La prostitución en el siglo XXI

El Ayuntamiento de Barcelona ha presentado una nueva ordenanza de convivencia en la que se propone, entre otras medidas, prohibir el ejercicio de la p…

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El Ayuntamiento de Barcelona ha presentado una nueva ordenanza de convivencia en la que se propone, entre otras medidas, prohibir el ejercicio de la prostitución en la vía pública y sancionar no sólo a quienes la ejerzan, sino también a sus clientes.
 
La medida ha sido criticada desde varios frentes: los hay que condenan una supuesta intromisión de la Administración municipal en asuntos que consideran de carácter “moral”; otros creen injusto sancionar a los clientes; también hay quien considera que perseguir a mendigos y prostitutas es atacar a los más débiles y marginados de la sociedad.
 
De los tres argumentos sólo comparto, y no en su totalidad, el tercero: la marginación debe combatirse de otro modo, con medidas globales, si bien es cierto que un ayuntamiento tiene la obligación de regular el uso del espacio público, para que todo el mundo pueda disfrutarlo.
 
En cualquier caso, sí me parece necesario abrir una reflexión sobre el tratamiento que debe recibir la prostitución en un estado democrático en estos inicios del siglo XXI.
 
El ejemplo del tabaco y el alcohol
 
Vayamos por partes. Hace unos años, más bien pocos, fumar o beber alcohol, eran conductas que podían ser juzgadas desde una perspectiva moral (sobre todo en el caso del alcohol, cuando su consumo era excesivo y provocaba desórdenes varios) pero que no tenían trascendencia alguna para las leyes. Hoy en día, el lema es “tolerancia cero”: no puedes probar ni una gota de vino si te sientas al volante y muy  pronto estará totalmente prohibido fumar en todos los lugares públicos.
 
Está claro, por lo tanto, que determinadas conductas han sido objeto de revisión por parte del legislador y hoy en día son sancionables, incluso penalmente, cuando hace apenas unos años ni siquiera merecían una reconvención privada. Nadie habla de intromisión moral en esos casos, sino que se acepta, más o menos de buen grado, la necesidad de regular esas situaciones por el perjuicio que pueden provocar a los demás.
 
La prostitución es un fenómeno tan viejo como la humanidad que, actualmente, genera nuevos problemas que también deberían ser afrontados sin miedo y sin falsos prejuicios. La prostitución callejera genera inseguridad y riesgos sanitarios. Una gran parte de las prostitutas reconocen que ejercen su oficio porque no tienen otro remedio, o porque son extranjeras y no disponen de un permiso de trabajo, o están en manos de proxenetas o de mafias que las explotan, a menudo se inician mediante engaño cuando son menores de edad… 
 
Suecia, hacia la abolición
 
En Suecia existe una ley, en vigor desde 1999, que afrontó la prostitución desde una perspectiva nueva, inspirada en el denominado derecho feminista, y en el contexto de una legislación más amplia sobre violencia de género. Suecia, paraíso de la libertad sexual en los 60 y 70, se cuestionó lo que hasta la fecha se consideraba indiscutible, y decidió que dar por válida la idea de que ciertas mujeres podían ser compradas resultaba inaceptable.
 
En consecuencia, la ley sueca penaliza al que compra sexo (normalmente un hombre) y exime de responsabilidad criminal a quien se prostituye (normalmente una mujer). Para esa ley, la prostitución constituye una forma de violencia masculina contra mujeres, niñas y niños, una forma de explotación.
 
Hay que tener en cuenta además que en Suecia, la mujer tiene un papel fundamental y los movimientos feministas llevan a cabo un esfuerzo ingente para conseguir la igualdad social de ambos sexos, así que decidieron proteger a la parte más débil y castigar al poderoso, al cliente.
 
La ley también preveía recursos suficientes para reintegrar socialmente a las prostitutas que quisieran abandonar el oficio, campañas educativas y medidas policiales para garantizar su cumplimiento. En ciudades como Estocolmo, la prostitución callejera se ha reducido en dos tercios y la de clientes en un 80% y prácticamente ha desaparecido el tráfico de inmigrantes para comercio sexual.
 
Por otro lado, sancionar al cliente no es una medida innovadora. Las últimas tendencias en política criminal consideran al consumidor de una sustancia cuyo tráfico está prohibido, o al cliente de un servicio asociado a algún tipo de actividad delictiva, como el último eslabón de la cadena sin cuya participación no existiría ese delito. Es el argumento que utiliza el Código Penal vigente en su artículo 189,2 que castiga con pena de tres meses a un año de prisión o multa de seis meses a dos años a quien “para su propio uso posea material pornográfico en cuya elaboración se hubieran utilizado menores de edad o incapaces”. En aras de la protección de menores o incapaces, que merecen una especial protección, se castiga también a los consumidores de ese material.
 
Así pues, para proteger a las mujeres que se prostituyen, a menudo contra su voluntad, ¿por qué no castigar a los clientes?
 
Son nuevos tiempos, un nuevo siglo, y se precisan nuevas respuestas ante viejos problemas, como el de la prostitución. ¿Por qué no afrontarlo con valentía, desde una perspectiva básicamente femenina, y aportando los recursos necesarios para que esas mujeres puedan ganarse un sueldo lejos de la humillación y del riesgo? No se trata de moral, se trata de valores, imprescindibles para que una sociedad pueda sobrevivir.
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