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Hace pocos días me llamó una periodista del Avvenire, el periódico que está bajo la órbita de la Conferencia Episcopal Italiana, para mantener una larga entrevista sobre la situación española, sobre cuál era mi punto de vista acerca de estos meses de gobierno del PP. No es una entrevista en exclusiva, es uno de tantos contactos que un buen periodista mantiene para trazarse su propio escenario. Estaba interesada en el balance y mi observación fue que era todavía prematuro establecerlo, por una doble razón: por el poco tiempo de gestión que lleva el Gobierno y porque la crisis económica devora todo sus esfuerzos. Sí era posible establecer una valoración de cómo habían ido estos meses, provisional, evidentemente, y a reservas de cómo evolucione el futuro inmediato.

Para la agenda católica, en el caso de España, figuran siempre en primer plano algunos aspectos fundamentales, como la nueva Ley del aborto; la del matrimonio homosexual, de una forma absolutamente destacada; la Educación por la Ciudadanía; la legislación extraordinariamente permisiva para utilizar embriones humanos y la familia.

Bajo mi punto de vista, considero que parece, y es un condicional, que la nueva legislación sobre el aborto está bien enfocada, aunque esto solo se verá cuando aparezca un anteproyecto que concrete realmente el compromiso del Gobierno; que el tema de la Educación para la Ciudadanía parecía razonablemente resuelto, aunque también pienso que la solución es liquidar todos los restos e incorporar aquellos capítulos que se deban conocer de carácter institucional a las asignaturas pertinentes y dar más espacio para la Filosofía, pero en cualquier caso la resolución era la adecuada; pero, en contrapartida, en el matrimonio homosexual tenía la impresión de que el PP estaba por la actitud de mantener intocada la ley de Zapatero bajo la excusa de su constitucionalidad, como si esto significara algo en relación a la conformidad o disconformidad con el contenido de una ley, sobre la bondad o la maldad de la misma. Es evidente que una ley puede ser inconstitucional y no poder prosperar, pero ser buena, y a la inversa. En el tema de la familia, quedaba claro que las pocas ayudas que existían todavía iban a quedar más recortadas y que todo el proceso que está siguiendo España, paro, aumento de impuestos y tasas, está afectando de una forma grave a la estructura familiar, que aún sigue siendo el último reducto para salvar a muchas personas de la marginalidad y la pobreza.

Pues bien, en este marco de reflexión se inserta la cuestión de los horarios comerciales. El planteamiento del PP no tiene ninguna justificación económica, esto hay que decirlo claro. No hay estudios económicos que demuestren que la amplitud del horario comercial sirva para dinamizar la actividad económica. Las razones serían largas de explicar, pero son bien conocidas por los profesionales del mundo económico. Países que tienen una elevada productividad y que se encuentran a salvo de la crisis mantienen unos horarios comerciales mucho más restrictivos que los españoles, porque ya en la actualidad son muy amplios, porque la hora de cierre se ha ido prolongando hasta llegar prácticamente a la noche y porque ya se pueden abrir en determinados domingos y fiestas al año. Solamente una ideología liberal que favorece a las grandes concentraciones comerciales, a los grandes emplazamientos, es la que impele esta medida. Y en esto el PP está actuando con un sesgo ideológico que lo radicaliza y lo aparta de la centralidad política.

El hecho de que existan determinadas actividades profesionales que deban trabajar en domingo constituye una excepción y no una regla, y no pueden argumentarse como razón para convertir esta excepción precisamente en regla. En una sociedad como la nuestra, una de las grandes dificultades es la conciliación de la vida profesional y familiar. Se han hecho grandes discursos, se han escrito libros, pero el resultado es que España tiene en general un sistema de horarios tremendamente malo y la educación de los hijos se resiente de una forma extraordinaria. Ahora esto se quiere acentuar, porque si ya es difícil que se encuentre toda la familia reunida entre semana, al menos dejemos que un solo día esta posibilidad exista, que las condiciones que se den lo favorezca. Eso es lo mínimo, y si el PP rompe esto estará atacando un punto central de lo que es el concepto de familia, y creo honestamente que la Iglesia debería pronunciarse sobre esta cuestión, porque va a afectar a toda España.

Si el planteamiento cristiano es que la economía es para servir al hombre y no a la inversa, y esto nos hace contraculturales, hay que mantener esta posición en todos los aspectos y venga de quien venga el ataque a la misma. Los católicos, de dentro y de fuera del PP, no podemos aceptar una medida de este tipo y esto debería de quedar meridianamente claro. De momento, no lo está.

Josep Miró i Ardèvol, presidente de E-Cristians y miembro del Consejo Pontificio para los Laicos