El ministro de Economía, Luis de Guindos, anunció hace 48 horas que “en las próximas semanas” habrá nuevos “esfuerzos adicionales” para determinadas partes de la Administración e insistió en el “compromiso absoluto del Gobierno con la senda de ajuste fiscal y con la necesaria reconducción del déficit público y la transparencia de las cuentas públicas”.

Sin embargo, a la espera de la letra pequeña o no tan pequeña de esos ajustes, lo cierto es que las medidas emprendidas hasta ahora por el Ejecutivo de Rajoy no han servido para reducir el gasto público y, además, han empeorado las condiciones de vida de la mayoría de la población.

No se puede decir lo mismo de las grandes fortunas, que al quedar fuera del IRPF apenas notan sobre sus espaldas el peso y las nefastas consecuencias de la crisis. En ese sentido, las medidas que ha adoptado Francia al crear un impuesto extraordinario para quienes en realidad más tienen son todo un ejemplo que España, a día de hoy, no muestra interés en seguir.

Así las cosas, las medidas anticrisis que hasta ahora ha planteado el Gobierno español para resolver el problema del gasto público han resultado a todas luces ineficaces, y lo son porque no resuelven tres de las grandes asignaturas pendientes: La ineficacia de la Administración, el peso de los sueldos públicos y la caída del ahorro nacional.

Administración ineficaz

La primera de ellas tiene que ver con una Administración ineficaz. Si buscamos un ejemplo paradigmático lo podemos encontrar en la Justicia. Y no se trata de que sea un ámbito en el que no se trabaje. Se trabaja mucho y en muchas ocasiones muy duro.

La cuestión de fondo es que aunque la carga de trabajo es grande el problema está en cómo la solucionan, es decir falla la organización y los procedimientos que hay, la tecnología que se aplica, etc.

También es cierto que no toda la Administración peca de ineficaz, hay excepciones. Por ejemplo, si el conjunto de la Administración Pública consiguiese la eficacia de Hacienda todo sería diferente.

La masa salarial se traga los ingresos

Una segunda cuestión que hasta ahora el Gobierno se ha visto incapaz de solucionar es el peso de los sueldos públicos en el conjunto del Estado, que representan una masa excesiva para lo que es el conjunto del Presupuesto.

Si el Gobierno preveía reducir el gasto de la masa salarial en 4.500 millones de euros en dos años, hasta ahora solo ha bajado en 2.700 millones. Así, el gasto de los sueldos públicos es superior a la recaudación por IVA e IRPF juntos, según los propios datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sobre los que informaba el pasado 18 de junio el diario El Mundo.

De hecho, el conjunto del Estado necesitó 122.926 millones de euros para pagar la remuneración de los empleados públicos en 2011, mientras la recaudación por IVA (49.302 millones) y los ingresos por IRPF (69.803 millones) sumaban un total de 119.105 millones.

Al respecto, cabe recordar que, cuando comenzó la crisis, el conjunto de las Administraciones Públicas se gastaba 107.835 millones en pagar las nóminas públicas. Actualmente, esa cifra ronda los 123.000 millones, es decir un 14% más.

Por el contrario, en el sector privado, la masa salarial de las empresas no financieras era en 2007 de 317.829 millones de euros y ahora es de 304.346 millones, casi un 5% menos.

Por lo tanto, la Administración Pública tiene tres opciones, o las tres de manera ordenada: reducir el número de funcionarios, reducir los salarios, y reducir el número de empresas, institutos y otras organizaciones que dependen de las administraciones públicas.

Caída del ahorro público

Al mismo tiempo, la Administración continúa dependiendo de la financiación exterior, es decir gasta más de lo que ingresa. Así, mientras las empresas y las familias hacen un esfuerzo para ahorrar, hasta el punto de que desde el estallido de la crisis las familias han conseguido reducir significativamente su endeudamiento, la Administración no consigue hacerlo.

Tal como recordaba David Taguas, director del Instituto de Macroeconomía y Finanzas de la Universidad Camilo José Cela, en un artículo de opinión, ‘¡Es el ahorro, estúpido!’, publicado también el 18 de junio en El Mundo, “en contra de lo que suele pensarse, la tasa de ahorro también se ha reducido en tres puntos desde que se inicio la crisis. El ahorro nacional, no solo no ha aumentado sino que se ha reducido significativamente”.

Y de nuevo, por contra, el sector privado da ejemplo: “la tasa de ahorro privado ha aumentado desde el inicio de la crisis 9,1 puntos del PIB pero ni siquiera ha podido compensar la drástica reducción de 12 puntos del ahorro público, que pasó del récord histórico del 6,8% del PIB en 2007 al -5,1% en 2011”, dice Taguas.

Como consecuencia de ello, Taguas considera que “el objetivo prioritario de la política fiscal y presupuestaria debe ser aumentar rápidamente el ahorro público con un doble objetivo. Primero, eliminar la necesidad de financiación exterior tan difícil de conseguir en las condiciones actuales. Y segundo, aumentar el ahorro nacional para que se recupere la inversión y, por tanto, la actividad y el empleo”.