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El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha afirmado que el Gobierno tiene el “compromiso” de presentar la reforma de
“En todo caso, haremos un proyecto acorde a la doctrina del Tribunal Constitucional y de los convenios internacionales firmados por el reino de España, incluido el de Naciones Unidas para personas con discapacidad”, ha asegurado Gallardón al ser preguntado sobre la polémica suscitada a raíz de las novedades de la reforma.
El cumplimiento de los convenios internacionales y la doctrina del Constitucional serán así los “criterios” que tendrá en cuenta la modificación legal, según ha manifestado Gallardón tras participar en la firma de un acuerdo de actualización de medios con el presidente del Tribunal Supremo, Gonzalo Moliner, durante un acto celebrado en el alto tribunal.
Se tendrían en cuenta, por tanto, los criterios de igualdad y no discriminación que figuran en
“Los países”, señala
Lo que todavía no ha aclarado el ministro de Justicia acerca de la reforma de la ley es si mantendrá los otros dos supuestos que despenalizaban el aborto -violación y riesgo para la salud física o psíquica de la madre- y que en la práctica podrían suponer -sobre todo el segundo- una puerta abierta al aborto libre.
Las recomendaciones de Naciones Unidas apoyan por lo tanto la postura de Gallardón. Este hecho revela que la ley vigente en materia al aborto es contraria a las recomendaciones de Naciones Unidas sobre no fijar plazos distintos que distinga entre los fetos porque en la actualidad si un feto tiene malformación (lo cual se considera una distinción del feto) el plazo es mucho más amplio.
La “honestidad” de Gallardón
Ante el anuncio por parte del ministro de Justicia el Foro de
“Honra a Ruiz Gallardón –continuo Benigno Blanco-, haber planteado con toda claridad esta cuestión: no es razonable afirmar que los discapacitados tienen todos los derechos y, además, el del apoyo público positivo para superar sus dificultades; y, a la vez, defender que se les puede privar del derecho a la vida por la misma razón por la que son acreedores a una especial protección, dependiendo solo la especial protección o la eliminación del derecho a la vida de si han nacido o no”.
“Quizá sus afirmaciones han generado tanta polémica porque no estamos acostumbrados a que un político en activo sea intelectualmente honesto en vez de rendirse ante la dictadura de los pseudoprogresistas de salón que se arrodillan servilmente ante lo ‘políticamente correcto’ artificialmente definido por lobbys ideológicos y económicos de bajos vuelos”, ha apuntado el presidente del Foro de
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