Se puede ser favorable o contrario a una ley por la naturaleza de lo que regula, pero incluso los que son partidarios de aquello que establece, deben exigir que afirme los derechos constitucionales, o los desarrolle, y sea acorde con el Estado de derecho. No es el caso de la norma que ha entrado recientemente en vigor, la LORE, Ley Org\u00e1nica de Regulaci\u00f3n de la Eutanasia 3\/2021 de 24 marzo, prodiga en art\u00edculos inconstitucionales.<\/p>\n
Dicha ley modifica el C\u00f3digo Penal en su art. 143, apartados 4 y 5, y esto se\u00f1ala la naturaleza de la nueva legislaci\u00f3n: se trata de una\u00a0despenalizaci\u00f3n del homicidio<\/strong>\u00a0en determinadas circunstancias. Por consiguiente, la eutanasia entra en colisi\u00f3n con el derecho a la vida, que es un derecho primigenio.<\/p>\n Ha sido tramitada como\u00a0proposici\u00f3n de ley<\/strong>, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, a pesar de que en realidad es una iniciativa del gobierno. Por esta v\u00eda formal, y realmente fraudulenta, no ha sido necesario consultar para su aprobaci\u00f3n a la\u00a0Comisi\u00f3n Permanente del Consejo de Estado<\/strong>, cosa que s\u00ed habr\u00eda sucedido si se hubiera tratado de un proyecto de ley como realmente era lo procedente. Tampoco han sido consultados los organismos m\u00e9dicos y comit\u00e9s de bio\u00e9tica. A pesar de tratarse de una ley doblemente importante, por ser de rango org\u00e1nico, y porque trata de la despenalizaci\u00f3n de unos tipos de homicidio, se ha aprobado sin\u00a0ning\u00fan informe de un \u00f3rgano independiente\u00a0<\/strong>que la haya valorado.<\/p>\n La ley es enga\u00f1osa y\u00a0vulnera el principio de seguridad jur\u00eddica\u00a0<\/strong>que establece la Constituci\u00f3n Espa\u00f1ola (art. 9.3), porque si bien se presenta como un texto que regula la eutanasia, su art\u00edculo 3.g.2.\u00ba la extiende al suicidio, a pesar de que este concepto no aparece ni una sola vez en el texto:\u00a0\u201cLa prescripci\u00f3n o suministro al paciente por parte del profesional sanitario de una sustancia, de manera que esta se la pueda auto administrar, para causar su propia muerte\u201d<\/em>. El gobierno ha legalizado la asistencia al suicidio por la puerta de atr\u00e1s, sin decirlo, a pesar de todo lo que esta plaga creciente significa en nuestra sociedad. Se produce una clara confusi\u00f3n normativa entre lo que la ley anuncia que regula, y lo que realmente establece, y esto es inconstitucional.<\/p>\n La ley define un supuesto derecho a morir, pero tal cosa no existe en nuestra legislaci\u00f3n, ni est\u00e1 amparado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sentencia Pretty c. Reino Unido). En realidad, la Constituci\u00f3n establece lo opuesto, el derecho a vivir en su art. 15, y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (53\/1985, de 11 de abril, FJ 1.\u00ba) lo confirma. Como as\u00ed mismo lo hace el art. 2 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Uni\u00f3n Europea, el Convenio Europeo de Derechos Humanos en su art. 3 y la Declaraci\u00f3n Universal de los Derechos Humanos tambi\u00e9n en el art. 3, as\u00ed como el art. 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos. De ah\u00ed que tan pocos pa\u00edses de la UE hayan legislado en este sentido. Solo los Pa\u00edses Bajos, B\u00e9lgica y Luxemburgo para la eutanasia, y Alemania por lo que se refiera al suicidio asistido.<\/p>\n El art\u00edculo 3.b) se refiere al\u00a0\u201csufrimiento f\u00edsico o ps\u00edquico constante e intolerable\u201d<\/em>. Pero esto es un criterio subjetivo, depende de cada persona y de sus condiciones de vida. Para nada es un criterio m\u00e9dico, contrariando as\u00ed al principio de seguridad jur\u00eddica (art. 9.3 CE).<\/p>\n Muy grave resulta, trat\u00e1ndose de la vida de las personas, que la ley carezca de los controles necesarios y de tutela de los derechos fundamentales, y de protecci\u00f3n de los m\u00e1s indefensos. Estas tutelas solo pueden ofrecerlas, seg\u00fan la cuesti\u00f3n a la que afecten, el juez, la fiscal\u00eda y el notario<\/strong>\u00a0u otro fedatario p\u00fablico. El resultado de estas carencias, es un artefacto legal peligroso, sobre todo para los m\u00e1s d\u00e9biles.<\/p>\n El peligro se acent\u00faa con la definici\u00f3n sobre lo que es una \u201cSituaci\u00f3n de incapacidad de hecho<\/em>\u201d (art. 3.h), puesto que comete la arbitrariedad de dejar en manos de la administraci\u00f3n la declaraci\u00f3n de incapacidad de una persona, lo que vulnera el art. 24.1 de la CE, relativo a la tutela judicial efectiva. Solo el\u00a0juez predeterminado por la ley\u00a0<\/strong>puede hacerlo.<\/strong><\/p>\n La ley ofrece claras posibilidades de que se aplique la eutanasia a una persona en contra de su voluntad, y tal y como est\u00e1 redactado el art. 5, que establece los \u201cRequisitos para recibir la prestaci\u00f3n de ayuda para morir\u201d<\/em>, facilita el fraude documental.<\/p>\n El art. 7,\u00a0\u201cDenegaci\u00f3n de la prestaci\u00f3n de ayuda para morir\u201d<\/em>, establece unas condiciones tales que desequilibra el procedimiento,\u00a0obstaculizando la denegaci\u00f3n y favoreciendo la ayuda a morir<\/strong>. La ley est\u00e1 pensada para la muerte, y para ello desprotege el derecho a la vida.<\/p>\n En definitiva, se trata de una ley mal hecha y de fuerte contenido ideol\u00f3gico que hace tabla rasa de los derechos con los que colisiona, en lugar de buscar un equilibrio. Su trasfondo es terriblemente peligroso, porque viene a proclamar la\u00a0primac\u00eda de la muerte<\/strong>\u00a0sobre cualquier otra consideraci\u00f3n.<\/p>\n Muy grave es lo que sucede con el art. 9, puesto que de su aplicaci\u00f3n se deduce que: no es obligatorio facilitar al paciente informaci\u00f3n sobre su situaci\u00f3n y las posibles alternativas de cuidados paliativos<\/strong>, ni se requiere que el paciente haya solicitado por escrito en dos ocasiones la aplicaci\u00f3n de la eutanasia, ni resulta imprescindible haber prestado consentimiento informado y libre. En esta misma l\u00ednea el art. 12.a. 4.\u00aa, hace posible que un tercero pueda solicitar la eutanasia en nombre del paciente, aunque este no lo haya dejado por escrito, ni lo haya nombrado representante.<\/p>\n En fin, y para terminar, la Disposici\u00f3n adicional primera\u00a0\u201cSobre la consideraci\u00f3n legal de la muerte\u201d<\/em>\u00a0determina que la misma tendr\u00e1 la consideraci\u00f3n legal de \u201cmuerte natural\u201d<\/strong>. Se trata de una arbitrariedad absoluta. Es obvio que de natural no tiene nada porque es un homicidio, o un suicidio. Lo que se intenta con este calificativo tiene m\u00faltiples efectos, facilita la ocultaci\u00f3n a terceros, permite un falseamiento estad\u00edstico, y sobre todo impide la investigaci\u00f3n judicial de posibles irregularidades y deficiencias en el cumplimiento de la Ley.<\/p>\n Esta disposici\u00f3n final primera vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.<\/p>\n Las fuentes de las referencias que he expuesto son los recursos de inconstitucionalidad presentados o en proceso. No son todas las objeciones constitucionales, pero son suficientes para mostrar que es una ley contraria a derechos b\u00e1sicos de una sociedad democr\u00e1tica.<\/p>\n Que el Tribunal Constitucional lo resuelva o no es otra cosa. Si soporta la verg\u00fcenza de llevar once a\u00f1os con el recurso sobre la ley del aborto congelado, sin duda puede aguantar m\u00e1s verg\u00fcenzas.<\/p>\n Art\u00edculo publicado en La Vanguardia<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Se puede ser favorable o contrario a una ley por la naturaleza de lo que regula, pero incluso los que son partidarios de aquello que establece, deben exigir que afirme los derechos constitucionales, o los desarrolle, y sea acorde con el Estado de derecho. 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