inicio
  Miércoles, 22 de octubre de 2014
Bookmark and Share
  Votar:  
Resultado: 0 puntos0 puntos0 puntos0 puntos0 puntos   0 votos
29/03/2006 - La firma
Laicidad y símbolos religiosos (II)
La normativa francesa, y algunas normativas socialistas en España, no son neutrales sino activamente contrarias a los signos religiosos.
 Noticias relacionadas
Àlex Seglers

En el anterior artículo decía que la laicidad y la seguridad pública eran los soportes del Estado francés para limitar el turbante y el velo, a diferencia de lo acontecido en la experiencia jurídica canadiense, mucho más permeable. Pero, ¿qué ocurre en España?

Al margen de las fotografías del D.N.I. –que recordemos principiaron a mediados de los ochenta–, más acá en el tiempo se abrió un expediente disciplinario a un conductor de autobuses judío. Alegaban que había vulnerado el Convenio colectivo de la empresa de transportes municipales en la que venía prestando sus servicios. El convenio, que regulaba la indumentaria obligatoria con la que debían vestir los empleados, excluía los sombreros u otros complementos similares que cubriesen la cabeza.

En su sentencia de 9 de septiembre de 2002, el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares reconoció, en primer lugar, el poder de dirección y organización del empresario, que «legitima en ocasiones para imponer a los trabajadores la uniformidad de vestimenta durante la prestación de su trabajo». Pero tal ámbito de decisión patronal no puede atentar «a la dignidad y honor del trabajador […] o a cualquiera de los derechos fundamentales o libertades públicas que reconoce la Constitución», ya que son los límites al ius variandi empresarial.

Asimismo, recuerda la sentencia que «no existen derechos ilimitados, y el derecho de la empresa a imponer a sus empleados el uso de un uniforme determinado puede ceder si colisiona con un derecho al cual se haya de atribuir un rango preponderante.» Y este derecho –obviamente–, es el de poder manifestar a través de la indumentaria las propias convicciones derivadas del ejercicio de la libertad religiosa.

En efecto, a continuación el tribunal confirma que la kipa (el casquete que usan los varones judíos), «no obedece a un mero capricho o al seguimiento de modas [dado que el actor] es miembro de la Comunidad Israelita de Mallorca y practicante de la religión judía desde hace unos 23 años, […] esta creencia considera necesario tener siempre cubierta la cabeza en señal de respeto a la divinidad» [1]

Así pues, y basándose en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el ejercicio de la libertad religiosa, la utilización que el conductor hace de la kipa, «constituye para el demandante un acto prescrito por su religión, de manera que el conflicto se plantea entre el derecho de la empresa a dirigir la actividad laboral […] y el derecho fundamental a la libertad religiosa de uno de sus empleados […] que incluye, junto a la garantía de la existencia de un claustro íntimo de creencias y, por tanto, de un espacio de autodeterminación intelectual ante el fenómeno religioso, una “dimensión externa de agere licere que faculta a los ciudadanos para actuar con arreglo a sus propias convicciones y mantenerlas frente a terceros”»

Como se desprende de la decisión expuesta, en un conflicto de esta naturaleza prevalece la doctrina de la ponderación de los intereses en juego y las circunstancias que concurran según cada una de las situaciones concretas.

A juicio del Tribunal Superior, la conducta del empleado no ha causado «ningún tipo de daño o menoscabo a la imagen de la empresa, como tampoco ningún tipo de incidente o trastorno durante la ejecución del servicio o, más en general, ninguna clase de perjuicio.» En consecuencia, parece razonable que el tribunal se pregunte por qué razón la empresa, que había consentido la kipa durante años, cambie ahora bruscamente de actitud.

Como quiera que ni la actividad empresarial ni los intereses empresariales quedan afectados negativamente, «no se ve razón atendible que justifique en derecho una decisión de la empresa, rayana, pues, en el autoritarismo, que hiere, sin provecho para sí, los sentimientos religiosos de uno de sus empleados constitucionalmente tutelados; máxime cuando la demandada es una empresa municipal y por tanto perteneciente al sector público, y puede que, por ello, más comprometida que las de puro carácter privado con el cumplimiento efectivo de los valores constitucionales.»

De lo escrito hasta aquí, puede deducirse que existen diferencias entre los símbolos religiosos estáticos y los personales. Mientras que los primeros no suelen dimanar del ejercicio directo de la libertad religiosa, los segundos sí.

En cualquier caso, tanto las Universidades como el resto de las instituciones públicas son espacios regidos por normas de especial sujeción, que regulan aspectos variados como son los horarios o ciertas conductas del personal. Es por ello que las manifestaciones de la libertad religiosa pueden –en ciertos casos– colisionar con determinados intereses preponderantes o límites legales de orden público.

No obstante, para la resolución de este tipo de conflictos parece más aconsejable acudir a la doctrina de la ponderación de los intereses en juego. No fue ése el ejemplo de la Loi n.º 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics. Con esta ley se prohibieron las indumentarias que visualizasen signos religiosos ostensibles. Y en idéntico sentido hay que citar la Proposición no de ley de 7 de mayo de 1999, que presentó el Grupo parlamentario del PSOE, que instaba al gobierno central a que adoptara todas «las medidas oportunas para que en los centros docentes públicos la actividad educativa se desarrolle con sujeción al principio de neutralidad ideológica y respeto de las opciones religiosas y morales a que hace referencia el artículo 27.3 de la Constitución, e impida la utilización de cualesquiera símbolos que pudiesen violentar los derechos reconocidos constitucionalmente.» (Ref. 082717, Secretaría General del Congreso de los Diputados).

Ni la normativa francesa ni la proposición no de ley pueden considerarse neutrales, puesto que se decantan por una laicidad rigurosa, cercana al laicismo. Por ello –ha señalado el Prof. Santiago Cañamares– «la solución a estos conflictos sólo puede resultar de una valoración que tenga presente en cada supuesto las peculiaridades que rodean a cada caso. De esta manera, se deben rechazar las soluciones abstractas orientadas a resolver la generalidad de los conflictos en que pueda verse implicada alguna manifestación derivada del ejercicio del derecho de libertad religiosa. […] Se trata, por tanto, de armonizar estas dos dimensiones, la política o estatal, con la religiosa […]. Aplicando esta doctrina a la casuística que nos ocupa bien se podría afirmar que la laicidad del Estado no puede mostrar su faz hostil al ejercicio del derecho de libertad religiosa, sino que, antes bien, debe ser precisamente esta libertad la que condicione la laicidad del Estado.»

Enviar por correo
  Votar:  
Resultado: 0 puntos0 puntos0 puntos0 puntos0 puntos   0 votos
Identificarse
Recordarme              Lo olvidé   |   Registrarse


© 2004-2014 FORUM LIBERTAS | Noticias de actualidad en España
Logotipo de C2C Logotipo de SPC