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Expertos defienden la creación de una renta básica universal para reducir las desigualdades sociales en España

Economía

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El informe Reforzar el bienestar social. Del ingreso mínimo a la renta básica, publicado por el Observatorio Social de ”la Caixa”, recoge el análisis de una decena de expertos sobre la situación social en España y sobre la capacidad de las ayudas y subsidios existentes de garantizar unos ingresos mínimos a todos los ciudadanos, con el objetivo de reducir la pobreza y la desigualdad.

El estudio, dirigido por Jordi Sevilla, economista y exministro, concluye que es urgente acometer una reforma en profundidad de nuestro sistema de protección social para adecuarlo a las nuevas necesidades sociales y económicas. En este sentido, el informe recoge una propuesta concreta de renta básica universal que asegure un mínimo nivel de ingresos para satisfacer las necesidades más básicas de todo individuo.

España ha experimentado en el último decenio un importante incremento de los niveles de desigualdad, llegando a ser el país de la Unión Europea (UE) donde esta ha aumentado más. La pobreza infantil y juvenil concentran los datos más preocupantes. España es el tercer país de la UE con mayor ratio de trabajadores pobres (13%), y uno de cada cuatro hogares españoles con menores se encuentra en riesgo de exclusión.

Según datos de la Comisión Europea, España es, junto con Italia, el país donde las transferencias sociales benefician menos a las rentas más bajas, siendo uno de los sistemas fiscales que menos redistribución generan. El decil más pobre de renta recibe solamente el 4% de todas las transferencias monetarias del sector público. Además, según el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), actualmente cuatro de cada diez personas desempleadas han agotado sus prestaciones y subsidios

La propuesta: una renta básica universal

Frente a esta realidad, según los autores del informe, surge la necesidad de acometer una reforma en profundidad de nuestro sistema de protección social, para adecuarlo a las nuevas necesidades sociales y económicas. En este sentido, Jordi Sevilla incluye en el informe una propuesta concreta de un crédito fiscal universal: una renta garantizada que asegure el mínimo nivel de ingresos necesario para satisfacer las necesidades más básicas de todo individuo.

Dicha propuesta parte de reconocer que nuestro sistema ya cuenta con un ingreso mínimo, definido en el mínimo personal y familiar del IRPF, que nos sirve de referencia para establecer la renta mínima garantizada, que se resta a la cuota del impuesto (ingreso por tipo impositivo). La propuesta debe estar acompañada de una aproximación gradual del resto de las prestaciones a este nivel mínimo.

  • Un funcionamiento sencillo y transparente

El funcionamiento de la propuesta es sencillo: todos los ciudadanos tendrían la obligación de presentar su declaración de la renta y, si estuvieran por debajo del mínimo vital, el Estado les devolvería la diferencia; en caso contrario, deberían pagar.

Los pasos que deberían seguirse para articular la propuesta son los siguientes:

  • Determinar un nivel mínimo de renta garantizada igual para todos, independientemente de los ingresos. No obstante, se podría ver incrementado en función de las circunstancias familiares.
  • Fijar la tarifa y su escala de gravamen (tipo único o progresivo). Dicha escala se aplicaría sobre la renta de todos los ciudadanos, quienes tendrían la obligación de declarar sus ingresos totales y su situación familiar.
  • Calcular la cuota del impuesto, resultado de multiplicar los ingresos del individuo por el tipo impositivo.
  • Restar la renta mínima garantizada a la cuota. De esta forma, para niveles de ingresos superiores al mínimo fijado, el impuesto sería positivo (pagarían), mientras que para ingresos inferiores sería negativo (recibirían).

Paralelamente, según Jordi Sevilla, la gran cantidad de prestaciones y transferencias sociales del Estado deberían ir asimilándose gradualmente, en un período de tiempo transitorio, al mínimo vital citado, «de modo que acabemos con las grandes diferencias entre ellas y con la falta de lógica que supone tener prestaciones por debajo de un mínimo que se considera de subsistencia». El objetivo sería conseguir una progresiva integración de todas las políticas públicas relacionadas con la renta y la situación familiar de los individuos, simplemente canalizándolas a través de la declaración del impuesto. Un impuesto como derecho de ciudadanía, obligatorio para todo el mundo.

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