Objetan algunos que la escuela privada ofrece una concepción parcial de la cultura, ya que esta es impartida según las características del centro. Esta afirmación es incorrecta, ya que olvida que en la sociedad existe también un pluralismo cultural. Si por parciales hay que suprimir las escuelas privadas, ¿por qué los partidos políticos, que como su propio nombre indica no son la totalidad, deberían subsistir? La escuela única solo pueden proponerla quienes tengan vocación de partido único. No hay que olvidar tampoco que lo social no coincide con lo estatal, ni siquiera a nivel descentralizado. La estructura política y administrativa de cualquier Estado es siempre, lógicamente, mucho más raquítica que la vida social. Querer identificarlo supone siempre empobrecer a la sociedad.
Para otros, en cambio —aunque generalmente son los mismos—, la enseñanza privada carece ya de sentido, porque vivimos en una época en la que el Estado puede hacerse cargo de la totalidad de la educación. La función de aquella habría sido de mera suplencia provisional. Como puede observarse, se trata de una inversión del principio de subsidiariedad, que consiste precisamente en lo contrario: la primacía de las personas y la suplencia por parte del Estado en lo que aquellas no alcancen a realizar y mientras no se hallen de nuevo en condiciones de realizarlo.
No son pocos los que insisten en el viejo tópico del dinero público a las escuelas públicas. Aquí se confunde de nuevo lo público con lo estatal. Si por público se entiende aquello a donde pueden ir las personas que lo deseen, no cabe duda de que hay mucho público que va a las escuelas que no son estatales, y que cumplen una función pública. El dinero no es algo público; sale del bolsillo de los particulares. Hay partidos —y también gobiernos— que parecen olvidar que no son propietarios, sino meros administradores de los dineros de los demás.
No faltan quienes en materia educativa reducen todo al principio de la igualdad de oportunidades, es decir, a algo que esencialmente nadie niega en el momento presente. Pero una cosa es la igualdad de oportunidades y otra la tesis de que el Estado tiene el monopolio del derecho a la educación. Tal monopolio no se justifica por la mencionada igualdad. Porque la obligación de hacer posible que todos los ciudadanos se eduquen —una obligación del Estado, sin duda alguna— no autoriza a afirmar que todos los centros educativos hayan de ser estatales. Para resolver los problemas económicos implícitos en el derecho de todos los ciudadanos a ser educados, no hace ninguna falta que sean instituciones estatales los centros de educación.
