La consejera de Salud de la Generalitat exhibe su intención de dar prioridad absoluta al aborto

La consejera de Salud de la Generalitat, Marina Geli, exhibió el pasado jueves, en el Parlamento catalán, su intención de dar prioridad absoluta al ab…

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La consejera de Salud de la Generalitat, Marina Geli, exhibió el pasado jueves, en el Parlamento catalán, su intención de dar prioridad absoluta al aborto financiado con fondos públicos. En la respuesta a una interpelación formulada por la diputada Dolors Comas d’Argemir (Iniciativa-Verds y, por tanto, socia de Gobierno), Geli utilizó un tono informal nada habitual en el lenguaje parlamentario para decir, entre otras muchas cosas inconexas, que “tenemos que ir más allá (de la ley despenalizadora de 1985), pero con un debate sereno para conseguir el objetivo fundamental y volver a decir claramente… que es absolutamente compatible y hay que fortalecer la prevención del embarazo no deseado, pero también, evidentemente, hemos de dar la posibilidad de la interrupción voluntaria del embarazo con ese hijo no deseado. Además de compatible, esto es necesario”.

Sin entrar en detalles sobre ciertas incorrecciones expresivas, la consejera presenta el aborto como algo normal, cuando se trata de un delito tipificado en el Código Penal, aunque esté despenalizado en algunos supuestos. Pero no se acaba todo aquí. Después de afirmar que “el mecanismo (de practicar abortos) a través de la Asociación Salud y Familia continúa siendo propicio, Marina Geli reconoce que el 96 por ciento de los abortos se practican “en los centros acreditados privados”. “Esto lo tendremos que solucionar”, dijo.

En este contexto, y tras aplaudir las propuestas de la parlamentaria de Iniciativa que acababa de presentar la interpelación, la consejera de Salud prometió estudiar un aumento de los abortos costeados por la sanidad pública, aumentando el número de las que se practican en hospitales públicos o bien a través de conciertos con las clínicas privadas que practican abortos. Por tanto, la Generalitat dice ahora que financiará más abortos a través de las clínicas privadas. Esto obliga a preguntarse: ¿Por qué la mayoría de mujeres que quieren abortar acuden a clínicas privadas y no a los hospitales públicos? Sencillamente porque, en los centros privados, es más fácil el fraude de ley. Pero a pesar de ello, la Generalitat parece que quiere entrar en este “juego”.

Teniendo en cuenta que un aborto cuesta aproximadamente entre 450 y 500 euros y que se practicaron en Cataluña 16.600 abortos en 2003, financiar todos los abortos supondría, para el ejecutivo catalán, un gasto total de unos 7,5 millones de euros al año. Aunque no fuese todo, lógicamente la cifra también sería muy importante. A ello hay que sumar los 500.000 que supone la campaña para la gratuidad de la píldora abortiva del día después, una iniciativa presentada hace pocas semanas también por la Generalitat. Cabe recordar, además, que en estos momentos el aborto ya se subvenciona en una proporción que está entre el 25 y el 75 por ciento, a través de la Asociación Salud y Familia que tanto elogió el jueves la consejera de Salud en su intervención parlamentaria.

Pero la conclusión es otra pregunta: ¿Cómo es posible que la Generalitat quiera dedicar unos cuantos millones de euros al aborto mientras miles de ciudadanos ven sus nombres apuntados en largas listas de espera, con problemas mucho más graves, y que suponen en algunos casos un peligro para la vida de esas personas? Esto sólo tiene una explicación: El Departamento de Sanidad del Gobierno catalán considera el aborto una prioridad absoluta.

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