Abrir los periódicos desde hace ya algún tiempo mueve a la desolación porque la noticia habitual es la corrupción, la corrupción política pero también aquella que se extiende a otros ámbitos esenciales de la vida pública. Un 20% de los diputados del Partido Popular de Valencia están imputados, lo cual no significa nada más que esto porque rige necesariamente la presunción de inocencia, pero el hecho de por sí, por su dimensión, ya resulta escandaloso. Pero, no se trata de un color político, el tema es generalizado a otros casos bien conocidos y no vamos a hacer aquí un inventario, aunque sí citar que asuntos como el de la CAM o el de Bankia en el terreno financiero aún hunden en una mayor profunda desconfianza a las personas. Naturalmente, aquellas que se han visto gravemente afectadas en sus patrimonios, pero también para el conjunto de la sociedad, porque resulta que no se puede confiar en los políticos pero tampoco se puede confiar en los bancos. Y quedaría el capítulo de los jueces, que hace tiempo que andan por aguas revueltas, con duros enfrentamientos cainitas entre ellos.

La conclusión de los ciudadanos es que no se puede confiar en ninguna de las tres instituciones que por definición rigen una democracia. Y esto es terrible, más cuando en el terreno político y también en el económico existen mecanismos de control y se han realizado un gran número de modificaciones legales para garantizar que la corrupción no prospere, que los malos hábitos dejen de funcionar. El resultado de tanta norma ha sido penoso y ha tenido, además, como consecuencia no querida, que hoy en día participar en la política sea prácticamente imposible para aquellas personas que no son funcionarios o viven de renta, porque todos los demás tienen serias dificultades de compatibilidad o les obligan a una serie de renuncias que hacen inviable el ser diputado u ocupar un alto cargo. Esto tampoco es bueno, porque al final los parlamentos se acaban configurando como lugares a los que por una serie de mecanismos acceden mayoritariamente solo determinaos grupos sociales.

Todo esto no puede continuar permanentemente así, pero tampoco puede solventarse a través de normas que intenten regularlo. No es que no se hayan de producir, es que por sí mismas no resuelven nada, y como hemos visto pueden empeorar todavía más la situación política. La norma es siempre la expresión de un concepto previo, que no es otro que el que significa el bien, es decir un político realizado en el bien, un banquero realizado en el bien y un juez realizado en el bien. Primero hemos de tener clara esta definición y hacerla pública, y mantenerla como referencia, lo cual obligaría a la sociedad y a los gobernantes a ponerse de acuerdo al menos en estos ámbitos de lo que es una vida buena.

A partir de ahí sí podrían construirse determinadas normas y establecer determinadas pedagogías que deberían regir en las comunidades respectivas en las que estas exigencias existen. Por ejemplo, debería ser exigible a partir de ahora que las personas que se dedican a la política, al menos las que acceden de nuevo, y aquellas que ya están deberían reconvertirse, deben expresar el ejercicio de las virtudes personales en el espacio público y, por lo tanto, los políticos, los jueces, los banqueros, deberían ser antes que nada personas caracterizadas por una práctica de la virtud. Esta dinámica podrá ser más lenta, pero es la única que no engaña. Todo lo demás, llevamos desde los últimos gobiernos de Felipe González en esta situación, lo único que hace es aumentar la bola de la corrupción y reducir, hasta dejarla situada en casi nada, la confianza de los ciudadanos. Y bajo estas premisas es difícil entender que un país pueda prosperar y no se rompa hecho añicos.