Los retos de la Autonomía Fiscal

Que los derechos históricos sean en el siglo XXI la única justificación de determinados regímenes tributarios me parece anacrónico, anticuado y simplista

La reciente aprobación del Cupo Vasco ha planteado de nuevo la necesidad de afrontar cuanto antes la reforma de la financiación autonómica. Personalmente creo que la historia es muy importante pero que lo es mucho más nuestro futuro y la necesidad de renovar y modernizar nuestras reglas de convivencia. Desde esta perspectiva, que los derechos históricos sean en el siglo XXI la única justificación de determinados regímenes tributarios me parece anacrónico, anticuado y simplista. Y no me refiero solo al Cupo Vasco, sino también al Convenio Económico de Navarra, del que muy poco se habla. Hay pues que superar el pasado y construir el futuro tomando como referencia nuestra actual realidad política, cultural, lingüística, económica y social.

La autonomía exige, por definición, la propia gestión de su financiación. En este sentido, un régimen de transferencias no es la expresión adecuada a nuestra realidad autonómica. Es pues necesario que el corolario a las políticas propias de gasto sea la correlativa existencia de políticas propias de ingresos.

Sin embargo, también es cierto que el desarrollo de políticas propias de ingreso exige una mínima y necesaria estructura común para todo el Estado. Desde esta perspectiva, parece razonable un régimen de financiación autonómica con plena capacidad normativa por parte de las CCAA para diseñar y desarrollar modelos fiscales propios sujetos a una estructura mínima y común para todo el Estado. En definitiva, algo muy similar a lo que ocurre con la fiscalidad local y con la normativa sustantiva del País Vasco y Navarra con relación a la de territorio común.

Por su parte, es necesario que las CCAA asuman la recaudación derivada de su sistema tributario, en concreto, de su tramo autonómico, evitando así el victimismo de las transferencias y permitiendo que el ciudadano distinga entre presión fiscal estatal, local y autonómica. Pero hay que dar un paso más. Hay que reconocer la plena gestión de su sistema tributario a aquellas CCAA que cumplan determinados requisitos objetivos, por ejemplo, plena  asunción de competencias, estabilidad presupuestaria y eficiencia en el gasto.

Modernizar el sistema de financiación exige también que este sea uniforme en su aplicación territorial; es decir, que no existan privilegios sino dos regímenes de financiación objetivos; propuesta que exige superar el régimen de Concierto Vasco y de Convenio Económico Navarro y definir los requisitos para acceder a ese régimen de plena de gestión; régimen que se ha de completar con un sistema de “cuotas” cuya finalidad sea la de contribuir a la financiación del Estado y a reducir las desigualdades entre las CCAA.

En definitiva, es necesario afrontar con valentía el reto de modernizar el Estado Autonómico y consensuar un proyecto común y conjunto con el que todos nos identifiquemos: autonomía fiscal o, mejor, federalismo fiscal.

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