La Fiscalía y e-Cristians presentan sendos contundentes recursos contra la sentencia absolutoria a Morín

El diario El Mundo ha tenido acceso al escrito que ha preparado el fiscal del Supremo José María Álvarez Anillo para recurrir la …

El diario El Mundo ha tenido acceso al escrito que ha preparado el fiscal del Supremo José María Álvarez Anillo para recurrir la sentencia absolutoria al doctor abortista Carlos Morín y sus colaboradores. En él se retiran los cargos por asociación ilícita, pero se expresa un contundente alegato contra la resolución absolutoria, de la que afirma que incurre en “incoherencias y contradicciones” y sostiene que hace un razonamiento “contrario a las reglas de la lógica” y “una valoración sesgada y parcial de la prueba practicada”. “Se desconoce de modo absoluto cuál o cuáles son las pruebas que sustentan la declaración de hechos probados”, reprocha.

El representante del Ministerio Público defiende la constitucionalidad de la nueva ley de plazos, que se encuentra pendiente de un recurso del PP y cuya legalidad fue cuestionada en 2009 por el Consejo Fiscal. En su escrito, expone que la norma considera al nasciturus “como expresión de vida merecedora de protección”, por lo que “se ajusta a la doctrina constitucional vigente”.

Añade que del contenido de la Ley del Aborto y de la jurisprudencia se desprende la obligación del Estado de “adoptar conductas positivas de tutela” del concebido a partir de la semana 14 de gestación, entre las que se encuentra la de exigir un dictamen previo que acredite que existe un riesgo para la salud psíquica de la mujer que quiera abortar con ese argumento después del plazo legal.

Supuestos abortos ilegales con apariencia legal

La instrucción del caso de Morín se centró en averiguar si el médico peruano practicó en sus clínicas de Barcelona centenares de abortos a los que habría dado apariencia de legalidad con falsos informes para acreditar el “grave peligro” para la salud psíquica que la ley exigía hasta 2010 cualquiera que fuese el momento de la gestación. La norma requería además que “así conste en un dictamen emitido con anterioridad a la intervención por un médico de la especialidad correspondiente”. En ese año entró en vigor la nueva Ley del Aborto, que deja a la decisión de la mujer el aborto en las primeras 14 semanas de gestación, por lo que la causa tuvo que ceñirse sólo a los abortos practicados a partir de ese plazo, que para la Fiscalía quedaron reducidos a 89, en los que se incluyen tres casos de malformaciones en el feto.

La Audiencia de Barcelona absolvió a los acusados al dar por válidos todos los informes psiquiátricos, aunque admite que se limitaban a reproducir un “modelo estandarizado en el que constaba como diagnóstico médico una ‘reacción a estrés grave mixto de ansiedad y depresión’”. Reconoce que muchas de las pacientes “o no recuerdan o directamente niegan haber mantenido una entrevista con un psiquiatra” y que algunas rechazaron haber rellenado o incluso firmado los test en los que aparentemente se fundamentaban los supuestos dictámenes.

La sentencia parte de la premisa de que “todo embarazo no deseado supone por sí mismo una situación de evidente riesgo para la salud psíquica de la embarazada”, en lo que constituye una libre interpretación de los jueces de la Ley vigente en la actualidad. “Lo que la ley exige es un dictamen emitido por un especialista en el que conste el grave peligro para la salud psíquica para la embarazada y es a la realidad de tal circunstancia a la que habrá de atenderse”, argumenta, y añade que, “si además de sustraer a la mujer embarazada la decisión final […], se pone en duda la profesionalidad de quien emite un dictamen sin una prueba cierta de su mendacidad, quedaría en papel mojado la decisión del legislador de despenalizar parcialmente el aborto”.

El fiscal, además de discrepar “tajantemente” de esa interpretación de la nueva ley de plazos, se queja, en primer lugar, de que el tribunal no haya valorado las declaraciones que hicieron durante la instrucción varios acusados que en el juicio sólo respondieron a sus defensas. Destaca las de los dos psiquiatras, que admitieron haber emitido dictámenes cuando el aborto ya se había practicado y que en muchos casos ni siquiera se entrevistaban personalmente con la paciente. Y la del propio doctor Morín, que en la descripción paso a paso de los trámites que seguían las mujeres cuando acudían a la clínica, tuvo un lapsus significativo: olvidó mencionar el de la visita al psiquiatra.

Asimismo, argumenta que la interpretación que hace la Audiencia “minimiza la trascendencia del dictamen hasta el punto de entender que no es imprescindible la preceptiva entrevista a la paciente y que puede basarse en los datos aportados en un test”. De estos cuestionarios, afirma que es “del todo punto incomprensible” que les dé validez incluso si “han sido rellenados por terceras personas”. “Resulta mucho más chocante tratándose, además, del elemento nuclear que puede determinar que el embarazo sea o no interrumpido”, razona.

E-Cristians también ha recurrido

La acción popular que ejerce la asociación e-Cristians ha presentado igualmente un recurso contra la absolución del doctor Carlos Morín en el que reclama al Supremo la repetición del juicio en la Audiencia de Barcelona -ante una terna de jueces diferente- por haber denegado la práctica de pruebas que considera pertinentes, útiles y necesarias. El escrito, que ha preparado el catedrático de Derecho Penal Jesús-María Silva, observa que “la conclusión alcanzada por el Tribunal en cuanto a la suficiencia de los dictámenes psiquiátricos emitidos en los casos objeto de recurso se asienta en premisas disconformes con las reglas de la lógica, de la experiencia, de la interpretación jurisprudencial en materia de distribución de la carga de la prueba de los hechos impeditivos de la responsabilidad criminal, así como de la regulación vigente en materia de aborto no punible. Se trata, como se verá, de casos en los que los psiquiatras no visitaron a las pacientes”.

Además, el texto considera que “se ha mostrado carente de una motivación racional compatible con las leyes de la lógica” la conclusión del Tribunal de que los dictámenes psiquiátricos serían válidos aunque la realización de las entrevistas entre las mujeres embarazadas y los psiquiatras no hubieran tenido lugar. Por ello considera que el Tribunal “ha mostrado la contaminación de éste con múltiples vicios que la inhabilitan para sostener la conclusión pretendida”.

“Así las cosas, debe considerarse acreditado que los psiquiatras emitieron sus dictámenes infringiendo deberes deontológicos y jurídicos esenciales. Constándoles obviamente con dolo directo que esos dictámenes habrían de amparar la práctica de delitos de aborto, obraron como mínimo con ignorancia deliberada acerca de la posibilidad de que la prosecución del embarazo no supusiera ningún grave riesgo para la salud psíquica de las gestantes”, argumenta el texto, y para ello recuerda que no mantuvieron entrevistas con las mujeres embarazadas “como éstas han declarado en muchos casos de modo incontestable”, y emitieran sus “dictámenes” teniendo como único objetivo “la contribución al pretendido blindaje de la producción del abortos al margen de la ley”.

Además, el escrito hace extensible la denuncia como “coautores dolosos” al doctor Morín y su esposa Durán, ya que, según la acusación popular “desde su posición de dirección de los centros médicos, no podían ignorar el modo de proceder de los psiquiatras, al tiempo que estaban obligados, en virtud de su posición de garante, a poner fin a ese modus operandi”.

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