El sistema de ayudas perjudica a 70.000 alumnos por curso, según los rectores

La Conferencia de Rectores de las Universidad Españolas en su informe ‘La universidad española en cifras 2015-2016’ apoya su denuncia sobre la política de becas actual con datos

Duro varapalo de los rectores de las universidades españolas a la política que puso en marcha José Ignacio Wert siendo ministro. Esta vez las críticas no son por la reforma educativa –que ahora vuelve a debatirse en el Congreso–, sino por un sistema de becas que, dicen, ha servido para precarizar todavía más la situación de los alumnos más vulnerables y para que las familias soporten un mayor coste frente a un Estado que aporta menos. España se ha convertido en el cuarto país con los precios públicos más elevados de la Unión Europea.

Así lo ha puesto de manifiesto la Conferencia de Rectores de las Universidad Españolas (CRUE) en su informe La universidad española en cifras 2015-2016”, que apoya su denuncia sobre la política de becas actual con datos: más de 70.000 alumnos de enseñanzas de grado por curso académico han visto alteradas sus expectativas de acceso a las ayudas. Los rectores han resaltado la “brusca caída en la capacidad económica de los beneficiarios” de las becas. En el último trienio, los alumnos han visto cómo sus dotaciones se reducían hasta valores de 2006/2007, pues la financiación media de los becarios ha pasado de los 3.256 euros del curso 2012/2013 a los 2.649 euros en el 2015/2016 (unos 600 euros menos); y la dotación de los becarios desde 2011 hasta 2015 ha bajado un 24,21%. Para los becarios de menor capacidad económica, la reforma de Wert ha reducido a menos de la mitad el importe de la ayuda concedida. Por el contrario, las familias asumen un mayor esfuerzo para pagar la universidad, sobre todo en determinadas comunidades, mientras que el Estado se ahorra unos 70 millones anuales en el capítulo de ayudas a la universidad.

La cuantía de las becas cayó un 24%

Ante esta situación, los rectores piden que se reforme el sistema de becas, que se revisen las condiciones impuestas para solicitar la ayuda y que se eleve al alza las cuantías económicas, en este momento similares a las de hace diez años, cuando España vivía un periodo de vacas gordas y con unos precios públicos universitarios claramente inferiores a los actuales.

El capítulo Precios y ayudas al estudio universitario del citado informe no deja margen a la duda: la reforma realizada en materia de ayuda universitaria aumenta la desigualdad y echa por tierra el dogma de igualdad de oportunidades, pese al incremento de becarios (del 18% al 21%). Según este trabajo, en el curso 2016/2017, España continuaba manteniendo uno de los niveles de precios públicos universitarios más elevados de la Unión Europea, que sigue la filosofía de tasas de matrícula muy bajas o gratuitas. Sólo Irlanda, el Reino Unido, Holanda e Italia tienen los precios públicos del grado más elevados que España.

La CRUE señala que en el curso académico 2016/2017, los precios de las enseñanzas de grado han permanecido prácticamente inalterables en la práctica totalidad de las comunidades, aunque las dos de precios más elevados han registrados notables descensos: Catalunya (25%) y Madrid (5%). Los precios de los másters habilitantes han registrado también descensos en Castilla-La Mancha (43%) y Madrid (10%). Entre los cursos 2008/2009 y 2016/2017, todas las comunidades han incrementado sus precios: Galicia con la menor intensidad, 5,1%, y Valencia y Catalunya, un 94%.

La CRUE ve más desigualdad y menos igualdad de oportunidades

En cuanto al esfuerzo que supone para las familias el pago de los precios públicos universitarios sobre la capacidad de renta en cada comunidad, se observan esfuerzos que no guardan proporcionalidad con los niveles de renta per cápita. Así, Castilla-La Mancha encabeza el nivel de esfuerzo con un 6,23% sobre su renta per cápita, y en el extremo opuesto Galicia sólo requiere un esfuerzo del 2,75%. “La equidad que debe darse en el acceso a un servicio educativo público y financiado mayoritariamente con recursos fiscales demanda de actuaciones que corrijan estas diferencias, que ponen en cuestión el principio de igualdad de oportunidades”, señala el informe de la CRUE.

En referencia a las universidades públicas presenciales, las modificaciones introducidas en el ámbito académico han supuesto “un estrechamiento del universo potencial de alumnos universitarios” que pueden acceder a las becas. “En los años de aplicación de los nuevos criterios académicos, más de 70.000 alumnos de enseñanzas de grado por curso académico han visto alteradas sus expectativas de acceso a las ayudas”.

La estrechez del nuevo modelo para el acceso a beca ha supuesto una “exclusión discrecional de colectivos” que, pudiendo matricularse en estudios universitarios, sin embargo ven que se les niega total o parcialmente la posibilidad de solicitar ayudas económicas, al necesitar una nota determinada, señalan los rectores. “Esta modificación de índole académica está favoreciendo la precarización del estatus de becario, que, ante la insuficiencia económica, tiene que acudir necesariamente a llevar a cabo actividades laborales esporádicas que limitan su tiempo para el estudio y que probablemente tengan consecuencias en sus resultados académicos y en las posibilidades de renovación de su condición de becario, que, en última instancia, puede determinar su continuidad en los estudios universitarios”, indica el informe.

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