València multará las terapias de reorientación sexual

Se trata de la ley valenciana para la igualdad LGTBI, todavía anteproyecto de ley, que previsiblemente irá al pleno del ejecutivo valenciano en marzo

El Gobierno valenciano impulsa una ley que penará con multas de hasta 45.000 euros el uso de métodos, programas o terapias destinadas a reorientar la orientación sexual, identidad o expresión de género sentida en la Comunitat Valenciana. Es decir, se sancionará a quienes intenten “inhibir” la orientación sexual de las personas. Se trata de la ley valenciana para la igualdad LGTBI, todavía anteproyecto de ley, que previsiblemente irá al pleno del ejecutivo valenciano en marzo y posteriormente se votará en las Cortes Valencianas con el apoyo del PSPV, Compromís, Podemos y posiblemente Ciudadanos.

El texto contempla la prohibición explícita de los métodos destinados a cambiar la orientación o identidad sexual sentida que “han generado traumas” y que suponen una “infracción muy grave”, según denunció el secretario autonómico de Inclusión, Alberto Ibáñez. Hasta ahora, se daba libertad a los facultativos, algo “impensable en otros casos”, señaló Ibáñez, quien añadió que son tratamientos “fuera de la ley, inconstitucionales y contra el Estatut de Autonomia”. Las terapias que, sin embargo, no serán prohibidas son aquellas enfocadas a personas que quieran dar el paso de ser heterosexuales a homosexuales.

Además, en materia de sanidad la ley garantiza el acceso a las técnicas de reproducción asistida en la sanidad pública a todas las personas con capacidad gestante o sus parejas “en condiciones de igualdad”. También existirán unidades de referencia que atiendan de manera específica a las personas con variaciones denominadas por la ideología de género “intersexuales”, que contarán con un itinerario individual de atención sanitaria integral.

En el ámbito educativo, los protocolos de prevención e intervención ante casos de acoso o violencia tendrán cuestiones específicas cuando sean por causa de LGTBIfobia. También se incorpora un amplio abanico de conceptos de la ideología de género como “diversidad sexual”, también en el ámbito familiar, de género y del desarrollo sexual en la normativa reguladora del sistema educativo. De esta manera, la ideología de género que participa de las ideas del homosexualismo político se hacen presente en las aulas de forma obligatoria al margen del sentir de los padres.

En el ámbito familiar, se desarrollarán medidas de promoción específicas a niñas, niños, adolescentes y jóvenes LGTBI y se considerará violencia familiar la que sufran por el hecho de serlo. La ley dotará de grupos especializados en prevención de los delitos de odio en las policías locales de los municipios con más de 100.000 habitantes y se establecen sanciones ante el incumplimiento de la ley por vulneración de los derechos de las personas LGTBI. “En el caso de existir indicios razonablemente fundamentados de hechos discriminatorios se establece la inversión de la carga de la prueba”, expone el anteproyecto de ley diseñado por el departamento de la vicepresidenta, Mónica Oltra.

El interrogante que dejaría esta iniciativa legal es ¿por qué en lugar de hacer una Ley de no discriminación hacia los homosexuales no se hace una ley de antidiscriminación general que incluya a todos los colectivos en riesgo como son los niños, los ancianos, los gitanos, los pobres, los inmigrantes y tantos otros? ¿Por qué prestar especial atención a un grupo por encima de todos los demás?

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