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12/11/2007 - Sociedad
Nueve de cada diez grandes dependientes aún no han recibido las ayudas del 2007
La cifra podría ser cuatro veces mayor, según un informe del BBVA; Zapatero admite el retraso e incluso EL PAÍS recoge el caos en la aplicación de la ley
Sólo uno de cada diez dependientes dispone del plan individual de atención contemplado en la ley
El ministro Caldera posó orgulloso de su Plan con los dependientes, pero el presupuesto de ZP es a todas luces insuficiente para atenderlos a todos
Víctor Ruiz

La puesta en marcha de la Ley de Dependencia se está llevando a cabo a ritmo de AVE, o sea con un gran retraso e innumerables ‘agujeros’. El propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, admitió el pasado miércoles la lentitud con que se está aplicando la ley.

 

De hecho, los grandes dependientes tenían derecho a la ayuda durante 2007, según las previsiones del Gobierno. Sin embargo, tendrán que armarse de paciencia y esperar: nueve de cada diez todavía no están incluidos entre los que debían ser atendidos.

La cifra de los llamados dependientes de ‘grado III’, ignorados hasta ahora por la ley, podría ser cuatro veces mayor si se tienen en cuenta estudios elaborados por expertos de reconocido prestigio.

 

Cabe recordar que, mientras el Gobierno calcula en casi 200.000 el número de grandes dependientes, un informe del BBVA cifra ese colectivo en más de 830.000 personas con gran dependencia.

 

Según ese informe, se habría producido otro gran agujero en cuanto a las cifras económicas, puesto que no hay dinero suficiente para atenderles a todos.

 

“Lenta y difícil”

 

La lentitud con la que se está llevando a cabo el compromiso de Zapatero con las personas dependientes, tal como recoge una información publicada por el diario EL PAÍS el pasado viernes, 9 de noviembre, tiene un enorme calado político ya que se trata quizás del proyecto más importante de entre las promesas sociales emprendidas por el Ejecutivo socialista.

 

Al mismo tiempo, un estudio de CC.OO hecho público hace cinco días denunciaba que la aplicación de la ley es “lenta y difícil”.

 

Según EL PAÍS, el total de personas dependientes de todo tipo que han solicitado ser evaluadas en España es de 332.103. De esta cifra, 148.843 son evaluaciones concluidas, pero los grandes dependientes con un plan individual de atención puesto en marcha son únicamente 22.853.

 

Así, en relación a las 200.000 personas con gran dependencia calculadas por el Gobierno, y a menos de dos meses de concluir el plazo para que sean atendidas, prácticamente sólo uno de cada diez grandes dependientes de los que tenían derecho a la ayuda este año lo ha conseguido.

 

Además, los nuevos beneficiarios de este sistema no llegan a los 3.500 y el resto son grandes discapacitados que ya estaban atendidos por la Administración en residencias o mediante ayudas económicas.

 

Sin recursos económicos

 

Los datos publicados por EL PAÍS no sólo ponen de manifiesto que la puesta en marcha de la Ley de Dependencia no llega a todos los grandes dependientes que la necesitan, sino que también vienen a corroborar la información que ForumLibertas.com ya publicó el pasado 27 de junio, esto es que el presupuesto que el Gobierno destina a uno de sus proyectos estrella es a todas luces insuficiente.

 

Hay que destacar de esa información que el estudio de la Fundación BBVA Longevidad y Dependencia en España calcula que en 1999 ya había 838.018 personas con gran dependencia, mientras que la Memoria de la Ley, de 2005, contabilizaba tan sólo 194.508 grandes dependientes.

 

Los costes para atender a los grandes dependientes en residencias, calculando que entre un 65% y un 85% serán atendidos en este tipo de centros, variaban sustancialmente entre los cálculos para la Memoria de la Ley o los del BBVA.

 

Teniendo en cuenta que el coste anual de una residencia en España es de una media de 62,34 euros por día, en base a un 65% de dependientes atendidos el coste total calculado según la memoria era de 2.876.805.414 euros.

 

Según el estudio del BBVA, la cifra se disparaba hasta los 10.785.582.250 euros. En cualquier caso, ambas cantidades están a años luz del presupuesto del que dice disponer el Gobierno para la financiación de las ayudas: 850 millones.

 

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