La economía sumergida, o el mercado negro, consiste en aquellas actividades económicas que total o parcialmente esquivan la regulación fiscal y social del Estado. Según un informe elaborado por el instituto Tax Research,(que intenta cuantificar la economía sumergida y los ingresos que pierden los Estados por culpa del fraude fiscal), la economía sumergida en España representa el 22,5% del PIB nacional.

Si este montante de dinero tributara, el Estado podría recaudar 72.709 millones de euros anuales, con lo que España sería capaz de absorber su deuda pública en 8 años, según los autores del informe ‘Closing The European Tax Gap’ encargado por el Grupo de los Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo para analizar la economía sumergida en cada uno de los países de la Unión Europea.

Como ejemplo paradigmático, mas de 50.000 empleadas de hogar que trabajan por horas y que hasta ahora pagaban sus propias cuotas a la Seguridad Social pasarán a formar parte de la economía sumergida española si antes del 1 de Julio sus empleadores no regularizan su situación y, caso de regularizarse su situación, en la práctica supondrá un descenso de su salario.

Una nueva variante de la economía sumergida sería el comercio por Internet. Así, según Estrelladigital.es, en Internet asistimos a la aparición de negocios alegales, trabajadores que no se dan de alta como autónomos porque no es un servicio que hagan todos los días aunque les aporta un ingreso extra para acabar el mes, y el mismo Ministerio de Trabajo reconoce que “cuando se trata de ventas por Internet y a contra-reembolso, resulta complicado de controlar pues ese dinero no queda registrado”, de lo que se deduce que tratar de regularizar la economía sumergida conllevaría una drástica reducción en los intercambios generadores de valor que existen actualmente en la economía, con la consiguiente constricción de las actividades económicas marginales y poniendo en riesgo la supervivencia del mismo Estado.

Utilización del Fondo de Reserva en el 2012: La Seguridad Social registró un déficit de 668 millones de euros, (seis centésimas del PIB) al cierre de 2011, con una desviación de casi medio punto respecto a lo previsto, lo que representa el primer déficit en el sistema de pensiones desde que la Seguridad Social dejó de financiar completamente la sanidad pública, en 1999.

Además, según informa Expansión.com, la Seguridad Social sería ya deficitaria en 12 comunidades autónomas y, por primera vez, los cotizantes de Cataluña no son suficientes para pagar a los pensionistas y su déficit asciende a 260 millones de euros. (El País Vasco desde 2002 ha multiplicado por cinco su agujero, hasta los 1.300 millones. Asturias, Castilla y León y Galicia son las regiones en las que más pesa el efecto del envejecimiento de la población).

Según el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, la Seguridad Social tuvo un superávit de 7.906,97 millones de euros hasta mayo (lo que supone un 4,9 % menos respecto al mismo periodo de 2011), pero sin contar el adelanto de las transferencias del Estado el saldo positivo habría sido de 6.160,36 millones, (un 25,97 % inferior al del mismo periodo del año pasado), por lo que el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, admitió que “el Ejecutivo podría hacer uso de las reservas del Sistema de pensiones si eventualmente se produce en julio un desfase en la Tesorería”.

De hecho, el Consejo de Ministros del pasado 26 de mayo aprobó habilitar este fondo para que pueda cubrir este tipo de contingencias, pues según Burgos “con el Fondo de Reserva de la Seguridad Social está garantizada la cobertura del nivel de prestaciones actual”. Recordar que “la hucha de las pensiones” fue creada en el año 2000 y se ha ido nutriendo desde entonces con los excedentes que generaba el sistema (superávit de la Seguridad Social procedente de las cotizaciones y de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales).

Según FEDEA, “hasta el estallido de la crisis no hubo ningún problema, ya que el boom económico de la última década hizo que la tasa de paro se redujese a mínimos históricos (8%) y el número de cotizantes se disparase hasta niveles récord (casi 20 millones), pero la situación actual es muy distinta, con un paro próximo al 25% y menos de 17 millones de afiliados, mientras que el número de pensionistas no ha dejado de crecer”. Así, según Europa Press, la nómina mensual de pensiones contributivas de la Seguridad Social se situó el pasado 1 de junio en 7.385,3 millones de euros, (un 4,3% más que en el mismo mes de 2011) y el número de pensiones contributivas alcanzó en junio la cifra de 8.902.683 (con un avance interanual del 1,2%).

El Fondo cerró el pasado año con unas reservas acumuladas de 66.814 millones de euros (un 3,79% más que en 2010), de las que el 87,9% está invertido exclusivamente en bonos españoles y el 12,1 % restante en deuda francesa, alemana y holandesa y, según admitió el propio Burgos, “los gestores aspiran a que, a medida que vaya venciendo la deuda extranjera, se debe seguir orientando las nuevas inversiones en la española, hasta que sea el 100%”.

¿Hacia el colapso de la Seguridad Social?: Sin embargo, la crisis de deuda pública que sufre España ha convertido la hucha de las pensiones en un fondo de inversión de alto riesgo, por lo que es urgente culminar antes del 2013 el proceso de separación de fuentes dado que el sistema está en números rojos y carece ya de recursos suficientes para sufragar las prestaciones asistenciales (pensiones no contributivas), que perciben numerosos jubilados pese a no contar con el mínimo de años cotizados que exige la ley para tener derecho a una pensión.

La novedad sería que estas pensiones no contributivas se financien exclusivamente vía Presupuestos Generales del Estado (impuestos) en lugar de con cotizaciones sociales, por lo que el Estado financiará este año por primera vez casi el 50% del gasto en complementos a mínimos, con un coste de 3.806 millones de euros.

Además, el Instituto Nacional de Estadística (INE) prevé que el país pierda un millón de habitantes en la próxima década, una tendencia que va a empeorar a medida que la generación del baby-boom comience a fallecer, dibujándose un escenario insostenible para el 2021 en que la “tasa de dependencia”, según el INE, crecerá en un 57%, (lo que supone que habrá seis personas inactivas, ya sean jubilados, parados o estudiantes, por cada persona activa).

Todo ello podría provocar una dramática reducción de los subsidios sociales que afectaría a la duración y cuantía de las prestaciones de desempleo, a las pensiones asistenciales y contributivas (jubilación y viudedad) y a la sanidad pública gratuita y universal con la imposición del copago sanitario, no siendo descartable la utilización de la “hucha de las pensiones” (estimada en 67.000 millones de Euros) para poder sufragar las necesidades generales del Estado en el Trienio 2013-2015, con el riesgo añadido de colapso de la Seguridad Social en el horizonte del 2020.