8 argumentos de la Junta de Castilla y León para mantener los crucifijos en las escuelas públicas

La Junta de Castilla y León se ha convertido en uno de los grandes referentes a la hora de defender la presencia de los crucifijos en las escue…

La Junta de Castilla y León se ha convertido en uno de los grandes referentes a la hora de defender la presencia de los crucifijos en las escuelas públicas. Esta afirmación se sostiene en el recurso de apelación presentado por la Administración regional, que viene a sumarse así al de E-Cristians.

La asociación E-Cristians incidía, entre otros argumentos, en el valor de la cruz como elemento integrante e integrador de nuestros valores culturales y en el hecho de que otros países vecinos u organizaciones la hayan incorporado, como es el caso de Suiza o la Cruz Roja.


Aunque los argumentos para el mantenimiento de crucifijos tanto por parte de la Junta como de E-Cristians son similares, el Ejecutivo incorpora un factor no contemplado en el recurso de la asociación ya que solicita la suspensión del acto administrativo.

Desde un principio, su postura se ha vinculado a la de defender que se respete la autonomía de los consejos escolares. En este caso, hay que recordar que el Consejo Escolardel colegio Macías Picavea aprobó la continuidad de los crucifijos en las aulas.

Los argumentos defendidos son los que se enuncian a continuación:

Primero. El acuerdo impugnado no afecta y, menos aún, vulnera derechos fundamentales de la Asociación. Falta de motivación de la sentencia en este sentido. Los artículos 14 y 16.1 de la Constitución, que hablan sobre la discriminación por motivos de religión y la libertad religiosa con el mantenimiento del orden público respectivamente, no se vulneran con la decisión del Consejo Escolar.

Segundo. Ausencia de concreción y motivación de vulneración del artículo 14 de la Constitución. La sentencia no dice en ningún momento las razones por las que entiende que no se respeta el principio de igualdad.

Tercero. Falta de lesión por el acto impugnado del derecho fundamental del artículo 16.1 de la Constitución que pueda corresponder y del que pueda ser titular la asociación. El acuerdo impugnado no afecta a los fines de la asociación. Igualmente tampoco hay argumentos sobre una presunta violación de la garantía de libertad ideológica, religiosa y de culto. “La mera presencia de los símbolos religiosos en el Colegio no puede considerarse contraria a los valores humanísticos y universales y a los derechos humanos y democráticos”.

Cuarto. Referencia al derecho fundamental del artículo 16.1 y su titularidad por los escolares o alumnos. La sentencia permite y avala que la Asociación recurrente (Asociación Cultural Escuela Laica de Valladolid) imponga a los escolares del Centro su propia ideología.

Quinto. Competencia del Consejo Escolar. Ejercicio legítimo y adecuado de la misma. Doctrina de esa Sala. La aprobación del proyecto educativo corresponde indefectiblemente al Consejo Escolar.

Sexto. La permanencia de símbolos religiosos no supone vulneración de ningún derecho fundamental. La realidad es que no se ha producido ningún acto de proselitismo y la libertad de creencias viene amparada por su derecho a no creer o a no compartir o a no soportar los actos de proselitismo ajenos.

Séptimo. La presencia de símbolos religiosos cristianos en nuestra sociedad tiene, más allá de su sentido originario, otras connotaciones vinculadas a los valores culturales, históricos y sociales y a las tradiciones del entorno y sustrato social y cultural español. Por ello, es también lógico que se hayan incorporado gran cantidad de símbolos religiosos a la par que hay abundancia de fiestas religiosas.

De hecho, la aconfesionalidad del Estado no supone que se haya de dar la espalda al hecho religioso. Asimismo, el artículo 16.3 de la Constitución establece que “los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española”.

Octavo. Corolario del fondo material. No se pueden mantener que la actividad desarrollada en las aulas se vea afectada por la simbología que se representa dado que no hay ningún tipo de coacción.

Por todo ello, la apelación entiende que el Centro es plenamente respetuoso con la Constitución y que, por tanto, no procede que la sentencia tenga efecto.

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