La anti-Suecia: nuestro Estado abarca mucho y cumple poco

En el mundo desarrollado, especialmente el anglosajón, existe la convicción de que el Estado debe hacer pocas cosas y hacerlas muy bien. En el área nó…

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En el mundo desarrollado, especialmente el anglosajón, existe la convicción de que el Estado debe hacer pocas cosas y hacerlas muy bien.

En el área nórdica, donde la socialdemocracia ha marcado la concepción del Estado, la condición inicial era más bien la opuesta: un gran Estado benefactor que actuaba en todos los campos.

La grave crisis económica de los años 90, que estuvieron a punto de dar al traste con el modelo de bienestar sueco, dio pie a toda una revolución, la del derecho a elegir, donde el Estado se encarga solo de crear las condiciones que permiten a la propia comunidad desarrollar la respuestas a sus necesidades. El Estado se autolimita en su capacidad de intervención.

El resultado ha sido excelente: se ha salvado el estado del bienestar y la eficacia, eficiencia y economía es mucho mejor.

En Suecia, el paradigma socialdemócrata, impera el cheque escolar, cosa que aquí merecería la excomunión del post socialismo liberal y a la vez corporativo. Lo mismo sucede con la sanidad.

Existe, por consiguiente, un sector público mucho más reducido y dotado de gran autonomía que compite en igualdad de condiciones con un sector privado, y cada ciudadano, en función del cheque, decide a quien recurre. Las competencias en servicios sociales dependen de los municipios y, por ello, presentan una mayor dispersión por lo que al modelo se refiere, pero allí donde gobierna la socialdemocracia, o el centro derecha, también se tiende a aplicar el equivalente al cheque.

En España impera todo lo contrario: el Estado se reserva amplios capítulos y su insolvencia es terrible incluso en aquellos que son elementales, básicos, como el de la Administración de Justicia.

El fracaso anunciado de la Ley de Dependencia  tanto por falta de recursos económicos como humanos, está ya emergiendo en los medios de comunicación por las quejas de las familias, dado el flagrante incumplimiento de una ley aprobada en enero, cuyos objetivos para este año, que ni de lejos se alcanzarán.

Es un ejemplo de cómo el Estado adquiere nuevos compromisos, genera esperanzas, que se convierten en frustraciones y desengaños, por su incapacidad manifiesta para realizarlas.

Pero todavía hay cosas más graves, porque forman parte de aquello que apuntábamos, de lo esencial. Grandes inundaciones han afectado a la Comunidad Valenciana, sobre todo, a través de las riadas que dañaron la comarca alicantina de la Marina Alta.

Evidentemente llovió mucho pero la causa fundamental de la catástrofe fue la obstrucción de seis puentes que forzaron la inundación. Si esto no hubiera ocurrido, si el cauce del río Girona hubiera estado razonablemente limpio, estos daños no se habrían producido.

Hay una dejación formidable de la Confederación Hidrográfica, que constituye una de las competencias más vigiladas del propio Estado, y con razón, porque se trata de mantener la unidad de cuenca que supera las divisiones autonómicas.

Que el Estado no sea capaz de mantener un mínimo nivel de seguridad en los cursos de ríos y rieras, sobre todo los de la vertiente mediterránea, que de siempre están aquejados por un sistema de lluvias torrencial, es un escándalo de grandes proporciones que se ha saldado con la muerte de personas y enormes daños materiales.

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