El ministro de Justicia Ruiz Gallardón ha formulado en unas recientes declaraciones su voluntad política de dotar de una nueva regulación el aborto de forma que se ponga fin a la actual práctica sistemática de abortos por razones eugenésicas. Apoyamos esta actitud que, en definitiva, se fundamenta en la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la primera ley del aborto en la que se restringía y subrayaba la necesidad de que la mejora del estado del bienestar hacía innecesaria esta práctica y la evidente discriminación que significa que las personas discapacitadas no puedan nacer. Es un escándalo moral, por ejemplo, que los niños con Síndrome de Down hayan desaparecido prácticamente de nuestra sociedad porque la gran mayoría de ellos son abortados. He aquí una gran hipocresía, por un lado la sociedad dice que se preocupa por las personas que presentan esta diferencia y al mismo tiempo a las que están vivas se les comunica con claridad que a todos los que sufren esta situación física no tienen derecho a nacer.

La vida es el primer valor constitutivo a partir del cual son posibles los otros valores humanos. De aquí la radical situación que significa el negarla. La entrada en conflicto con otros derechos de los que la mujer es portadora tiene que situar cada uno de ellos en su justo valor y es evidente que no hay ninguno superior al derecho a vivir.

Para oponerse a la futura medida se argumentan casos extremos. Una vez más se intenta frenar la racionalidad a través de la exageración y el emotivismo. Exageración porque no hay ninguna legislación que pueda ser buena si se hace considerando sólo fundamentalmente los casos extremos. Emotivismo porque la determinación de lo que está bien no es una cuestión de opinión o preferencias personales, sino un hecho objetivo que toda sociedad bien constituida tiene capacidad para reconocer. En este caso el bien es la vida.