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23/07/2012 - La firma
Con la Iglesia ha topado y se ha estrellado el monopolio del discurso homosexual
Reflexiones sobre el sobreseimiento y archivo de las diligencias penales seguidas contra el obispo de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Pla, por no ser sus palabras constitutivas de delito
Maria Rosa Gutés

Es bien sabido que la Federación y el Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales andan seriamente empeñados en difundir su ideario sobre la homosexualidad y en imponerlo como único pensamiento aceptable. De ahí su implacable persecución a quienes no sólo no lo aceptamos, sino que lo combatimos públicamente por razón de nuestras creencias religiosas.  Persecución a la que se suman, con mal criterio, algunos poderes públicos, como es el caso del Ministerio Fiscal. Así, sin necesidad de remontanos a hechos del pasado, basta observar que en las diligencias penales seguidas contra el Obispo Reig Pla, el Ministerio Fiscal, lejos de desmarcarse, expresamente, de la disparatada denuncia interpuesta por determinada asociación, vino a sumarse tácitamente a ese desprósito inquisitorial, con sendos escritos de la Fiscalía de Alcalá de Henares y de Barcelona, mediante los que, y sin necesidad alguna de mediación por su parte, trasladó al Juez las denuncias del lobby homosexual, cursadas en el segundo caso, además, a través de la Oficina para la no discriminación del Ayuntamiento de Barcelona, la cual parece ser que sigue ahí, incluso en tiempo de severas restricciones presupuestarias, y sólo para mantener el debate público en el ámbito de lo políticamente correcto. Lo cual, precisamente, acaba de ser desautorizado por la resolución judicial que, como no podía ser de otra manera, ha sobreseido el proceso que nunca debió incoársele al Obispo Reig Pla.

El lobby homosexual tiene que empezar a mentalizarse de que cuanto mayor protagonismo se procure para sí en el espacio público, tanta mayor oposición va a encontrar, en la misma esfera mediática, por parte de quienes no compartimos sus postulados. Y es que deben entender, de una vez por todas, que una cosa es el respeto a la libertad individual y la caridad debida a todos, y otra muy diferente, elevar unánimemente a la categoría legal y social de correcto, el modelo de vida postulado por el lobby homosexual, cuya valoración, al no tratarse de una verdad apodíctica, ni siquiera cuando las leyes la dan por supuesta, está sujeta a la misma controversia o discusión que las verdades de la fe que otros predicamos. No entenderlo así, como señalaba el último editorial de este mismo diario, supondría una discriminación injustificada en beneficio de los homosexuales, que no tienen por qué ser menos en el espacio público, efectivamente, pero tampoco más que los demás. Y así, lo que ellos afirmen públicamente, ha de poder ser contradicho, de la misma forma, mediante la afirmación de las verdades de los demás. 
Según el Auto del Juzgado de Instrucción nº 6 de Alcalá de Henares, de fecha 10 de julio de 2012, el Obispo no cometió delito alguno, ni en la homilía de Viernes Santo, ni posteriormente en una entrevista televisada, aunque de sus palabras se desprendiera una “posición crítica” frente a “las ideologías que no orientan bien la sexualidad humana”. Esa crítica, se afirma, no entraña “injuria a los homosexuales en general, ni tampoco una llamada a su discriminación por razón de su orientación sexual”. Simplemente, pone de manifiesto, los pecados en que incurren “a veces” los homosexuales, y el sufrimiento que de ello se sigue.  Observa también el Juez, que: “La referencia al (…) infierno, además de no poderse considerar injuriosa, en un sentido mínimamente estricto, ha de enmarcarse en el contexto general de alusión al sufrimiento causado por el pecado…”. 
El Auto se pronuncia,además, sobre dos cuestiones de gran importancia, en las que sienta un precedente. En primer lugar, sostiene que lo que se manifiesta de acuerdo con la doctrina de la Iglesia, queda amparado por la libertad religiosa y la libertad de expresión. En este sentido dice: “Si bien es indudable que en la entrevista se mantiene una posición crítica hacia la homosexualidad, a la que califica de inclinación desordenada, ello no equivale en sentido estricto ni a una provocación al odio, ni tampoco a una injuria, además de aludirse en la entrevista en relación a esa cuestión, a la doctrina de la Iglesia, cuya defensa lícitamente puede sostener el obsipo al amparo de la libertad religiosa”. Y añade “Ciertamente, se alude en la entrevista a la posibilidad de ‘una terapia apropiada’, expresión en la que se incide en la comunicación de la oficina del Ayuntamiento de Barcelona. Sin embargo, la lectura de la entrevista completa (…) indica que a la hora de hacer esa alusión, el obispo cita de forma explícita y textual, el documento titulado “Sexualidad Humana: Verdad y Significado” del Pontificio Consejo para la Familia”.
En segundo lugar, reconoce que la doctrina de la Iglesia es respetuosa con los homosexuales, y que proscribe, además, que se les discrimine de manera injusta. Por eso dice al respecto: “De hecho y en contra de la existencia de un discurso injurioso o incitador al odio, en la expresada entrevista (…) se indica que bajo ningún concepto queremos ofender a nadie, sin embargo no renunciamos a anunciar la verdad en la caridad, además de señalarse que las personas con AMS (sic atracción hacia el mismo sexo) deben ser acogidas con respeto, compasión y delicadeza. Se evitará, respecto a ellos, todo signo de discriminación injusta”.  
Y es que resulta evidente, como ha apreciado el Juez, que el ánimo y el tono que mueve siempre a la Iglesia en sus declaraciones, nada tiene que ver con el que se exige en el delito por el cual se procesó nada menos que a un Obispo. Muy al contrario, cuando la Iglesia, a través de sus pastores, o de cualquier católico, dice lo que tiene que decir, y en lo que ahora nos concierne, sobre la homosexualidad, habla precisamente por el bien de los homosexuales y de toda la sociedad. Y no tiene menos derecho a hacerlo, que la Federación y el Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, los cuales, sin embargo, pretenden atribuirse el monopolio de la verdad y del bien sobre la orientación sexual de las personas. En virtud del Auto que comentamos, y con fundamento en los derechos a la libertad religiosa y de expresión, que la Constitución reconoce y obliga a respetar a todos, queda más que claro que el lobby homosexual tendrá que soportar el mensaje de la Iglesia, ahora y en adelante, de la misma forma que la Iglesia tiene que soportar, con disgusto, cómo la mentira se difunde impunemente como si fuera verdad, eliminando con ello de raíz, el presupuesto para el ejercicio de la libertad personal, que no es otro que el juicio moral de los actos. 
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