Uno de cada cinco euros es demasiado

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Todos los medios de comunicación se han hecho eco del estudio elaborado por Visa sobre la economía sumergida en Europa. En España el volumen calculado se sitúa cerca del 20%, para ser exactos el 18,6%. Es una cifra extraordinariamente alta y no sirve de consuelo que otros países como Grecia o Italia presenten aún resultados peores. La comparación con Francia sí debería orientarnos porque allí la economía sumergida significa solo el 10%. Tenemos ante los ojos un problema y una oportunidad. El problema es evidente: toda esta cantidad de dinero impide una razonable financiación del Estado, acentúa los profundos desequilibrios que padecemos y estimula la política de recortes.

Es cierto, y lo he dicho en otras ocasiones, que esta política está equivocada en el sentido de que se procede por la vía más fácil y brutal, la de recortar prestaciones finales en lugar de haber encarado una reforma administrativa que permitiera ahorros en todos los procedimientos intermedios de manera que afectaran en la menor medida posible al producto final, es decir al servicio que se presta o a la inversión que se hace. Por lo tanto, obtener una mejor financiación del Estado no debería ser un elemento que sirviera de coartada para renunciar a esta gran tarea pendiente de la reforma administrativa. Nuestro objetivo debería ser acercarnos al máximo posible a la realidad francesa, y para ello nada mejor que observar cuáles son sus mecanismos y también la parte del sistema de valores y virtudes de aquella sociedad que permite que aquellos mecanismos funcionen sin dar lugar a defraudación. Si consiguiéramos alcanzar el nivel francés esto significaría del orden de casi cien mil millones. Desaparecería todo problema de desequilibrio presupuestario y podríamos recuperar parte del terreno perdido en el sistema público de bienestar.

La conclusión en evidente: es necesario plantearse una reforma fiscal que tenga como objetivo principal, aunque no único, el de impedir esta actividad económica. El Gobierno español ya ha legislado en este sentido pero no es ni mucho menos suficiente. No se entiende muy bien que dado que nuestros problemas fundamentales son por un lado de conflicto social por los recortes y por otro de déficit y endeudamiento, que no constituya una urgencia absoluta y total la consecución del objetivo de reducir a la mitad, en una serie de años, el fraude fiscal, la llamada economía sumergida.

Si España tuviera un plan estratégico sensato, la reducción del paro y el aumento de la recaudación de la economía sumergida serían los dos objetivos fundamentales. El que esto no sea así obliga a una reflexión sobre cuál es la ideología que guía la consecución de aquello que es mejor para el país, porque según cuales sean los presupuestos ideológicos se señalará uno u otro objetivo. Y estos dos, creación de empleo y reducción de la economía sumergida, si bien sería demagógico afirmar que han quedado olvidados, sí es evidente que no ocupan un papel de primera fila en las tareas del Gobierno.

Josep Miró i Ardèvol, presidente de E-Cristians y miembro del Consejo Pontificio para los Laicos

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