Volvamos una vez más sobre el tema de la fiscalidad, porque en él se encierran muchos aspectos decisivos que están relacionados con la justicia social y también con la eficacia del sistema productivo. Es a través de la fiscalidad que pueden inducirse políticas económicas a favor de la productividad y de la inversión en I+D o por el contrario favorecer actitudes que nada tienen que ver con esta materia. El mejor símbolo de este segundo aspecto es la desgravación por la compra de vivienda que contribuyó de una manera notable a la burbuja inmobiliaria.

La carga fiscal de España en relación a su PIB es claramente inferior a la italiana. Según un reciente informe publicado por La Vanguardia, en España la carga fiscal sobre el PIB es de solo el 30%, inferior incluso a la del Reino Unido, de corte anglosajón, donde los impuestos tienden a ser más bajos, y claramente por debajo de Alemania e Italia, que se sitúan en el 43%, y de Francia, con un punto más. ¿Cómo puede suceder esto si registramos tipos impositivos singularmente elevados? La respuesta es doble.

Por una parte, este es un indicador clave del fraude fiscal, es decir, de manera ilegal muchos evaden sus responsabilidades. Los que quedan, pagan mucho, pero la recaudación final sigue siendo en términos comparativos baja. Incluso en las apreciaciones más moderadas, una buena acción sobre el fraude fiscal significaría disminuir el déficit dos puntos del PIB. Considerando que la previsión para el 2012 es del 5%, esto significaría que prácticamente ya nos habríamos situado sin mayores cargas en la cifra mágica del 3% que exigen en las financias del Estado nuestros socios europeos. La futura ley antifraude podrá corregir de una manera sustancial este problema a partir del 1 de enero, puesto que la presión y sobre todo las sanciones sobre quienes incumplan pueden ser muy elevadas. Claro que entonces hará falta detectar a aquellos que se aprovechan de la situación, pero sin duda es un paso importante en la buena dirección.

Pero, no es todo. Hay otro tipo de fraude que podríamos llamar ‘legal’ para diferenciarlo del anterior, y es que existen grandes ingresos que tributan poco gracias precisamente al marco legal vigente. Y esto exige, como decíamos, una nueva legislación que debería aprovecharse a su vez para orientar el sistema fiscal hacia una economía productiva. La acción sobre los grandes ingresos que no contribuyen en la medida adecuada no sólo tiene un valor recaudatorio sino que además significa la existencia de una ejemplaridad, la posibilidad de crear un estado moral que contribuya a la convicción de que el esfuerzo que hacemos para soportar y superar la crisis se reparte equitativamente.