El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha dado una nueva muestra de sensibilización hacia los derechos del no nacido al anunciar que no se podrá abortar por malformación o minusvalía del feto. Lo ha hecho en una entrevista publicada este domingo, 22 de julio, en el diario La Razón.
“No entiendo que se desproteja al concebido, permitiendo el aborto, por el hecho de que tenga algún tipo de minusvalía o de malformación. Me parece éticamente inconcebible que hayamos estado conviviendo tanto tiempo con esa legislación”, asegura Gallardón en la entrevista.
“Creo que el mismo nivel de protección que se da a un concebido sin ningún tipo de minusvalía o malformación debe darse a aquel del que se constate que carece de algunas de las capacidades que tienen el resto de los concebidos”, añade.
En la entrevista, en la que se ha manifestado también sobre otras cuestiones como la situación en el Consejo General del Poder Judicial y en el Tribunal Constitucional, la Ley del Menor, la posible ilegalización de Bildu y ETA o la reforma de la Ley Electoral, el ministro de Justicia aclara cuál es la postura de su ministerio sobre volver a la ley que había antes de la vigente ley de plazos.
“El Tribunal Constitucional estableció una doctrina con relación a cómo debe regularse la protección
del concebido y ha establecido que no siendo un valor absoluto la vida del concebido, y que hay supuestos en los que, entrando en conflicto con otros conflictos, el legislador opte por uno u otro, no es tampoco un valor que pueda ser desprotegido, que es, literalmente, lo que ha establecido una ley de plazos”, señala.
“Por tanto, la legislación volverá a un sistema de supuestos, que no será exactamente el que estaba vigente con anterioridad a la ley de plazos, porque la experiencia nos demuestra que algunos de esos aspectos deben ser revisados”, concluye.
La ley de Zapatero, derogada en octubre
Las declaraciones de Ruiz Gallardón en La Razón han sido reforzadas poco después por otras del ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, a la Cadena COPE, quien ha asegurado que, efectivamente, “la malformación del feto no será un supuesto para abortar” y ha añadido que se derogará la ley aprobada por Zapatero este otoño.
“El ministro de Justicia lo ha explicado de manera muy clara”, ha dicho Fernández Díaz, quien también ha criticado que el aborto se haya convertido en un derecho durante la anterior legislatura socialista y ha vuelto a señalar que las nuevas medidas entrarán en vigor en octubre.
Con esta reforma de la regulación del aborto se vuelve a la doctrina aplicada anteriormente por el Tribunal Constitucional, ha subrayado el ministro de Interior. La legislación volverá a un sistema de supuestos que no será exactamente el que estaba vigente con anterioridad a la ley de plazos, porque la experiencia nos demuestra, ha insistido en coincidencia con Gallardón, que algunos de
estos aspectos deben ser revisados.
“Crecen los Torquemada”, clama la izquierda
Por su parte, la izquierda parlamentaria ha puesto el grito en el cielo tras el anuncio del ministro de Justicia. La vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, por ejemplo, ha preguntado al ministro de Justicia si quiere volver “a la hipócrita España de los 70”, en alusión a las mujeres que viajaban a Londres para abortar.
Y la secretaria de Igualdad del PSOE, Purificación Causapié, ha añadido que esta medida supone “una amenaza de una penalización total” que nos retrotrae “a la clandestinidad y la inseguridad sanitaria y jurídica”, y que “con la propuesta del PP sobre derechos sexuales y reproductivos nos ponemos a la cola de Europa en cuanto a derechos y libertades de las mujeres”.
También desde Izquierda Unida se ha criticado duramente el anuncio de Gallardón. Gaspar Llamazares ha considerado que se trata de una muestra de “populismo penal” con la que se
convierte en “el ariete del fundamentalismo religioso”.
En su cuenta en la red social Twitter, Llamazares ha dicho que trata de ocultar el “asalto” al Estado social y presupone la eliminación del consejo genético en las prestaciones sanitarias. “Primero fue el aborto en las menores, luego dijeron que sólo por indicación médica, y ahora ni la malformación del feto. ¡Todas a la cárcel!”, ha escrito.
En la misma línea, el coordinador general de la coalición, Cayo Lara, se ha referido a Gallardón y ha alertado de que en el Gobierno “crecen los Torquemada”. “Cuando la religión y el poder financiero deciden la política del gobierno la democracia ha sido enclaustrada”, señala también en Twitter.
El CERMI, con Ruiz Gallardón
Sin embargo, las radicales críticas lanzadas desde la izquierda se estrellan con la lógica y los razonamientos del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que
ha celebrado el anuncio del ministro de Justicia de eliminar de la legislación la posibilidad del aborto eugenésico, que se practica cada vez que se evita el nacimiento de un feto con discapacidad, por tratarse de una actuación “contraria a los derechos humanos”.
Según ha explicado esta asociación, el aborto eugenésico “parte de la premisa” de que la vida de las personas con discapacidad es “menos valiosa que la del resto, y por este motivo se le puede aplicar un trato desigual, que encierra una clara discriminación”.
“La legislación española sobre el aborto, tanto la inicial de 1985 como la vigente de 2010, admiten el aborto eugenésico, lo que ha venido siendo denunciado por el sector social de la discapacidad, que ha reclamado la desaparición de cualquier trato discriminatorio por razón de discapacidad en este ámbito”, ha señalado.
Así, el CERMI ha recordado que, en cuestiones de interrupción del embarazo, la discapacidad “no ha de ser un elemento relevante”, y ha recordado que la ONU, en septiembre de 2011, recomendó a España que derogase cualquier supuesto discriminatorio por motivos de discapacidad en relación con la regulación del aborto, dado que resulta contradictorio y vulnera la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de 2006, firmada y ratificada por España, y aplicable en nuestro país desde 2008.
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