Acabamos de saber que el Magistrado titular de un Juzgado de lo contencioso-administrativo de Lleida, Ilmo. Sr. Don José María Magán, se ha librado de una sanción disciplinaria injusta, por negarse a retirar el crucifijo que siempre preside las vistas de los juicios que celebra. No sabemos, porque no hemos tenido acceso al expediente, cuál fue la falta que le imputaron los órganos de gobierno de los jueces en Cataluña, pero debió ser leve, ya que, según se dice, el Consejo General del Poder Judicial ha conocido del asunto en recurso de alzada, y la sanción habría consistido en una advertencia (sic apercibimiento). Examinado el elenco de faltas leves, establecidas en el artículo 419 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, inferimos que el Magistrado debió desatender el requerimiento del Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, o de la Sala de Gobierno del mismo Tribunal, para retirar el crucifijo. Desconocemos qué fundamentos jurídicos pudieron fundar un tal requerimiento, aunque los tuvo que haber, porque un requerimiento que no se ampare en la ley sería nulo de pleno Derecho y no tendría que ser cumplido.

El caso es que el Consejo General del Poder Judicial, recompuesto aquí de su últimamente tan maltrecha fama, ha estimado el recurso del Juez, cuyos argumentos sí han trascendido y resultan incontestables. Sostuvo que sus vistas están y han estado siempre presididas por un crucifijo porque la Ley de Enjuiciamiento Civil vigente obliga expresamente a tomar juramento o promesa a los peritos y testigos. Y añadió que quien decide prometer lo hace por su conciencia y honor. Pero que jurar es, según la definición de la RAE, afirmar o negar algo poniendo a Dios por testigo. Es por ello que el Magistrado pone el crucifijo (como debe ser) a disposición de quienes opten por jurar, en lugar de prometer. Con esto ya bastaba para desvirtuar la procedencia de la sanción, como lo prueba el hecho de que los órganos de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña hayan sido finalmente desautorizados por el Consejo General del Poder Judicial.

El Juez también alegó en su defensa que la presencia del crucifijo ha sido tradicional en las salas de vistas de toda España y que, a falta de regulación, apelaba expresamente a la costumbre como fuente del Derecho para la regulación de este tema. En este punto, en cambio, no podemos estar del todo de acuerdo, en el sentido de que no es cierto que falte regulación al respecto, de un lado y de otro, porque la mera tradición no serviría para desvirtuar el fundamento necesariamente legal (de haberlo) de la sanción. Es más, la regulación aplicable al caso es de rango muy superior a la costumbre, que ocupa el último lugar en la jerarquía de las fuentes del Derecho. Es la Constitución, junto con la interpretación que de ella ha hecho el Tribunal Constitucional, y aún la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lo que determina la plena legalidad de la actuación del Juez. Al respecto, e incluso amparando no ya sólo el servicio a los justiciables sino incluso el derecho del Juez a presidir las vistas con crucifijo, pues ni siquiera fue un justiciable quien le pidió que lo retirara (véase el siguiente ENLACE).

Con ser de celebrar la retirada de la sanción por el Consejo General del Poder Judicial, no deja de ser preocupante el ya evidente empecinamiento de los órganos de gobierno de la judicatura catalanes en actitudes impropias de la imparcialidad judicial a la que por mandato legal sirven. Y es que no puede ser gratuito recordar aquí que, hace aproximadamente un año, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña acordó proponer al Consejo General del Poder Judicial el cese por inidoneidad de una Juez sustituta, sin ni siquiera aducir el precepto legal infringido -porque no lo había-, por las reservas de conciencia expresadas por la Juez en el acuerdo de adopción de un menor por la pareja lesbiana de la madre adoptiva del pequeño, siendo que ambas mujeres convivían con el menor desde su adopción (ver Resolución en documento anexo). No se sabe, y sólo cabe sospechar cómo, se filtró la noticia a la prensa más tendenciosa, cuando el expediente era todavía reservado y aun antes de que se le hubiera notificado a la Juez, lo cual provocó que ésta fuera no sólo cesada por el Consejo General del Poder Judicial, con el argumento de que se había perjudicado la confianza de la sociedad en los Tribunales, sino también tachada pública y groseramente de homófoba, como así la retratan todavía infinidad de páginas de internet, todas asociadas al lobby de gays, lesbianas y transexuales. En más que justa y legal correspondencia, pero sobre todo en aras de la imparcialidad judicial, que no basta con aplicarla a los otros sino también a sí mismos, ¿no podríamos ahora tachar de cristófobos -dicho sea sin ánimo de faltar- y exigir el cese de quienes no sólo obraron de ese modo sino que, fieles a determinada tendencia ideológica, llegaron a obligar a la retirada de los crucifijos de los juzgados sin ninguna base legal?. Y si no procediera solución tan radical, por lo menos, digo yo, cabría exigirles ahora que ordenen a todos los Jueces de Cataluña poner el crucifijo a disposición de quienes opten por el juramento cuando así proceda. Y pues, ¿dónde están los católicos para exigir las responsabilidades que correspondan? Apuesto a que seguirán en las catacumbas hasta el fin de los tiempos y con la boca bien calladita, no sea que, por ser cristianos, ay, les sobrevenga algún mal. ¡Ah!, y entre tanto, que tengan juicios ¡y que los ganen todos! Que ya vendrá el Juez de Jueces a pedirnos cuentas de todo en el día del juicio final. Miserere nobis.