La ideología y el sistema educativo

El Estado es el que debe ayudar y proteger a las familias en la educación de sus hijos, y no las familias las que colaboran con el Estado

España es un país que logró consolidar su sistema democrático, a pesar de los complejos retos de la transición, cuando fue capaz de cimentar la organización del nuevo Estado dando prioridad a los ciudadanos frente a las ideologías. “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado” reza el primero de los artículos de su constitución. Son los poderes del Estado los que emanan del pueblo español y no al revés.

De ahí también el régimen y funcionamiento del sistema educativo: el Estado es el que debe ayudar y proteger a las familias en la educación de sus hijos, y no las familias las que colaboran con el Estado: “Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones” (artículo 27.3).

Sin embargo, este principio básico se pone en peligro cuando las ideologías intentan influir directa o indirectamente en el sistema educativo. Dicha intromisión es ilegítima tanto si es suscitada por un solo partido como si lo es por una mayoría de partidos.

Son varios los ataques al artículo 27.3 de la Constitución:

En primer lugar, está en peligro la libertad de enseñanza cuando se obstaculiza la elección del centro educativo así como la creación de nuevos centros. Los gobiernos de algunas comunidades autónomas han planteado una oposición ficticia entre la escuela pública y la concertada, creando una confrontación ilusoria entre los gastos que se invierten en la enseñanza concertada, respecto de los gastos que se dedican a la pública. Como si los primeros fueran sustraídos de los segundos. Cuando la realidad es muy otra: el gasto de cada alumno en la enseñanza pública resulta casi el doble del gasto de un alumno en la enseñanza concertada lo que supone un ahorro de más del 40%.

La “confrontación” entre ambos sistemas es un mito creado por la ideología, pues un colegio concertado es un centro de iniciativa social que ofrece un servicio a cualquier ciudadano que desee utilizarlo. En rigor se trata de una enseñanza pública concertada. ¿No habíamos quedado en que la soberanía nacional reside en el pueblo español, y que de éste emanan los poderes del Estado? ¿Con qué potestad se arrogan estos partidos políticos el derecho a elegir la educación que deben recibir los menores de edad?

Esta intromisión atenta gravemente contra el sistema democrático y solo se justifica desde la irracionalidad de una ideología que necesita falsear los datos de la realidad: junto al mito del coste de la enseñanza concertada se crea el mito de su elitismo ocultando los logros admirables en el ámbito de integración tanto de inmigrantes como de alumnos con necesidades educativas especiales en buena parte de estos centros. Sirva a modo de ejemplo el premio concedido por la Consejería de Educación del gobierno socialista de Castilla la Mancha al colegio Virgen del Carmen “por su trabajo e implicación en la escolarización con el alumnado con necesidades educativas especiales”.

La segunda amenaza procede de la intromisión de la ideología en las aulas. El Tribunal Supremo alertó severamente de este peligro:

“las asignaturas que el Estado, en su irrenunciable función de programación de la enseñanza, califica como obligatorias no deben ser pretexto para tratar de persuadir a los alumnos sobre ideas y doctrinas que –independientemente de que estén mejor o peor argumentadas– reflejan tomas de posición sobre problemas sobre los que no existe un generalizado consenso moral en la sociedad española. En una sociedad democrática, no debe ser la Administración educativa -ni tampoco los centros docentes, ni los concretos profesores- quien se erija en árbitro de las cuestiones morales controvertidas. Estas pertenecen al ámbito del libre debate en la sociedad civil, donde no se da la relación vertical profesor-alumno, y por supuesto al de las conciencias individuales”.

Sin embargo, las actuales leyes contra la discriminación de las personas homosexuales y transexuales de varias comunidades autónomas infringen abiertamente estas advertencias cuando, en nombre de la no discriminación, rebasan este fin loable para introducir políticas activas de aceptación de un modo concreto de entender la sexualidad y la afectividad. Ni siquiera las graves discriminaciones sociales y jurídicas que históricamente ha padecido este colectivo justifican la apología de su estilo de vida –ni de ningún otro–.

Estas leyes avalan el “derecho a autodeterminarse” de estas personas en materia sexual –lo cual es perfectamente legítimo- pero para ello decretan la enseñanza obligatoria, en todos los centros escolares, de sus criterios en materia de sexualidad y afectividad. Pero, además, imponen severas sanciones a los centros, profesores o padres que manifiesten que no les interesa su estilo de vida o no deseen que se les muestre a sus hijos en la escuela como un estilo de vida recomendable o digno de imitación o aprecio.

El criterio sagrado de la dignidad de la persona –sea cual sea su condición– es fagocitado por el adoctrinamiento en un modelo antropológico concreto, definido por la llamada ideología de género.

Una ideología que se encuentra presente también en varias de las leyes estatales creadas con el fin legítimo de la igualdad jurídica de hombres y mujeres. Pero que, para llevarlo a cabo, intenta imponer un modelo antropológico y ético discutible.

La ideología de género niega que las diferencias entre mujeres y hombres tengan fundamento en la naturaleza, sosteniendo en cambio, que son construidas exclusivamente de modo cultural. Consecuentemente, pueden ser modificadas según el deseo individual. Por el mismo motivo también se podrá “crear” cualquier orientación sexual o incluso “cambiar de género” si se desea, haciendo de la excepción psicológica una norma. Se trata de una visión de la Ética en la que el fundamento del bien y el mal es ajeno por completo a las condiciones de nuestra naturaleza, y procede exclusivamente de una decisión humana. Una orientación ética que aplaude las decisiones individuales sin revisar sus condicionamientos, deficiencias o errores: algo es bueno, por el hecho de ser deseado. Lo pulsional prevalece sobre lo racional.

Sin embargo, el “feminismo de género” no tiene el monopolio intelectual de la lucha por los derechos de la mujer: el llamado “feminismo de la diferencia” reivindica esa misma lucha considerando que las diferencias naturales entre hombres y mujeres, lejos de ser fundamento de toda discriminación, constituyen dos modalidades de la condición humana complementarias y necesarias para el enriquecimiento de la sociedad. ¿Con qué modelo hemos de quedarnos entonces?

Lo que es obvio es que estos planteamientos antropológicos configuran unas doctrinas éticas y filosóficas controvertidas en la sociedad…, precisamente aquello que el Tribunal Supremo advirtió con rotundidad que debía evitarse en el sistema educativo.

Y frente a todo ello ¿qué debe hacer la sociedad?, ¿qué deben hacer los padres, responsables primeros en la educación de sus hijos pues la naturaleza les ha dado autoridad por encima del Estado? La respuesta –en un Estado Democrático y de Derecho– no puede ser otra que exigir a las autoridades que se negocien los cauces legales necesarios para garantizar la neutralidad ideológica y moral en la escuela de acuerdo a los principios constitucionales.

La sociedad entera debería velar porque se respete la libertad de conciencia, y los padres en particular deberán exigir a los centros que se exima a sus hijos de la asistencia a las clases y actividades que no respeten los principios constitucionales interpretados por el Tribunal Supremo. Y cuando esto no fuere garantizado, deberán iniciar

la pertinente denuncia ante la Administración educativa correspondiente, y, en su caso, la interposición de recurso contencioso-administrativo por el procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales de la persona.

Frente al poder de las ideologías cada vez se hace más necesaria la información, y la asociación de fuerzas para una acción comprometida. La identidad del estado democrático y la libertad están en juego.

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