Una compasión a la altura del hombre

Tengo interés en un proyecto que ha quedado “congelado” en el Parlamento y que volverá a rodar en los próximos meses: el proyecto de ley sobre eutanasia

Los recientes cambios en el Gobierno han provocado un aluvión de titulares sobre las cosas que van a cambiar a partir de ahora. Yo tengo interés  en centrarme en un proyecto que ha quedado “congelado” en el Parlamento y que volverá a rodar en los próximos meses: el proyecto de ley sobre eutanasia, del que se han presentado ya diferentes versiones.

Una mirada atenta a la historia reciente -y no tan reciente- muestra cómo el comienzo y el final de la vida entran en crisis de forma sincronizada, a consecuencia de los intentos de intervención y enseñoramiento, y que la vida discapacitada es puesta en cuestión justo a continuación. Pero no deja de ser revelador que sólo se hable de “muerte digna” para quienes se encuentran al final de la vida. Se diría que al comenzar nuestra andadura no tenemos dignidad alguna. O que en el aborto siempre se muere -y se mata- “dignamente”.

En los medios de comunicación el debate sobre la eutanasia se produce siempre en el contexto de la asistencia médica. Sin duda, su objeto es mitigar la indignación ética que produce espontáneamente la idea de procurar la muerte de una persona, “lavándola” con la imagen social del médico, vinculada a procurar el bien del enfermo. Para hacerlo más evidente, pongamos este caso: en la quinta planta de un hospital yace un paciente con un infausto diagnóstico que quiere quitarse la vida saltando por el balcón, pero ya no puede encaramarse a la barandilla por sus propias fuerzas y pide a su médico que le ayude. ¿Es lícito que éste lo suba a la barandilla para que el suicida se deje luego caer?, ¿no hace con ello dejación de su deber?

Pero la consecuencia final de esa vinculación del médico con la eutanasia puede no ser la deseada construcción de una buena imagen de la eutanasia, la consecuencia puede ser la destrucción de la buena imagen del médico. Es lo que sugiere la experiencia de Bélgica y de los Países Bajos: han recorrido ya toda la pendiente resbaladiza que va desde la eutanasia voluntaria para casos de dolor invencible y enfermedad incurable, pasando por la eutanasia no voluntaria de aquellos enfermos inconscientes de los que “se supone” que pedirían la muerte si pudieran, hasta la eutanasia involuntaria, de pacientes conscientes y capaces, que ni la piden ni se les consulta –la misma eutanasia que ya aplicaron los nacionalsocialistas alemanes en los años 40- y el resultado ha sido la quiebra de la necesaria confianza en el médico: las “eutanasias involuntarias” se han multiplicado por seis en Bélgica entre 2005 y 2014; en Holanda, en el mismo período, se han multiplicado por cuatro y suponen ya el 4% de todas las muertes. Las “no solicitadas”, insisto. En consecuencia, los enfermos graves que se lo pueden permitir cruzan la frontera para buscar asistencia sanitaria en otros países.

Pero, ¿qué pensar de la “eutanasia voluntaria”? Es necesario preguntarse si ese deseo de morir no es indicio, precisamente, de falta de libertad. ¿No es precisamente la aparición de ese deseo el síntoma, por ejemplo, de una depresión? A la naturaleza de esa enfermedad pertenece el querer quitarse la vida. Una persona en tales circunstancias posiblemente satisfará todas las condiciones restrictivas para tener derecho a la eutanasia activa: la persistencia del deseo de morir, la capacidad de consentimiento, la competencia de juicio, la consulta médica, etc. Sólo que su deseo de morir no es voluntario. Lo que necesita una persona que en esta situación solicita ayuda no es asistencia para el suicidio sino asistencia médica.

En cuanto a la “eutanasia no voluntaria” y la “involuntaria”, se confunden con la voluntaria desde el mismo momento en que se acepta la eutanasia voluntaria como una buena acción, puesto que una buena acción no debería negarse a quien no puede solicitarla. Y entonces los fondos públicos para ofrecer cuidados intensivos y paliativos a quienes se encuentra en tal situación vital corren peligro de ser recortados, pues es mucho más barato recurrir a la eutanasia que instalar en los hospitales unos costosos servicios para el acompañamiento hasta el final de estos pacientes. Es decir, lo determinante para la implantación de la eutanasia activa, tanto voluntaria como no voluntaria e involuntaria, no son ya criterios éticos, ni siquiera médicos, sino económicos y empresariales.

Según datos de los médicos que se dedican a ella, la medicina paliativa moderna está en condiciones de aliviar el dolor al 99% de los pacientes, y posibilitar una vida digna sin sufrimiento, consciente y autodeterminada. Los pacientes bien atendidos con la medicina paliativa casi nunca manifiestan el deseo de acortar su vida. Recordemos que cuando en 1998 Ramón Sampedro se convirtió en bandera del “derecho a morir”, las Asociaciones de Lesionados Medulares y Grandes Inválidos se apresuraron a declarar que la gran mayoría de los discapacitados no sólo no compartían las convicciones de Sampedro, sino que mostraban una actitud radicalmente contraria.

Pero, dándole la espalda a esta realidad “incómoda”, la insistencia mediática en la agonía dolorosa incrementa el miedo a la muerte y prepara el terreno para la implantación final de un modelo de sociedad que apoyándose sólo en el sentimiento eleva la irreflexión ética a la categoría de argumento. Hay que subrayar que quien abre el derecho positivo a la legalización del homicidio asistido lo deja reducido a un simple acuerdo, modificable a discreción, para eliminar problemas, olvidando que el derecho extrae su legitimación última de un discurso ético fundamental.

Habría que preguntarse por qué se piensa siempre de inmediato en los médicos cuando se habla de ayuda para el suicidio,  por qué no se pide ayuda al bioquímico o al farmacéutico, que podrían disponer de más información sobre sustancias letales, por qué no se pide la ayuda del veterinario, que sin duda tendrá más experiencia en la administración de inyecciones letales. La eutanasia es una deslealtad, una traición a la Medicina, de cuyas actividades no forma parte matar ni ayudar al suicidio, sino curar enfermedades, controlar síntomas, mitigar dolores, activar energías de autocuración, etc. El acto médico es la medicina paliativa, que utiliza las posibilidades de las que dispone en interés del paciente, que le posibilita la vida hasta el final en autodeterminación y dignidad; no es una ayuda para morir sino en el morir. Y ayuda a los moribundos a vivir con dignidad la fase final de su vida. La eutanasia con asistencia médica, por el contrario, no es ayudar a los moribundos para que vivan con dignidad esa fase final, sino, simple y llanamente, empujar a los vivos a la muerte.

Se sugiere que en determinadas condiciones de salud o de discapacidad no se puede exigir que se siga soportando una vida semejante. Habría que preguntar quién no pueden seguir exigiendo a quién, qué es exactamente lo que no se puede seguir exigiendo, y qué consecuencias tiene esa inadmisibilidad, y para quién en concreto.

– ¿No se le puede seguir exigiendo al discapacitado o a la persona que parece grave sufrimientos que viva su propia vida, y por eso nos hacemos cargo de ella anticipadamente de un modo tutelador, patriarcal?

– ¿No se le puede seguir exigiendo a la sociedad que ayude a quienes sufren de ese modo, porque ello comprometería una parte importante de los recursos económicos de los que dispone para la atención sanitaria, y por eso se les quita la vida?

– ¿O es a la familia cuidadora a la que no se le puede seguir exigiendo que haga frente a ese sufrimiento? Dicho de otro modo, ¿es a los sanos a los que no se puede seguir exigiendo que carguen con los enfermos o discapacitados? Pero entonces, ¿no habría que remediar primero, mediante ayudas, la situación de los cuidadores, en vez de eliminar a aquellos a los que hay que cuidar?

– ¿O es el enfermo quien llega a creer que no debe seguir exigiendo a los demás que se ocupen de él, y ponga fin a su vida por compasión hacia sus familiares? Por desgracia, una y otra vez ocurre que el paciente, con fundamento o sin él, se siente empujado a no ser una carga para sus familiares, y opta por el testamento vital menos orientado a mantener la vida. Si se legaliza la eutanasia posiblemente se sentirá empujado a solicitar ayuda para el suicidio. Por desgracia en algunas personas mayores también desempeña un papel la idea de que no deben gastar o “derrochar” la herencia inicialmente destinada a los suyos en unos cuidados prolongados y costosos. Frente a todas estas tendencias debe ser o hacerse posible transmitir de palabra y con hechos al enfermo y al moribundo el mensaje de que es querido, y que se desean su presencia y su compañía hasta el último día.

No, el argumento de la compasión no es sacrosanto ni está a salvo de toda sospecha. Debe ser examinado críticamente y enérgicamente. Quizá incluso hasta vigilado con recelo: no se le puede conceder el marchamo de “calidad humanitaria” sin superar antes un examen riguroso.

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