Solidaridad territorial en España, otra lectura desde una perspectiva cristiana

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Una de las cuestiones más controvertidas es la de la solidaridad territorial, es decir, lo que aportan las comunidades de mayor renta a las de menos ingresos. Este es un principio constitucional, pero lo que cuenta es como se aplica, y hay que decir que la forma de llevarlo a cabo es un desastre, que no ayuda nada a la convivencia, ni a medir la eficiencia de las instituciones de las autonomías que son receptoras netas cuando la aportación que reciben posee significación económica.

La reflexión exige clarificar los conceptos, empezando por la misma solidaridad, que es un sentimiento de unidad que surge de una comunidad de intereses -materiales, morales o espirituales. Significa aportar algo, ayudar sin esperar nada a cambio, procurando un bien. Si nos atenemos a la doctrina social de la Iglesia, aquella condición solidaria enlaza con el bien común y el destino universal de los bienes. Si reflexionamos atentamente sobre esta definición veremos cuan poco cumplen con esta condiciones la forma como está planteada la solidaridad territorial. Más, cuando en nuestro caso, obedece a un imperativo legal que exige necesariamente que se cumpla con condiciones de equidad, porque sin ella la solidaridad se transforma en arbitraria. Equidad significa que exista una adecuación de lo que se da o recibe en las propias condiciones, y nunca consiste en favorecer en el trato a una parte, perjudicando a la otra.

Para que nos aproximemos a este conjunto necesario de requerimientos debe dejarse sentada cuál es la finalidad de la solidaridad interregional, que no puede ser vista como una especie de subsidio hacia unos territorios, sino de recursos que se aplican para conseguir una mejor (1) convergencia entre las rentas per cápita entre territorios y ( 2) condición inexorable para que se dé justicia social, una reducción de la desigualdad entre personas en el seno de las comunidades que reciben, y al mismo tiempo que no se produzca un aumento en las que aportan. Las razones son obvias. Si durante décadas y décadas se da un flujo económico importante hacia determinadas autonomías, y a pesar de ello su convergencia es nula o escasa, significa que la aplicación de los recursos aportados, que además no han sido generados por ellos, tiene un uso ineficiente. Es lo que viene sucediendo por ejemplo en Andalucía y Extremadura. Esta situación tiene además efectos perversos, porque al ser dinero público puede dar pie a políticas clientelares en lugar de acciones de desarrollo y puede desincentivar la iniciativa. En este sentido, un balance de lo recibido por las comunidades beneficiarias a lo largo de estas dos últimas décadas y la medida de cómo ha evolucionado su convergencia, es una necesidad que en España nadie parece interesado en emprender. Los resultados de este tipo de “solidaridad” creadora de incentivos perversos daña al conjunto de los españoles, porque distrae recursos de asignaciones de mejor eficiencia económica y social, sin generar beneficios de esta naturaleza en los territorios beneficiados. Y esto nos conduce a la segunda cuestión. La convergencia interterritorial cuando se da, no es suficiente si al mismo tiempo no se produce una reducción de las diferencias de ingresos en el seno de cada comunidad. Y esto también debe ser medido, porque existen evidencias aisladas que tal nivelación no se da.  Cuando es así, lo que sucede es que el flujo que procede de las comunidades más desarrolladas aportado por todas las personas que pagan el IRPF (además de las otras figuras fiscales) puede estar favoreciendo en las comunidades que lo reciben a segmentos sociales de ingresos, en términos de igual poder adquisitivo, superiores a los dadores. Sería el absurdo en la que el “pobre” es solidario con el “rico” para decirlo a la pata la llana.

En términos globales la solidaridad no puede significar que las comunidades donantes acaben recibiendo por persona un flujo de gasto público menor que el de las receptoras, como ahora sucede en España, porque incumple con principios básicos de la equidad.

La revisión del sistema de financiación autonómico debe comportar dotarlo de transparencia y claridad. Los ciudadanos tienen derecho a saber lo que aportan y por qué concepto, y esto significa dejar claro qué es lo que libra una autonomía a la solidaridad y qué es lo que recibe otra. Es decir, ha de existir un flujo de financiación claramente separado del general. Este segundo, a su vez, ha de cumplir con los requisitos indicados, ha de servir para el desarrollo, ha de favorecer la iniciativa y autonomía de las personas, y reducir la desigualdad económica. España no puede seguir instalada en la ineficiencia y en una situación enmascarada de injusticia.

Injusticia que empieza con la situación del País Vasco, que a pesar de encabezar los territorios de mayor renta por habitante, recibe un flujo neto que equivale al 5,30% de su PIB, siempre según datos del Ministerio de Hacienda. En otros términos cada vasco recibe 1547 euros al año como “solidaridad” del resto de los españoles. Es radicalmente injusto.

En la cola de las comunidades por su renta per cápita, Extremadura recibe casi el 17% de su PIB en términos de saldo, equivalente a 2.576 euros por persona.  Una familia de tres miembros percibe 644 euros al mes. Una magnitud de este tipo no puede mantenerse indefinidamente y sin ningún tipo de exigencia, de lo contrario es un subsidio que desincentiva, sobre todo si se advierte la proporción tan anormalmente alta de funcionarios que habitan en esta comunidad. El gobierno no produce desarrollo, sino funcionarios.

Andalucía percibe unas cifras importantes, cerca de 1000 euros por persona, pero como es la primera autonomía en población y la tercera en peso económico, la aportación que recibe equivale al 5,54% de su PIB –prácticamente igual a la del País Vasco- significa nada menos que 7.689 millones de euros, un enorme montón de dinero al que debe añadirse, para observar la eficiencia de sus instituciones, la también considerable cuantía de fondos europeos. El sistema actual es tan absurdo que Valencia es un aportador neto junto con Cataluña y Madrid, aunque a distancia de ellas. Mientras que Aragón es, modestamente eso sí, un receptor a pesar de que su renta por persona es mayor

España necesita cohesión social, equidad, pero sobre todo lo que necesita es una inyección en vena de eficiencia y racionalidad. Y eso también es cristiano, porque significa no malgastar lo que el hombre produce con el sudor de su frente.

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