Padres, madres, alumnos, profesores, sindicatos y organizaciones educativas de todo color ideológico reunidos en el Consejo Escolar del Estado se han lanzado en contra (total o parcialmente) de la nueva ley educativa con la que el Gobierno quiere revertir los cambios promovidos por el PP en la ley Wert. Una ley que nace muerta pues su tramitación parlamentaria quedará suspendida una vez que el 5 de marzo se disuelvan las Cortes.
Es precisamente, el sesgo político de la «ley Celaá» y el escaso papel de las familias lo que más preocupa a las organizaciones educativas.
La comunidad educativa criticó, a través de sus enmiendas, que se margina al castellano y a la asignatura de Religión, que se promueve el derecho a la educación o al principio de participación pero se deja de lado la libertad de enseñanza (tal como marca la Constitución), que se limita el derecho de las familias a elegir la educación que quieren para sus hijos, que se elimina la referencia a la «demanda social» («la demanda social es el principio inspirador de los sistemas democráticos», sostiene CONCAPA), que falta financiación o que se ignora al profesorado, entre otras cuestiones.
La reforma de la Ley Orgánica de Educación («ley Celaá») que aprobó el 15 de febrero el Consejo Escolar del Estado con un escaso margen demuestra la enorme falta de consenso. Dicha ley no solo no resuelve algunos de los graves problemas de nuestro sistema educativo, sino que en algunos aspectos los profundiza. La titular de Educación aseguró que «es un proyecto de ley progresista que conecta con las corrientes educativas en Europa y en la ONU. Es un proyecto de ley del siglo XXI».
Los máximos responsables de la educación de sus hijos son los padres. La escuela no es propiedad del Estado o de los partidos; debe estar al servicio de la familia y de la sociedad.
